Se judicializó la postulación de Smaldone al Tribunal de Cuentas
16/04/2014
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La designación de Guillermo Smaldone al Tribunal de Cuentas de la provincia llegó a la Justicia este miércoles. El ex convencional constituyente radical, Juan Carlos Arralde, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de inconstitucionalidad contra el gobierno provincial. Federico Malvasio De la Redacción
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La designación de Guillermo Smaldone al Tribunal de Cuentas de la provincia llegó a la Justicia este miércoles. El ex convencional constituyente radical, Juan Carlos Arralde, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de inconstitucionalidad contra el gobierno provincial.
El abogado y dirigente de la UCR entiende que se atenta contra la carta magna. El pliego que tomó estado parlamentario violaría la Constitución provincial en su artículo 217 que establece que el presidente del organismo de control debe asumir “previo concurso público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con el acuerdo del Senado”. Nada de esto ocurrirá. Y es precisamente por esta situación que Arralde se presentó en los tribunales.
La decisión de promover la acción de inconstitucionalidad, Arralde la legitima al hacerla en calidad de abogado activo, “es decir, un individuo que reúne las condiciones requeridas por la Constitución provincial para aspirar a la vacante producida en el Tribunal de Cuentas (por Hugo Molina) conforme a ser llenada mediante el concurso público”. En rigor, argumenta su petición como “interesado” en cubrir una vacante. Así lo dice la demanda a la que tuvo acceso Página Judicial.
El otro argumento con el que se cuestiona la designación de Smaldone es la cercanía con el gobernador Sergio Urribarri. El joven abogado, hijo del vocal del STJ Juan Ramón Smaldone, único integrante del alto cuerpo nombrado por Urribarri, es ministro de Trabajo. Smaldone se ha mostrado como un ferviente militante de la reforma judicial que impulsó el gobierno nacional y se enroló en el colectivo Justicia Legítima, cercano al kirchnerismo.
Arralde, en la acción de inconstitucionalidad ante el STJ, sostiene que “su designación mediante un salto cualitativo desde su función de administrador auxiliar de una rama de la administración pública a un organismo de control externo de todas las cuentas estatales, la inversión de los caudales públicos, el ejercicio de la auditoría de toda la administración provincial y la fiscalización general de la gestión de los recursos fiscales, tiene una connotación de indudable conflicto de intereses entre su gestión como ministro y el contralor de la misma”.
Cautelar y antecedente
La demanda de Arralde promueve además una medida cautelar para impedir el avance del procedimiento en el Senado. En la acción del abogado se requiere “la prohibición de innovar y ordenar a la Cámara de Senadores y al mismo Poder Ejecutivo que se abstenga de tratar, votar e inclusive designar el pliego y/o el letrado propuesto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que se plantea, motivado en las consideraciones de hecho y de derecho”.
Un caso similar ocurrió en 2007. En esa ocasión se judicializó el polémico concurso 25 del Consejo de la Magistratura. Mediante una cautelar, al que se le dio lugar, el entonces camarista Mario Alberto Quinteros logró que la Justicia ordene al Senado que se abstenga de dar acuerdo a dos pliegos: las doctoras Gabriela Teresita Mastaglia y Ana María Celia Stagnaro para la Sala I de la Cámara II Civil y Comercial de Paraná. Ambas habían obtenido los mejores puntajes.
La orden de la Justicia no fue tenida en cuenta por los legisladores de entonces, quienes avanzaron en los acuerdos. Esto llevó a que el Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo entonces de Carlos Ríos, solicitara los desafueros de los miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado. Todos sus integrantes están imputados en la Causa Nº 54.069 “Argain Héctor y otros/desobediencia judicial”.