La hora de la verdad en el juicio escrito por la causa Área Paraná

05/10/2014

Juan Cruz Varela El infierno volverá a ser parte del presente. Pasó el tiempo de los relatos de sobrevivientes desde el exilio, del clamor de las madres, de la impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final, de la puñalada que fue el indulto y de las declaraciones ante oficiales de justicia en


Juan Cruz Varela

El infierno volverá a ser parte del presente. Pasó el tiempo de los relatos de sobrevivientes desde el exilio, del clamor de las madres, de la impunidad de las leyes de obediencia debida y punto final, de la puñalada que fue el indulto y de las declaraciones ante oficiales de justicia en oficinas de espaldas a la sociedad. Pasaron treinta años de engrosar expedientes y once años de espera.

En el banquillo de los acusados estarán menos de la mitad de los principales perpetradores del horror en los mayores centros de interrogatorios y torturas que comandó Juan Carlos Trimarco. No estará Trimarco, muerto impune hace dos años. Pero el lunes será un día histórico, el primer día hacia la justicia por los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos contra 52 víctimas entre 1976 y 1983, de las cuales cinco permanecen desaparecidas: Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko.

La sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná será el escenario de un juicio escrito con ocho acusados, que incluye a los militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el policía provincial Carlos Horacio Zapata; y el médico civil Hugo Mario Moyano. Faltaría, tal vez, el jefe de la Iglesia, Adolfo Servando Tortolo, el hombre que bendijo la represión y recibió a detenidos políticos en su casa en el Parque Urquiza; y algún enlace de la Fuerza Aérea para completar el mapa del horror en esta zona. La muerte se llevó a otros trece represores que deberían estar también sentados en el banquillo de los acusados.

Las actuaciones se tramitan por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, con una dinámica completamente distinta a la de cualquier juicio oral y público. Inclusive los acusados podrían no estar en la sala, podrían seguir escondiendo sus rostros.

Represión

A partir del 24 de marzo de 1976, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención y alojados en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día.

Eso ocurrió en Paraná, en los cuarteles del Ejército, en comisarías, en la cárcel, en inmuebles precarios abandonados en cercanías de la Base Aérea y en otros sitios, adonde eran trasladados para los interrogatorios y aplicación de tormentos.

En algunos casos, los terminaban asesinando y se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las fuerzas armadas y de seguridad.

Algunos fueron sometidos a parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo amenazas, vejaciones y tormentos.

Eso también pasó en Paraná. Y a partir del lunes, por primera vez, las víctimas de aquel horror podrán contarlo de cara a la sociedad.

“Para las víctimas no sólo es reparador poder declarar en estos juicios, sino que al mismo tiempo sus testimonios se convierten en constructores de la memoria colectiva”, afirmó Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación abocada a esta causa.

Plenario

Desde el lunes comenzarán a declarar los testigos admitidos para la etapa de plenario, es decir, el juicio propiamente dicho.

Leandro Ríos será el juez de sentencia. Los fiscales serán José Ignacio Candioti y Mario Silva; los querellantes serán Marcelo Baridón, en representación de un grupo de víctimas, al igual que Martín Uranga, Edgar Olivera y Juan Antonio Méndez; Florencia Amore y Marcelo Boeykens, en representación de la asociación Hijos Regional Paraná; y Lucía Tejera, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En tanto, Appiani ejercerá su autodefensa; José Esteban Ostolaza y Martín Clapier defenderán a Moyano; Alberto Salvatelli, a Bidinost; Guillermo Retamar, a Demonte; y José Alberto Boxler fue designado por el Ministerio Público de la Defensa.

Hay 64 testigos citados, la mayoría de ellos sobrevivientes de la última dictadura, aunque en el listado aparece una persona fallecida y siete que pidieron no declarar, por lo cual el juez solicitó al Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa que le presente un informe sobre cada uno de los casos.

La particularidad del caso es que el magistrado rechazó por cuestiones formales a todos los testigos propuestos por las partes acusadoras –querellantes y fiscales– y solo admitió a algunos de los testigos de Appiani, Demonte y Moyano. “La medida probatoria procede a petición de las partes que hubieren observado las declaraciones o exámenes periciales en los escritos de acusación o defensa o de oficio, en caso de estimarse útil para la investigación”, expuso Ríos en la resolución.

Según cada caso, las audiencias serán de “ratificación” de las declaraciones que los testigos hayan dado en instancias anteriores, o de “absolución de posiciones”, para lo cual las partes deben presentar media hora antes de cada audiencia un pliego de preguntas para que se les formulen a los testigos a través del juez.

Todos estos elementos, que constituyen un distintivo en este proceso respecto de los otros que se han sustanciado por crímenes de lesa humanidad –robo de bebés y los delitos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú–, cobrarán sentido a partir del lunes a las 9, cuando se abran las puertas de la sala para que la sociedad paranaense pueda enfrentarse con lo más doloroso de su historia reciente.

