Procesaron al ex jardinero de CFK

14/08/2014

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El jardinero presidencial y empresario multi-rubro Ricardo Barreiro fue procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada que presentó al inscribirse como proveedor del Estado. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


El jardinero presidencial y empresario multi-rubro Ricardo Barreiro fue procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada que presentó al inscribirse como proveedor del Estado.

El procesamiento fue dictado por el juez de Instrucción Número 7 de Paraná, Humberto Franchi, quien además le pidió al fiscal que investigue si Barreiro no incurrió también en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dada su doble condición de asesor ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia y proveedor del Estado a través de su empresa RP Transportes SA.

El magistrado señaló que Barreiro “aceptó y ejerció el cargo propuesto, es más, se sirvió de la correspondiente función para conocer los pormenores de la licitación llevada cabo por el Ministerio de Turismo de la provincia para, en base a sus contactos, participar de la licitación 30/2012 y resultar único y exclusivo competidor”.

“Su conducta se ha visto materializada (…) en el perjuicio moral ocasionado al Estado provincial, por el hecho de poner en tela de juicio la transparencia de la licitación pública de la que resultó ganador Barreiro al haber negado en el formulario de inscripción su condición de funcionario público ad-honorem”, dejó expresado el juez Franchi en el auto de procesamiento al que accedió Página Judicial.

Los abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, que representan a Barreiro, presentaron la apelación en el juzgado a cargo de Franchi y solicitaron que se la conceda para que la Cámara del Crimen de Paraná revise el procesamiento.

La causa había sido promovida en mayo del año pasado por el abogado Guillermo Mulet, el mismo que antes había denunciado el escándalo de las máquinas cosechadoras.

Una mentira de patas cortas

Ricardo Fabián Barreiro nació hace 57 años en Tucumán, pero llegó a Santa Cruz en la década de 1990, cuando Néstor Kirchner era gobernador. Primero comenzó a trabajar como jardinero del matrimonio, en Río Gallegos y El Calafate, pero rápidamente se convirtió en hombre de confianza de ambos, hasta convertirse en administrador del hotel Los Sauces, que los Kirchner construyeron en el terreno lindero a la casa que tienen en El Calafate. Ante el juez se presentó como “empresario y docente de la Universidad del Salvador”. Desde septiembre de 2006 es dueño de RP Transportes SA, uno de los tantos negocios que maneja. Con esa firma desembarcó en Entre Ríos.

Barreiro ostenta el cargo de coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer) desde el 15 de agosto de 2012 (hasta ahora). Aunque la designación es “ad honorem”, a partir del 7 de noviembre de ese año se le asignaron viáticos por las tareas que desempeñaba. A la vez, tanto Barreiro como su empresa RP Transportes SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de su designación. En ese trámite es que presentó una declaración jurada donde aseguró que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública entrerriana. Ese dato resultó ser falso. Y más: su empresa de transporte con sede en El Calafate fue contratada para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta las instalaciones de Tecnópolis. Por esos viajes cobró 220.000 pesos.

Ante el juez, Barreiro admitió todo esto, con la salvedad de que negó haber aceptado el ofrecimiento de un cargo hasta que Sebastián Lorenzo, coordinador del Ceiser, le aseguró que sería ad-honorem, y aseguró que nunca fue notificado de su designación. Lo cierto es que el nombramiento (Decreto Número 2.693/12) y la asignación de viáticos (Decreto Número 3.793/12) se publicaron en el Boletín Oficial.

El juez Franchi no tiene dudas sobre el accionar de Barreiro: “De sus propias palabras se desprende el conocimiento y ejercicio de la función pública designada por el gobernador”, señaló en el fallo.

Pero además el procesamiento se sostiene en la declaración de su “jefe”. El titular del Ceiser, Lorenzo, explicó que Barreiro “colabora” casi desde la creación del organismo, en el año 2012 y que lo hace “desinteresadamente”. Según dijo, se encargaba de “dar una mano con gestiones en Buenos Aires”, “traer papeles y llevar” y por eso le sugirió al ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, “que tenga algún tipo de chapa” para que “se le puedan cubrir los gastos que por ahí tenía de nafta” o “a veces incluso venía en avión hasta Paraná y se lo pagaba todo él”. Pero aclaró que “nunca cobró ningún viático”. Báez, por su parte, ratificó que fue Lorenzo quien hizo las gestiones por Barreiro.

De allí que el juez sostenga que Barreiro “fue propuesto por el titular del Ceiser como coordinador de Relaciones Institucionales, tal cargo fue debidamente y formalmente tramitado, fue solicitado por ante el ministro Báez, quien se lo encomendó al gobernador” y enfatizó que los decretos de designación y de autorización para la percepción de viáticos “fueron debidamente notificados a través del Boletín Oficial”.

El juez echó por tierra también el otro elemento defensivo que pretendió esgrimir Barreiro, a través de sus abogados, respecto de que nunca aceptó el cargo y que su nombre no figuraba en ninguna lista de funcionarios y personal fuera de escalafón. Franchi replicó que “los funcionarios designados ad-honorem gozan de las responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan; vale decir, son titulares de los derechos y sujetos de las obligaciones inherentes a la función pública, con las modalidades propias de la naturaleza de su situación de revista”.

El único oferente

Por otra parte, es curioso el derrotero que siguió Barreiro hasta convertirse en proveedor del Estado: el 26 de septiembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial una licitación para el alquiler de dos colectivos por el período de un mes para realizar traslados de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis; Barreiro inició el trámite de inscripción como proveedor el 3 de octubre (allí presentó la declaración jurada fechada el 1 de octubre donde niega ser funcionario) y el 15 de octubre se inscribió.

RP Transportes SA, la empresa de Barreiro, fue la única oferente en la licitación convocada por el Ministerio de Turismo de la provincia. En total se realizaron 37 viajes, transportando a 2.324 alumnos de 60 escuelas de Paraná.

Por estos servicios el ex jardinero presidencial presentó, el 11 de diciembre de 2012, una factura por 220.000 pesos, la cual fue ingresada al Servicio Administrativo Contable provincial por la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Turismo y luego la Tesorería General de la provincia autorizó el pago. Antes Barreiro debió pagar una multa de 7.000 pesos por haberse demorado en la entrega de una garantía.

Para el juez Franchi, “no resulta absurdo ni aventurado suponer que debido a la gran confianza y amistad que entabló (Barreiro) con Lorenzo en Buenos Aires, que por las cuestiones propias del cargo de coordinador de Relaciones Institucionales, la buena relación con los ministros Marsó y Báez e incluso con el gobernador Sergio Urribarri fueron las fuentes que lo anoticiaron de la pertinente licitación”.

Por esto el juez también le corrió vista al fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull para que investigue si Barreiro no incurrió, además, en negociaciones incompatibles con la función pública, por su doble rol de funcionario y proveedor del Estado.