Los funcionarios también deberán responder por las cosechadoras

26/05/2014

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Ya no queda nada de aquel sueño de la fábrica de cosechadoras entrerrianas en el puerto de Concepción del Uruguay. Lejos de los flashes que llegaron a encandilar a la Presidenta, en silencio, parece empezar a enderezarse la causa penal que tramita en el latoso edificio

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Ya no queda nada de aquel sueño de la fábrica de cosechadoras entrerrianas en el puerto de Concepción del Uruguay. Lejos de los flashes que llegaron a encandilar a la Presidenta, en silencio, parece empezar a enderezarse la causa penal que tramita en el latoso edificio de los tribunales de Paraná.

Hace unos días la fiscal Sandra Terreno amplió la imputación, que en principio solo alcanzaba a los empresarios, para que se investigue la posible connivencia de funcionarios para cometer un fraude contra la administración pública, según pudo saber Página Judicial.

Si bien el escrito presentado ante la jueza Patricia Yedro, que lleva adelante la investigación, no menciona el nombre de ningún funcionario, la mira está puesta en el Ministerio de la Producción, específicamente en su titular, Roberto Schunk. “Está complicado”, admitió un alto funcionario judicial unos días antes de que los empresarios de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay prestaran declaración indagatoria.

Pero también hay otros funcionarios que también podrían ser citados a dar explicaciones: los directivos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), el organismo a través del cual se otorgaron los créditos por 5,5 millones de pesos a la empresa.

En marzo, cuando Página Judicial informó sobre la quiebra de la empresa, el ministro Schunk dijo que “no fueron subsidios los que recibió la empresa, sino préstamos del Finver” y explicó que “se hizo una evaluación de un proyecto productivo y se consideró que era muy importante para la provincia la creación de una maquinaria agrícola compleja que nunca se había hecho acá. Se dio un préstamo con las debidas garantías, por eso el Finver solicitó seguros de caución”. No dijo, sin embargo, que la empresa contrató el “seguro de caución” con el Instituto del Seguro, es decir, con el propio Estado.

Schunk remató aquellas declaraciones públicas –las primeras de alguien del Gobierno desde que estalló el escándalo– diciendo: “Hay que esperar que la justicia dirima cuáles son las responsabilidades”. Y la fiscal, parece, tomó sus palabras al pie de la letra.

Ahora bien, su responsabilidad surge claramente en los decretos donde constan los montos y condiciones de los créditos que se otorgaron a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012, para la instalación de una planta de construcción de cosechadoras en la provincia de Entre Ríos.

Poder de control

En 2009, por Decreto Número 4.432, del 18 de noviembre, se le otorgó a la firma “B.S.V. SA, del Grupo Senor” un préstamo de 574.500 pesos (equivalente a los 150.000 dólares que había solicitado) para la instalación de la fábrica en Concepción del Uruguay.

El crédito fue otorgado a través del Finver y en el artículo 4 del decreto se especifica que “la Secretaría de la Producción y el Fondo de Inversiones de Entre Ríos –Finver– serán los organismos encargados de controlar la marcha de la gestión y utilización del crédito en concordancia con los objetivos establecidos al tiempo de su otorgamiento, a cuyos fines requerirán a la firma B.S.V. S.A. los informes que estimen pertinentes”.

Pasó todo 2010 sin que se cumplieran las metas anunciadas por la propia empresa de comenzar a producir en febrero y exportar maquinarias desde mediados de año. Pero en 2011, a través del Decreto Número 96, del 15 de febrero, la empresa recibió otros 4 millones de pesos para ampliar la escala del proyecto. El nuevo crédito salió a nombre de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA “en formación”.

En los considerandos del decreto se señala “que el control de la ejecución del proyecto, el cumplimiento de todos los requisitos como así también la correcta marcha de la gestión utilización del crédito estará a cargo del Ministerio de la Producción, el que coordinará las acciones a desarrollar con el Finver”. Y en el artículo 2 inciso d) se establece que las entregas del dinero se realizarían “conforme avance la puesta en marcha del proyecto productivo” y que “los desembolsos bimestrales procederán previo informe técnico del Ministerio de la Producción sobre el cumplimiento de las metas fijadas”.

Recién ese año apareció la primera cosechadora, el 11 de marzo, aquel prototipo que mostraba la foto de la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Sergio Urribarri en la Casa Rosada. Ocho días después, el 19 de marzo, el mandatario provincial firmó el Decreto Número 529 por el cual se le otorga un nuevo crédito a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, ahora por 1 millón de pesos.

En los fundamentos de aquel decreto se lee: “Que el Ministerio de la Producción ha evaluado oportunamente el cumplimiento de las disposiciones de los decretos Nº 4432/09 GOB y Nº 96/11 MEHF por parte de la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA en relación a la instalación y puesta en marcha de la fábrica de cosechadoras en la provincia, informando al respecto que la misma cumplimentó las condiciones necesarias para acceder a cada uno de los tramos de la asistencia otorgada”.

Irresponsable

Como se dijo, la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de la Producción y del Finver surge de los decretos, donde se asigna a la cartera a cargo de Schunk el rol de contralor de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también la correcta utilización del crédito.

Pero también el informe del síndico que intervino en la quiebra de la empresa es crítico del rol de los funcionarios públicos. El contador Horacio Larrivey les cuestiona “la irresponsable asistencia financiera”, ya que el Finver la entrega de fondos continuó aún después de que la empresa cayera en cesación de pagos, hecho que profesional estableció en el 1 de diciembre de 2011, cuando no canceló los intereses del primer tramo del crédito.

Después de esa fecha hubo otros cuatro desembolsos: 600.000 pesos el 27 de diciembre de 2011; 400.000 pesos el 10 de enero de 2012; 600.000 pesos el 27 de marzo de 2012; y 400.000 pesos el 30 de marzo de 2012, “pese a su evidente estado de cesación de pagos y que esta Sindicatura estableció ante la fuerte existencia de hechos reveladores de su estado por el vencimiento de intereses impagos tras dos años de gracia del Finver”.

En tanto, el propio Gobierno admitió tras la quiebra de Grandes Máquinas que se encuentra en trámite una investigación administrativa sobre el asunto: “El eventual daño fiscal lo evalúa en Tribunal de Cuentas de la Provincia en el Expediente 610-2012 ‘Empresa Grandes Máquinas SA – préstamos concedidos a través del Finver’. Es decir, las responsabilidades emergentes por este fallido asunto están siendo evaluadas por órganos independientes tal como es tradición en nuestra provincia”, se indicó en un comunicado oficial emitido luego de este sitio informara sobre la quiebra de la empresa.