El hermano del ministro de Economía fue quien destapó el escándalo ATER
13/06/2014
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Es posible que la Justicia esté ante uno de los mayores escándalos en materia de estafa a la administración pública si se confirman las cifras que merodean en Casa de Gobierno. Puede llegar a 50 millones de pesos el desfalco en la Administradora Tributaria de Entre Ríos
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Es posible que la Justicia esté ante uno de los mayores escándalos en materia de estafa a la administración pública si se confirman las cifras que merodean en Casa de Gobierno. Puede llegar a 50 millones de pesos el desfalco en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Una larga lista de funcionarios deberían pasar por los tribunales si se recorre el espinel del organismo tributario y cuáles debieron haber sido los sensores que no pudieron evitar con anterioridad el fenomenal saqueo que terminó en una denuncia penal que recayó en el juzgado de Marina Barbagelata. La pesquisa la llevará adelante el “fiscal auxiliar”, Gervasio Labriola, sobrino político del presidente de la Cámara de Diputados, José Allende.
¿Cómo se llegó a que el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, denuncie semejante maniobra fraudulenta? Página Judicial reconstruyó momentos y corroboró quienes fueron los que empezaron a tejer la historia.
Todo comenzó cuando un contribuyente de Victoria fue a pedir un estado de deuda, que era cuantiosa, y luego no regresó al organismo. Ante esa “desaparición” del contribuyente, Francisco Valiero, que era quien lo conocía, quiso determinar cuál era el estado de deuda y se encontró con que estaba en cero. Francisco, Pancho, como lo llaman, es el hermano del ministro de Economía y se desempeña en la ATER como director de Interior.
Con ese dato, se verificó en el sistema y se anoticiaron con que no se había pagado la deuda, sino que se la había realizado una compensación. ¿Que son las compensaciones? Es un proceso que prevé el Código Fiscal para quienes son proveedores del Estado y tienen facturas impagas y que utilizan dichos créditos a favor para extinguir sus obligaciones fiscales.
Ante este escenario, Valiero se puso en comunicación con el director de Impuestos, Damián Alcides Zof, su superior. Decidieron comentarle el inconveniente a Casaretto. El próximo paso fue llamar al director de Sistemas de la ATER, Germán Gietz, para que haga un query (consulta a una base de datos) de todas las compensaciones para saber quiénes habían cargado al sistema esta especie de pago de impuestos. El objetivo era constatar la existencia de los expedientes. Sorpresa: se encontraron con un total de 65 razones sociales (personas físicas y jurídicas) que habían utilizado el sistema de manera apócrifa, esto es, borraron las deudas del sistema simulando compensaciones.
El monto, que aún no se ha estimado, superaría los 50 millones de pesos, evaluaron en Casa de Gobierno.
Los dueños de las claves
La primera pregunta que hay que hacerse es quiénes tenían las claves para “cargar” los pagos. Estas personas son las que reveló Página Judicial que fueron suspendidas una vez dado a la luz el escándalo. Se trata de la jefa de Despacho de la ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y su empleado, en Mesa de Entradas, Daniel Gaggión. Se los ha calificado como los “empleados infieles”. No es para menos, ambos empleados habían recibido de manos del propio Casaretto medallas con motivo de sus 30 años de servicio en la agencia recaudadora.
Martínez de Yankelevich estuvo buena parte de su carrera en áreas sensibles de la ex DGR. Fue una mujer de confianza en la gestión de Marcelo Milano durante el gobierno de Sergio Montiel.
Lo cierto es que los empleados, una red de contadores y el tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria, “ofrecían” el servicio a las empresas, entre ellas la firma El Sembrador SRL, que pertenece a la familia de Miguel Galuccio, el actual presidente de YPF, como reveló Análisis Digital. Gioria, rápido, presentó la renuncia ante la posibilidad de que se le requiera un juicio político por incurrir en una incompatibilidad con sus funciones en la administración pública.
En un comunicado oficial, el gobierno recordó que las compensaciones tributarias están regladas por el artículo 75 del Código Fiscal, dónde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprueban para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tienen al frente a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y ahora ATER; y el tercero es el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri.
La causa se podría caratular, y es lo más probable, con la figura de asociación ilícita: dos o más personas que acuerdan cometer un delito. De ser así, las penas van de 3 a 15 años solo por pertenecer a la asociación; y 5 a 15 años para el jefe.
El período denunciado por Casaretto en el que se sospecha que se produjo la estafa es a partir del 1° de enero de 2012 hasta el presente. Pero el procurador general, Jorge Amílcar García, adelantó que se investigará para atrás.
La diputada socialista María Emma Bargagna (FAP) y Jorge Monge (UCR) solicitarán por estas horas a la Justicia que amplíe el plazo de la investigación en las irregularidades, según se adelantó a Página Judicial. También pedirán que se incorpore la falsa imputación de pago de impuestos a grandes contribuyentes o grandes empresas.
Para la legisladora, hay una gran falla del actual gobierno en el control fiscal: por un lado, persigue a los pequeños contribuyentes que sostienen el gasto del Estado y, por otro, no hubo un control serio y responsable sobre grandes empresas o grandes contribuyentes.