El valor de las testimoniales en los juicios de lesa humanidad

02/11/2014

Juan Cruz Varela Los juicios por crímenes de la dictadura argentina constituyen una experiencia casi inédita en la idea de investigar y sancionar penalmente hechos cometidos desde el aparato estatal. Y los sobrevivientes son testigos directos respecto de cómo funcionó el sistema represivo, es decir, son la prueba misma de ese plan sistemático de persecución

Juan Cruz Varela

Los juicios por crímenes de la dictadura argentina constituyen una experiencia casi inédita en la idea de investigar y sancionar penalmente hechos cometidos desde el aparato estatal. Y los sobrevivientes son testigos directos respecto de cómo funcionó el sistema represivo, es decir, son la prueba misma de ese plan sistemático de persecución y exterminio.

Por las características de clandestinidad que tenían los crímenes perpetrados por la dictadura y la deliberada destrucción de documentos oficiales, el testimonio de las víctimas es una prueba fundamental en los procesos de justicia, cuando no la única prueba, y ya casi nadie duda de ellas, en primer lugar porque llevan las marcas en sus propios cuerpos, y segundo, porque un hecho que se pretende reparador se tornaría revictimizante.

Sin embargo, el juicio escrito por la denominada megacausa Área Paraná se ha planteado como un escenario para reeditar esa disputa, donde los represores les exigen a sus víctimas que den un testimonio sin fisuras, que sostengan un relato intacto y literal a lo largo de los años, a pesar de que los testimonios traen al presente horrendas situaciones ocurridas hace casi cuarenta años.

Esa pretensión es imposible.

Por el paso del tiempo y las circunstancias en que se toman las declaraciones, es posible que surjan contradicciones.

También porque ha habido variaciones en el formato de los testimonios desde las primeras declaraciones hasta hoy. A lo largo de los años, los relatos se han enriquecido: apenas reinstaurada la democracia, se denunciaban las atrocidades, se pretendía identificar a los responsables y recordar a los desaparecidos. Los juicios actuales, en cambio, se caracterizan por profundizar en las experiencias personales de cada una de las víctimas, ampliando en las formas de tortura.

Sin embargo, hay algo que se mantiene invariable: el relato de los testigos, tan cargado desde lo emocional, contribuye a probar los hechos; y es por eso que los sobrevivientes hacen muchas veces un gran esfuerzo por no perder los detalles de lo que ocurría dentro de los centros clandestinos de detención.

La coherencia del relato

Hace unos días, al ser increpado por uno de los abogados defensores, Juan Domingo Wursten dio una muestra más respecto de cómo el desarrollo de los juicios representa una instancia más en la búsqueda de la verdad.

Wursten aseguró que Hugo Moyano era quien controlaba su estado de salud mientras era sometido a pasajes de corriente eléctrica por su cuerpo. Cuando el defensor intentó desacreditarlo invocando que recién en el año 2009 había formulado denuncia contra el médico, Wursten le respondió que había mencionado el nombre de Moyano ante los tribunales militares y luego públicamente tras su liberación.

En enero de 1984, a poco de haber recuperado la libertad, varios ex detenidos políticos dieron una conferencia de prensa donde denunciaron las violaciones a los derechos humanos, señalaron los centros clandestinos de detención, pidieron investigar las desapariciones, reclamaron justicia para quienes todavía se encontraban detenidos y revelaron los nombres de sus verdugos, algunos de los cuales han fallecido y otros se encuentran sentados en el banquillo de los acusados en el juicio escrito.

“La tortura fue una metodología sistemática que arrancó confesiones falsas”, denunciaron en aquella conferencia de prensa publicó El Diario en su edición del 18 de enero de 1984, es decir, a un mes de asumido el gobierno constitucional.

La nota, titulada “Denunciaron apremios ilegales ex-detenidos”, es reveladora por los detalles que aportan Carlos Isidoro Weinzettel, su esposa Alicia Ferrer, Wursten, Ricardo Godoy, Manuel Ramat, José Mauricio Domínguez, Juan Antonio Torres y Néstor Zapata, quienes acababan de recuperar la libertad gracias a un recurso de habeas corpus presentado por el abogado Eduardo Solari, un dirigente radical muy comprometido con la defensa de los presos políticos incluso durante la represión ilegal.

