La Procuración dice que no tiene datos y que el caso sería federal
19/05/2014
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El viernes se conoció un hecho que sorprendió y que, de ser cierto, representa un delito gravísimo: un grupo de abogados penalistas de Paraná manifestaron preocupación por supuestas pinchaduras de sus teléfonos. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El viernes se conoció un hecho que
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
El viernes se conoció un hecho que sorprendió y que, de ser cierto, representa un delito gravísimo: un grupo de abogados penalistas de Paraná manifestaron preocupación por supuestas pinchaduras de sus teléfonos.
“Tenemos conocimiento en grado de sospecha que habrían intervenido los teléfonos a los fines de conocer las conversaciones que pueden mantener con sus defendidos”, dice el texto dado a conocer por Página Judicial y que fue presentando ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Este lunes, uno de los firmantes, Rubén Pagliotto, pidió en declaraciones radiales en el programa A quien Corresponda (Radio de la plaza) que “la Justicia debería lanzarse a una investigación con la misma fuerza que a veces investiga cuestiones menores”.
El duro documento asegura que “los actos de escucha telefónica para controlar a los abogados agravian al ejercicio de la profesión, al derecho constitucional de defensa, al pueblo en general, a la privacidad de los abogados y constituye un desmérito para el Poder Judicial en un Estado Constitucional de Derecho, por ser los abogados integrantes necesarios del sistema penal”.
Lo firman Marciano Martínez, Miguel, Guillermo Mulet, Mario Figueroa, Guillermo Vartorelli, Gastón Duarte, Rubio Pérez, Miguel Retamoso, Jorge Gabriel Sueldo, Humberto Franchi, Alberto Juan Silva Velazco, Guillermo Retamar, Alberto Salvatelli, Sebastián Reyes y Candela Bessa.
La Procuración
“Lo que se presentó no es una denuncia”. Esa es la primera aclaración que hizo Jorge García ante la consulta de Página Judicial.
El procurador general de la provincia sostuvo que se “está ante un grado de sospecha” y que “no hay datos concretos para iniciar una investigación”. No obstante, aseguró que “la Procuración está abierta para recibir cualquier denuncia, pero hasta ahora estamos hablando de una manifestación de un grupo de penalistas”, apuntó el jefe de los fiscales.
No se conoce pedido de un juez solicitando la apertura de una pesquisa, según García.
El STJ, que recibió el escrito de los penalistas, le corrió vista al Ministerio Público. García contestó en términos similares. De concretarse la denuncia, la misma tendría que hacerse en el ámbito federal. “Las escuchas ilegales son de competencia federal”, aseguró.
Las intervenciones telefónicas –en el marco de una investigación– se realizan por orden de un juez y la petición es ante la Dirección de Telecomunicaciones. De no justificarse el procedimiento se está ante un delito federal.