El Gobierno desistió de la demanda por el derrumbe del Puerto Ibicuy
30/07/2014
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial A dos años del derrumbe, y con el Puerto Ibicuy todavía inoperable, el Estado provincial desistió de la acción penal que había promovido para determinar las responsabilidades en el hecho ocurrido en 2011, cuando un camión cargado con gasoil que debía abastecer a un buque remolcador
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
A dos años del derrumbe, y con el Puerto Ibicuy todavía inoperable, el Estado provincial desistió de la acción penal que había promovido para determinar las responsabilidades en el hecho ocurrido en 2011, cuando un camión cargado con gasoil que debía abastecer a un buque remolcador cayó al río Paraná y derramó el combustible.
La decisión se tomó a partir de un denominado “acuerdo de indemnización definitiva” y un “acuerdo de reconstrucción del muelle continental”, a través de los cuales la empresa que explotaba la terminal portuaria afectada por el derrumbe se comprometió a reparar los daños, reconstruir, readecuar y realizar mejoras en el puerto.
A través del Decreto Número 1.054 del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Públicos, firmado por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro Juan Javier García, se ratificó el acuerdo de indemnización entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy, la entidad permisionaria Trasbordo Ibicuy SA y Noble SA Aseguradora de Responsabilidad Profesional; y el acuerdo de reconstrucción del muelle, que firmaron el ente que administra el puerto y la permisionaria.
El acuerdo, según pudo saber Página Judicial, se celebró el 3 de abril pasado y el decreto desistiendo de la acción penal se firmó un mes después, el 5 de mayo, después que el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado aprobaran sus términos.
Ahora solo resta la reparación del puerto y, una vez que la empresa pague la indemnización acordada con el Estado –cuyo monto no se difundió–, la Fiscalía de Estado comunicará el desistimiento del proceso y del derecho en el juicio que tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Beatriz Estela Aranguren.
Investigación en disputa
El 17 de julio de 2011 se derrumbó el 80 por ciento de un muelle de la terminal portuaria del sur entrerriano, que es explotada por Transbordo Ibicuy SA, una empresa que se dedica al acopio de productos minerales y químicos a granel que son importados desde Brasil y Bolivia.
El incidente se produjo mientras un buque remolcador aguardaba la carga de combustible y, se presume, fue por el exceso de peso de las mercaderías. Lo cierto es que una camioneta y un camión cisterna cargado con 34.000 litros de gasoil cayeron al río Paraná y el combustible se derramó sobre el curso de agua.
El Puerto Ibicuy es la estación fluvial más profunda de Entre Ríos, con un calado natural de 32 pies. Sin embargo, a tres años del incidente, el puerto continúa inoperable y los embarques se realizan a través de transferencias de barcazas a barcos de ultramar.
Pero el desmoronamiento no solo afectó el normal funcionamiento del puerto –puesto que obstaculizó el comercio fluvial y afectó la seguridad de la navegación–, sino que también habría generado una contaminación ambiental del río, algo que ya había sido expuesto judicialmente, pero que ahora, a partir del acuerdo con la empresa, no será investigado.
En cuanto a la causa judicial de la que ahora el Estado desistirá, tuvo una serie de complicaciones y demoras a raíz de un conflicto de competencia jurisdiccional que se suscitó entre el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y el Juzgado de Instrucción Número 1 de Gualeguaychú, ya que ambos rechazaban asumir la investigación.
Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que zanjó esa disputa en favor del Juzgado Federal, en base a un dictamen del procurador Eduardo Casal, quien había señalado en su dictamen que el Código Procesal Penal de la Nación establece “que los jueces federales conocerán en los delitos cometidos en los puertos argentinos”.
En los meses sucesivos el expediente no tuvo mayores movimientos y ahora se archivará en virtud del acuerdo firmado entre el Gobierno y los empresarios.