Polémica por el rol de la Provincia para el combate del narcomenudeo
01/09/2014
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “La sociedad no soporta más ver que en las esquinas se vende droga, que hay kioscos de droga en los barrios y que la Policía no hace nada, que los jueces no hacen nada”. La frase dicha por el ministro de Gobierno, Adán Bahl, es la
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
“La sociedad no soporta más ver que en las esquinas se vende droga, que hay kioscos de droga en los barrios y que la Policía no hace nada, que los jueces no hacen nada”. La frase dicha por el ministro de Gobierno, Adán Bahl, es la primera muestra de reconocimiento oficial respecto de la presencia cada vez más creciente de sofisticadas redes de pequeños vendedores de droga instaladas en los barrios de Paraná.
Los vecinos de los barrios periféricos de la ciudad han sido testigos del crecimiento y consolidación de un sistema de venta minorista de drogas. El llamado narcomenudeo se fue consolidando mientras la justicia y las fuerzas policiales ocupaban sus esfuerzos –con más o menos éxito– tratando de frenar el ingreso de drogas por las fronteras o combatiendo a las grandes organizaciones, redes de transporte, almacenamiento y producción. Hoy son clanes que se disputan y extienden sus territorios de manera cada vez más violenta.
La semana pasada el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para la adhesión parcial a ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes, como un intento por frenar el avance de estas estructuras.
Lo que pretende el Gobierno entrerriano es asumir la persecución del narcomenudeo y para eso busca “tener una mayor capacidad operativa a través del trabajo de la Policía y los operadores judiciales de la provincia en las tareas de investigación, órdenes de allanamiento y el proceso primario de investigación”, para luego elevar las actuaciones a la Justicia Federal, según las explicaciones de Bahl.
De acuerdo con el proyecto oficial, “el Ministerio Público Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías todas aquellas medidas de pruebas tendientes a la detección y desarticulación de la trama de comercialización de pequeña y mediana escala, con la finalidad de acumular evidencias que nutran una futura acusación y juzgamiento”. Luego “la causa será remitida al fuero federal de la jurisdicción que corresponda a los fines de la continuidad del trámite” (ver adjunto).
Sin embargo, esta especie de competencia mixta que propone la ley de desfederalización ha generado algunas dudas respecto de la eficiencia y hasta sobre la constitucionalidad de la norma. Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, por ejemplo, advirtió en una entrevista: “Creo que hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en ordinario según la provincia quiera o no”.
Más turbia parece entonces una adhesión “parcial” a la ley nacional. Ricardo Álvarez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, dijo en diálogo con Página Judicial: “No he conocido una experiencia semejante donde respecto de un mismo acontecimiento se bifurque la etapa preparatoria, confiada al tratamiento legal de un determinado ordenamiento, como sería la jurisdicción provincial; y una segunda instancia de juzgamiento depositada en manos de una ordenanza procesal distinta, como sería la federal. Esa suerte de mixtura constituye una novedad, cuando no una extravagancia, y no aguardo sino una eficacia dudosa, en el mejor de los casos”.
Álvarez consideró que “la Provincia puede asumir que el narcomenudeo constituye una materia reservada a su propia jurisdicción y competencia haciéndose cargo de lo que eso significa, es decir, pesquisando, preparando la investigación, imputando, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa y fallando. Lo que no me parece legítimo es limitar su competencia, como si fuese una especie de tribunal cautelar ad-hoc de una etapa del proceso, sabedor de antemano de que no está en condiciones de pronunciarse en definitiva, es decir, entregando el conocimiento de los hechos que ha investigado a otro fuero”.
Desfederalización
En diciembre de 2005 se puso en marcha la desfederalización de la ley de drogas para los delitos de menor cuantía, es decir, se faculta a las provincias para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
En concreto, las fiscalías provinciales asumirían las investigaciones cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; para los casos de siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal o cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito; y cuando se trate de tenencia de estupefacientes para consumo personal. También se ocuparían de los casos de falsificación de recetas médicas y de venta o suministro de sustancias medicinales de forma no correspondiente a la receta médica.
