El jardinero millonario negó haber sido contratado como asesor cultural

17/06/2014

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Ricardo Barreiro es “el jardinero”, un empresario multi-rubro de bajo perfil que desarrolló importantes negocios a la sombra del matrimonio presidencial. El hombre estuvo la semana pasada en Paraná, pero su presencia pasó inadvertida para casi todos. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


Ricardo Barreiro es “el jardinero”, un empresario multi-rubro de bajo perfil que desarrolló importantes negocios a la sombra del matrimonio presidencial. El hombre estuvo la semana pasada en Paraná, pero su presencia pasó inadvertida para casi todos.

El viernes, Barreiro llegó puntual al latoso edificio de tribunales, junto con sus abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez. Vestía un pantalón de jean, camisa celeste, pulóver y saco azul. A las 10 se presentó en la mesa de entradas del Juzgado de Instrucción Número 7, donde el magistrado Elvio Garzón lo esperaba para tomarle declaración indagatoria por haber falseado información en una declaración jurada que presentó al momento de presentarse como proveedor del Estado provincial.

Lo que se le imputa al ex jardinero de la residencia presidencial de El Calafate es que cuando se presentó como proveedor del Estado no declaró que en ese momento tenía un cargo ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer).

Barreiro estuvo dos horas ante el juez y, según pudo reconstruir Página Judicial, negó la imputación que pesa en su contra. Dijo que nunca se desempeñó como funcionario, que no tiene conocimiento de haber sido designado y que fue el director del Ceicer, Sebastián Lorenzo, quien se lo propuso, pero que él rechazó el ofrecimiento.

Sin embargo, entre las pruebas que el magistrado le exhibió estaba el Decreto Número 2.693/2012 donde consta que Barreiro comenzó a prestar funciones “ad honorem” a partir del 15 de agosto de ese año en el Ceiser y el Decreto Número 3.793/2012, por el cual se le asignaron viáticos “con un Nivel de Personal Superior Fuera de Escalafón, Funcionario Político Nivel 41”. De todas maneras, una fuente de la investigación aclaró que el jardinero no alcanzó a percibir ningún dinero por ese concepto.

Dos ministros, a declarar

La indagatoria de Barreiro fue el último acto de una causa que se inició el año pasado a partir de una denuncia radicada por el abogado Guillermo Mulet y que le ha traído no pocos dolores de cabeza al Gobierno provincial.

Es que en las últimas semanas comparecieron como testigos los ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó. Ambos lo hicieron por escrito –en virtud de un tratamiento especial que les da el Código Procesal Penal de la Nación– a pedido de la defensa de Barreiro. Sus testimoniales fueron casi calcadas en un punto: Báez dijo no estar al tanto de que Barreiro era proveedor del Estado cuando firmó el decreto de designación y Marsó dijo que tenía conocimiento de que el jardinero asesor cultural del Gobierno cuando contrató a la empresa RP Transportes. Por el traslado de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta el predio de Tecnópolis, Barreiro cobró 220.000 pesos por el alquiler de dos ómnibus durante un mes.

En cambio, Sebastián Lorenzo resultó por lo menos confuso en su explicación. El funcionario dijo que conocía a Barreiro “de la militancia” y que lo contactó porque consideró que podría hacer gestiones de promoción cultural en Capital Federal –a pesar de que el jardinero vivía en El Calafate, provincia de Santa Cruz–; como su tarea era de favor, luego sugirió designarlo como “asesor cultural” para que pudiera percibir viáticos por lo que hacía, pero que el propio Barreiro rechazó la designación, pero que la resolución se hizo de todos modos y no alcanzó a avisarle al jardinero.

Lo cierto es que a partir de la declaración indagatoria, el juez Garzón tiene diez días para resolver la situación procesal del jardinero. El abogado Barrandeguy, por su parte, adelantó a Página Judicial que en los próximos días presentará un escrito pidiendo que se dicte el sobreseimiento de Barreiro basado en un supuesto error de prohibición.