Los acusados

José Anselmo Appelhans. Suboficial del Ejército, ex director del Servicio Penitenciario, 86 años. Está acusado por delitos que en forma genérica se configuran como secuestros y torturas en perjuicio de 40 víctimas. Cumple arresto domiciliario en Paraná.

Jorge Humberto Appiani. Oficial del Ejército, 61 años. Se lo acusa por secuestros y torturas en perjuicio de 35 ex detenidos políticos, entre los que se cuentan los desaparecidos Victorio Erbetta y Claudio Fink. Se encuentra detenido en la cárcel de Paraná.

Rosa Susana Bidinost. Ex directora de la cárcel de mujeres, 73 años. Se le imputan la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de 7 víctimas. Cumple arresto domiciliario en Gualeguaychú.

Cosme Ignacio Marino Demonte. Oficial de la Policía Federal, 62 años. Está acusado por el secuestro de los desaparecidos Erbetta y Pedro Miguel Sobko, y por el homicidio de este último. Se encuentra detenido en la cárcel de Paraná.

Hugo Mario Moyano. Médico del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Aérea, único civil imputado, 64 años. Está acusado por la imposición de torturas a 7 víctimas. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraná.

Oscar Ramón Obaid. Suboficial del Ejército, 62 años. Está acusado por el secuestro y tortura de 2 ex presos políticos. Cumple arresto domiciliario en Santo Tomé.

Alberto Rivas. Mayor del Ejército e instructor del consejo de guerra, 80 años. Está acusado por los delitos de secuestros y torturas en perjuicio de 33 víctimas. Cumple arresto domiciliario en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Carlos Horacio Zapata. Policía de Entre Ríos, 68 años. Se lo acusa por el secuestro y tortura de 13 personas. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Diamante.

Luis Francisco Armocida. Policía de Entre Ríos, 80 años. Estaba acusado por el secuestro y tortura de 6 víctimas. Fue separado del proceso por razones de salud.

Ramón Genaro Díaz Bessone. Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, 88 años. Está acusado por el secuestro y tortura de 44 víctimas, entre los que se cuentan los desaparecidos Erbetta, Fink, Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna, y el homicidio de este último, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2007. Fue separado del proceso por razones de salud.

Fallecidos: los militares Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Trimarco, Abel Teodoro Catuzzi, Carlos Patricio Zapata; los policías federales Constantino Francisco González, Carlos María Cerrillos, José Faustino Fernández, Osvaldo Luis Conde; y los policías entrerrianos Daniel Manuel Rodríguez, Alfredo Ismael Duré y Ramón Oscar Balcaza.

Todos al juzgado

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos realizará este lunes, a partir de las 8.30, una manifestación frente a la Cámara Federal de Apelaciones, en calle 25 de mayo 256, para acompañar el inicio de las testimoniales en la causa Área Paraná.

Desde los organismos que integran la multisectorial destacaron “la oportunidad de comenzar a escuchar, en audiencias testimoniales, a las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado, quienes relatarán ante el juez el horror que los genocidas fueron capaces de ejecutar en Entre Ríos” e invitaron “a la sociedad paranaenses” a acompañarlos con su presencia.

El acceso a la sala se permitirá en la medida que lo permita la capacidad, pero desde la Multisectorial de Derechos Humanos destacaron que habrá una manifestación frente al edificio de tribunales “para hacer el aguante al Juicio y Castigo”.

La historia de la causa

La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se inició primero en los tribunales militares, pero ante la falta de resultados, en 1987, la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso.

Ante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por la ley de punto final, el tribunal citó a declarar a un grupo de militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal. Sin embargo, las indagatorias quedaron sin efecto por la sanción de la ley de obediencia debida.

Sobrevinieron entonces varios años de impunidad –solo resistida por el voto solitario de Gabriel Chausovsky–, solo mitigada (en parte) por los escraches.

Así hasta que en 2003 el fiscal general Ricardo Álvarez pidió el desarchivo de la causa y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi ratificó la validez de la ley que consideró “insanablemente nulas” a la obediencia debida y el punto final, y declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Carlos Menem, abriendo el camino para la reapertura de las causas.

Lo cierto es que el expediente ha tenido un camino sinuoso en estos diez años. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema zanjó a favor de los represores, al permitirles escoger el procedimiento bajo el cual serían juzgados. Pero eso que en un principio permitió destrabar el proceso judicial e hizo que entre 2009 y 2011 sean detenidos, indagados y procesados los militares, policías, agentes penitenciarios y civiles, fue luego la herramienta de la cual se valieron los acusados para embarrar la causa mediante una sucesión de chicanas dilatorias.

A partir de ahora todo ello ha pasado a ser parte del pasado.

Fuente: El Diario.