ATER: los dos empleados infieles vinculados al caso y la cercanía del fiscal con el poder
11/06/2014
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Las ramificaciones políticas y judiciales que tendrá el caso por el que se investiga el desvío de casi 18 millones de pesos en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), no solo involucra a 65 empresas, sino también a funcionarios provinciales. Federico Malvasio De
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Las ramificaciones políticas y judiciales que tendrá el caso por el que se investiga el desvío de casi 18 millones de pesos en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), no solo involucra a 65 empresas, sino también a funcionarios provinciales.
El primero fue el tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria. El contador habría incurrido en una incompatibilidad con sus funciones en la administración pública. Asesoró a una de las firmas que incurrieron en el desfalco del organismo tributario que conduce Marcelo Casaretto. De no haber renunciado pudo haber quedado en la línea de fuego para que se le pida un juicio político.
Pero la trama de la escandalosa estafa al fisco tiene a dos empleados de carrera que, una vez divulgado el caso, fueron suspendidos. Esto ocurrió el viernes pasado. Se trata de la jefa de Despacho de la ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y su empleado, Daniel Gaggión.
La Justicia, hasta este martes por la tarde, se había abocado a solicitar información a la ATER. La estafa tenía como amparo un apartado del Código Fiscal que permite a las empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensar deudas con acreencias y así liquidar todo en cero.
La causa caratulada “Casaretto Marcelo Pablo, director ejecutivo de ATER, su denuncia”, fue presentada por el titular del organismo ante la Fiscalía Nº 8, a cargo de Laura Cattáneo, y recayó en el juzgado de Marina Barbagelata.
Sin embargo, la pesquisa tendrá un nuevo investigador. Es Gervasio Labriola, quien oficia de fiscal auxiliar. Lo confirmó a Página Judicial el procurador general, Jorge Amílcar García. Si bien en Paraná aún no está vigente el nuevo sistema acusatorio que prevé la figura del “fiscal auxiliar”, la derivación de la investigación se debe a la cantidad de expedientes complejos que tiene en su despacho la doctora Cattáneo.
¿Quién es Labriola? Es un joven abogado, de escasa carrera en el ámbito penal, y que hasta el año pasado estuvo al frente de la Dirección del Registro Civil de la provincia. Pero además, es sobrino político del presidente de la Cámara de Diputados, José Allende. Está casado con una hija de Claudia Allende.
Para atrás
El período denunciado por Casaretto en el que se sospecha que se produjo la estafa es a partir del 1° de enero de 2012 hasta el presente. Es decir los años de existencia de la ATER. Pero la investigación del presunto delito de fraude a la administración pública irá más para atrás: esto es escarbar en lo que era la antigua DGR. El último director de ese organismo fue Aurelio Miraglio, actual contador general de la provincia.
La fiscalización de las cuentas tendrá la participación estelar del flamante presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone. El ex ministro de Trabajo, recién llegado al organismo de contralor, tendrá que bucear ese convulsionado mar que navegó durante 30 años su antecesor, Hugo Molina, a quien nadie le creyó cuando dijo que a partir de ahora y afuera del tribunal se iba dedicar a lo que realmente le gusta: el fútbol.
El procurador García adelantó que la causa se dividirá en dos partes: en una se avanzará sobre el período que denunció Casaretto; y el otro, unos años para atrás. Hasta donde llegue.