Desestiman denuncias de represores contra casi toda la Justicia Federal

30/05/2014

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

En quince días recibió un par de cachetazos en prisión el represor y abogado Jorge Humberto Appiani, detenido desde hace cuatro años por delitos de la dictadura: primero el Consejo de la Magistratura rechazó una denuncia que presentó con su consorte de causa Cosme Ignacio Marino Demonte contra el juez federal Leandro Ríos; y después la Cámara Federal de Apelaciones desestimó una denuncia contra sus tres integrantes, contra el secretario del Juzgado Federal y contra un magistrado ad-hoc.

Appiani les atribuyó una infinidad de delitos a los magistrados y funcionarios judiciales paranaenses, en lo que parece un nuevo capítulo en la saga que viene realizando para embarrar los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, con una sucesión de argucias procesales, chicanas y una “fiesta de recusaciones”.

A fines del año pasado, los represores Appiani y Demonte denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez federal Leandro Ríos, por haber prorrogado su prisión preventiva más allá de tres años en la megacausa Área Paraná, y le atribuyeron los delitos de retención indebida en prisión, abuso de autoridad y prevaricato.

Antes, en octubre, Appiani había denunciado penalmente a los camaristas Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso; al secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Paraná, Juan Rosas Paz; y al juez ad-hoc Candelario Pérez, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, proposición, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público y prevaricato, por su intervención en alguno de los tantos incidentes producidos por el represor.

Ninguna de las denuncias prosperó, según pudo saber Página Judicial. El Consejo de la Magistratura rechazó in límine la presentación que hicieron contra Ríos; y la fiscal subrogante Marina Herbel desestimó la denuncia penal y el juez archivó las actuaciones en el caso de los camaristas, el secretario y el juez sustituto.

Para que saquen al juez

El 20 de noviembre del año pasado, Appiani y Demonte se presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para denunciar al juez Ríos, que tiene a su cargo la última etapa del proceso que se les sigue por delitos de lesa humanidad.

En el escrito, elaborado por el propio Appiani, le cuestionan una resolución en la que se dispuso una nueva prórroga por un año más en la prisión preventiva de ambos. Según dijeron, “se trata de una prórroga no prevista expresamente en la normativa aplicable y carente de motivos reales, pertinentes y efectivos que la justifiquen” y no dudan en manifestar que el magistrado “inescrupulosamente no vacila en sostener que es posible que ‘en caso de conceder la libertad a los encartados, que estos incurran en acciones de extrañamiento del proceso por fuga’”, algo que, en el caso de Appiani, fue recientemente advertido por los organismos de derechos humanos.

Inclusive, destacan Appiani y Demonte que son los únicos imputados en la megacausa Área Paraná que permanecen alojados en la cárcel, ya que el resto han recibido el beneficio del arresto domiciliario, “por edad avanzada y dolencias que les imposibilitan física y psíquicamente a seguir el encarcelamiento intramuros”.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura ni siquiera consideró la denuncia de los represores: el planteo fue rechazado in límine, primero por la Comisión de Disciplina y Acusación, y luego por el plenario del organismo en la reunión del 8 de mayo pasado.

En los fundamentos de la resolución –a la que accedió Página Judicial– se señala que “el problema planteado por los denunciantes –en principio– resulta ajeno al marco de competencias que nuestro ordenamiento constitucional asigna a este Consejo de la Magistratura”. En ese sentido, se advierte que “en todo caso, debe ser la justicia penal la que determine si el doctor Ríos ha cometido realmente los graves delitos que los denunciantes le atribuyen”

El Consejo de la Magistratura aclara, además, que “la eventual intervención de este organismo en un asunto como el presente, importaría una grosera extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Extralimitación, que no podría sino ir en desmedro de la independencia de la que deben gozar los magistrados judiciales”.

No obstante, se destaca en la resolución que “las defensas oportunamente articuladas por los interesados revestían carácter dilatorio” y que esta circunstancia “ameritaría la extensión de los plazos” para la prisión preventiva de los imputados, circunstancia que también ha sido denunciada por los querellantes y fiscales.

Appiani contra todos

Casi simultáneamente con la presentación ante el Consejo de la Magistratura, Appiani denunció penalmente a los tres integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones por la designación del abogado Candelario Pérez para intervenir como conjuez, a éste por haber aceptado el cargo y, de paso, al secretario del Juzgado Federal.

Según la denuncia, Pérez fue designado para actuar en un incidente en la causa denominada Área Paraná II, un desprendimiento de la primera para investigar delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977. En cambio, el abogado se excusó de actuar en el expediente principal, Área Paraná, porque allí representa a Clara Atelman, la madre de Claudio Fink, desaparecido en agosto de 1977 y víctima en la causa.

Appiani, imputado en ambos expedientes, aseguró que “no hay hechos independientes”, puesto que Área Paraná II surge como “instrucción complementaria” de la primera y que “en un principio se ordenó la acumulación de causas y luego se dispuso la separación de los hechos”. El represor denunció penalmente por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, proposición, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público y prevaricato respecto de Pérez, designado como juez ad-hoc por la Cámara Federal de Apelaciones, y pidió ser tenido como querellante.

La fiscal subrogante Marina Herbel solicitó que la denuncia fuera desestimada y en primera instancia se resolvió que no había elementos que indicaran la existencia de un delito por parte de los magistrados y funcionarios denunciados, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones.

Hace unos días, la Cámara Federal de Rosario, que fue convocada para resolver la apelación, confirmó por mayoría aquella decisión. Los jueces Fernando Lorenzo Barbará y Edgardo Bello –Carlos Carrillo votó en disidencia– explicaron que “el Ministerio Público Fiscal es el órgano facultado para promover la acción en los delitos como los denunciados y ha propiciado la desestimación”, por lo tanto consideraron que “la acción penal no se encuentra legalmente promovida, por lo que no existe proceso penal”. Así las cosas, los magistrados entendieron que no corresponde tener a Appiani como querellante en una causa que no llegó a iniciarse formalmente.