Guillermo Smaldone será designado y la Justicia no resolvió un planteo

06/05/2014

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

En horas Guillermo Smaldone será designado presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo del Senado dictaminará en favor del ministro de Trabajo para que se convirtiera en el controlador de la administración de Sergio Urribarri. Por la tarde se acordará la resolución y a la noche, en la sesión de las 20, se le dará acuerdo. El miércoles o jueves, el gobernador lo nombraría como el reemplazante de Hugo Molina.

El pliego de Smaldone recibió impugnaciones de todas las fuerzas políticas de la oposición, pero también la advertencia de ex convencionales constituyentes y abogados del foro de Paraná. Pero el planteo más contundente fue el de Juan Carlos Arralde, quien se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para impedir que la Cámara alta avance en el procedimiento de nombramiento al invocar una violación a la Constitución reformada en 2008 que establece en su artículo 217 que el presidente del órgano de control debe surgir de una terna luego de un concurso público. Nada de esto ocurrió. Como tampoco nada sucedió en los estrados de tribunales.

El planteo de Arralde ingresó el 16 de abril. En la acción de inconstitucionalidad el abogado y referente del radicalismo interpuso, además, una medida cautelar de “no innovar” para que en lo inmediato se frene el proceso de designación. Según constató Página Judicial, el expediente 3710 no avanzó un ápice: ni en el análisis de la cuestión de fondo, ni tampoco se expidió en la cautelar.

“No tengo ni idea, estoy en Estado Unidos dando un seminario”, dijo ante Página Judicial Carlos Chiara Díaz. Y agregó: “Cuando me vine no se había avanzado en nada. No creo que se avance”. El vocal era uno de la Sala Penal y Asuntos Constitucionales era uno de los que tenía que resolver.

La decisión de promover el planteo judicial la legitimó en calidad de abogado activo, “es decir, un individuo que reúne las condiciones requeridas por la Constitución provincial para aspirar a la vacante producida en el Tribunal de Cuentas conforme a ser llenada mediante el concurso público”. El otro argumento con el que cuestiona la designación es la cercanía con el gobernador. El joven abogado es hijo del vocal del STJ Juan Ramón Smaldone, único integrante del alto cuerpo nombrado por Urribarri. Smaldone se ha mostrado como un ferviente militante de la reforma judicial que impulsó el gobierno nacional y se enroló en el colectivo Justicia Legítima, cercano al kirchnerismo.

Delitos y demoras

Para el abogado y ex convencional constituyente, Marciano Martínez, el acuerdo al pliego de Smaldone pondría a los senadores en un lugar de sospecha ante la ley. Los legisladores estarían incurriendo en dos delitos penales en concurso ideal: violación de los deberes de funcionario público que sanciona al funcionario que dictare resoluciones contrarias a la Constitución Provincial o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase (artículo 218); y la condena que le cabe al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a una persona en quien no concurrieren los requisitos legales (artículo 253). Ambos tienen la pena de multa e inhabilitación especial para ejercer la función pública.

El oficialismo, en la voz del senador Aldo Ballestena, defiende el procedimiento haciendo alusión a un error del propio cuerpo legislativo: esto es la falta de una ley reglamentaria que establezca los parámetros del concurso por el que se debería regir la elección. “El requisito de previo concurso que previó la reforma constitucional para cubrir este y otros cargos no se puede cumplimentar en este caso en particular, porque hasta la fecha no se ha sancionado la ley que establezca su procedimiento, es más, ni siquiera existe un proyecto de ley presentado en la Legislatura”, se despachó, campante, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, desconociendo un proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que duerme en el Senado desde 2009.

Ante esa falta de la Cámara alta de no dictar una reglamentación, Martínez repasa el artículo 281 de la Constitución, que dice: “La Legislatura sancionará las leyes orgánicas y las reformas a las leyes existentes que fueran menester para el funcionamiento de las instituciones creadas por esta constitución y las modificaciones introducidas por las mismas. Si transcurrido más de un año sin sancionarse alguna de estas leyes o reformas el Poder Ejecutivo quedará facultado para dictar, con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que exija la aplicación de los nuevos preceptos constitucionales”.

Como se preveía y ya ocurrió en casos anteriores en que la Justicia debió resolver cuestiones que comprometen al Poder Ejecutivo, el STJ decidió que el tiempo se encargue de proteger a sus integrantes de cualquier situación que los incomode. Lo cierto es que una vez designado Smaldone, el alto cuerpo podrá excusarse diciendo que se está ante un hecho consumado.