En la rueda de prensa, los ex detenidos mencionaron a la sede del Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, en calle 25 de Mayo; al Escuadrón de Comunicaciones del Ejército; la Comisaría de El Brete, señalada como la Décima; la “casa del director” y la “unidad familiar”, ambas dentro de la cárcel de varones de Paraná; la casita ubicada en cercanías de la Base Aérea y otra en la zona del Paracao, como sitios donde se torturaba a quienes habían sido secuestrados por grupos de tareas.

A lo largo del juicio, los ex presos políticos han declarado sobre la atrocidad de las torturas, siempre haciendo hincapié en cómo lograban agudizar los sentidos distintos a la vista desde el mismo momento en que eran encapuchados –cuando se producía el secuestro o al llegar a los centros clandestinos– para poder identificar a sus victimarios, además porque el arribo de la patota –al escuchar sus voces, percibir ciertos olores o el ruido de los zapatos– los alertaba sobre el riesgo; y esa relación entre el riesgo y la concreción de la sospecha del dolor inmediato, también quedaba registrada.

Y eso también surge en aquella conferencia de prensa.

Ya en ese momento mencionaban a quienes habían perpetrado los secuestros, torturas y desapariciones forzadas: “La causa por apremios ilegales incluye al teniente coronel Carlos (Horacio) Zapata, que presidiera los consejos de guerra, el comisario inspector de la Policía Federal de apellido Conde (Osvaldo Luis); el mayor del Ejército (Alberto) Rivas; el teniente primero auditor Apiani (léase Jorge Humberto Appiani), el suboficial Obeid (se trata de Oscar Ramón Obaid), el director de la cárcel, mayor Aphelane (es José Anselmo Appelhans); los oficiales de Investigaciones de la Policía provincial Carlos (Patricio) Zapata y (Daniel Manuel) Rodríguez; y el general (Juan Carlos) Ricardo Trimarco, ex comandante de la II Brigada de Caballería Blindada” y sigue: “También se denunció la presencia de médicos como el Dr. Moyano y facultativos del penal que comprobaban el estado en que quedaban después de las sesiones (…) Sostuvieron que monseñor (Adolfo) Tortolo visitó a los presos en la zona de los cuarteles y que luego de su presencia el mayor Aphelane (sic) amenazó a los detenidos con aplicarles la ‘ley de fuga’ si seguían con sus denuncias ante el alto prelado”.

Más adelante, se agrega: “Manifestaron, asimismo, que el traslado desde la cárcel a los centros de tortura estaban a cargo del suboficial (Ramón Oscar) Balcaza”, con la aclaración expresa de “las condiciones infrahumanas de los traslados de una cárcel a otra”, según detallaron los ex presos políticos.

En la conferencia de prensa, los ex presos políticos denunciaron los casos de María de las Mercedes Fleitas, secuestrada en Córdoba; Raúl Caire, asesinado en la Masacre de Margarita Belén; Claudio Fink y Victorio Coco Erbetta, ambos secuestrados en Paraná. Los cuatro fueron vistos en centros clandestinos de detención en la capital entrerriana antes de ser desaparecidos.

“A Erbetta –afirmaron– lo visitó el capellán militar, presbítero (Julio) Metz, debido a que por él se interesó monseñor Tortolo, pero a partir del 23 de agosto de 1976 se prohibió la entrada del sacerdote. Sostuvieron que hubo un simulacro de fuga de Erbetta para justificar su desaparición y que hubo otros casos en que no pudieron identificar a los detenidos desaparecidos porque eran nombrados por seudónimos”, se consignó en la nota periodística.

En la misma línea, los ex presos políticos pidieron por la libertad de Isidoro Baffico, Gustavo Hennekens, Luis y Ramón Mosa, que todavía se encontraban detenidos y serían liberados después de la conferencia de prensa, gracias a un habeas corpus presentado por Eduardo Solari ante el juez federal de Paraná.

Treinta años después de aquella conferencia de prensa, a casi cuarenta años de sucedidos los hechos, los sobrevivientes ya no tienen que demostrar que eso que han venido denunciando efectivamente ocurrió, de lo que se trata ahora es de darle un sentido a los testimonios que hoy reeditan en el juicio, es decir, que además de la producción de verdad y justicia, haya un valor reparador.

Fuente: El Diario.