En aquel momento se dijo que el narcotráfico presenta ramificaciones que trascienden las fronteras jurisdiccionales o nacionales y que las organizaciones frecuentemente tienen capacidad para vulnerar el tejido institucional o para afectar la salud pública. Se dijo también que la nueva ley permitiría que la Justicia Federal concentrara sus esfuerzos en las investigaciones contra las grandes estructuras y que las fiscalías provinciales atacaran a la venta minorista.
Sin embargo, un informe realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación revela que el resultado que tuvo la aplicación de la ley en la provincia de Buenos Aires, donde se puso en práctica plenamente, es “una continua merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves”.
Entre Ríos adhirió a la desfederalización en 2007, a través de la Ley Número 9.783, pero al momento de su promulgación, el gobernador Jorge Busti dejó suspendida su aplicación “hasta que se obtengan los créditos” que debían remitir el Gobierno nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación “a fin de implementar la infraestructura edilicia, disponibilidad económica, movilidades y equipamiento tecnológico (…) más todos los recursos humanos necesarios y altamente capacitados”, según consta en el Decreto Número 4.783, firmado por el mandatario y el también por entonces ministro Bahl.
Inmediatamente el STJ elevó la voz a través de una acordada en la que manifestó su rechazo a la adhesión a la ley nacional y advirtió al Gobierno que pondría en marcha “los mecanismos constitucionales a su alcance para evitar la entrada en vigencia de la norma”. Se invoca allí también el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y un foro de tribunales provinciales de Santa Fe y Córdoba.
Entonces el Gobierno dio marcha atrás: “El sistema judicial provincial en la actualidad no se encuentra en condiciones para absorber semejante transferencia de competencia”, dijeron Busti y Bahl. “Lo apuntado precedentemente debe aplicarse a la Policía de la provincia, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad, ya que la prevención, control, represión, investigación, internación y prisión para este tipo de ilícitos criminales, exige infraestructura, personal especialmente entrenado y medios tecnológicos muy importantes”, se agregó en los fundamentos del decreto.
Apuro
En los últimos seis meses, senadores provinciales venían trabajando en comisión en un proyecto de adhesión parcial a la ley de desfederalización de la lucha contra las drogas, gestando reuniones con distintos operadores judiciales a fin de de conocer la opinión de quienes deberían ocuparse de la aplicación de la norma.
Pero hubo dos episodios que aceleraron los tiempos: la detención de un chofer oficial transportando 20 kilos de cocaína para una banda narco de Rosario y el crimen del contador Ricardo Lizarraga mientras perseguía a quienes habían robado la moto de su hijo.
Ese escenario apresuró al Gobierno. Los senadores aprobaron ¡sobre tablas! el proyecto oficial y ninguno elevó la voz, aunque por lo bajo hubo algunos que coincidieron en que “parece un manotazo de ahogado del Poder Ejecutivo”.
El ministro Bahl, en una reunión ante magistrados, funcionarios judiciales y autoridades provinciales, policiales y municipales, afirmó que “lo que a la gente en la calle más le irrita es ver que en las esquinas de todos los barrios se vende droga”.
En aquel encuentro convocado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para delinear estrategias tendientes a combatir la creciente ola de delitos que se vienen sucediendo en Paraná, Bahl dijo: “Queremos combatir el flagelo de la droga y la Justicia Federal tiene una capacidad operativa limitada”. Así justificó el apuro del Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que el camino escogido por Entre Ríos es inédito: de las provincias que han adherido a la ley nacional (Buenos Aires, Córdoba y Salta), ninguna lo hizo en forma parcial. Al respecto, el fiscal Álvarez advirtió que “todo enunciado legal está expuesto en una democracia a ser controvertido en su ajuste constitucional y es posible imaginar que quienes resistan una imputación puedan llegar a controvertir garantías como la del juez natural o el debido proceso ante esta suerte de hibridez que propone la ley provincial”.