Durísima denuncia a la Justicia por parte de abogados del fuero Penal

21/03/2014

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Un grupo de abogados; enrolados en el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos; cuestionó en duros términos a buena parte de la Justicia entrerriana y expresó su preocupación frente a la falta de límites de los jueces y fiscales en la provincia. Sin tapujos, las expresiones explicitan una concreta denuncia pública ante manipulaciones de las garantías constitucionales.

El documento da cuenta de un fastidio que se viene susurrando por lo bajo hace un tiempo y que apunta al funcionamiento de los diferentes órganos judiciales. Lo cierto es que este viernes, en un cónclave, se decidió plasmar en un papel lo abordado muchas veces de forma informal.

El texto- al que tuvo acceso Página Judicial – cuestiona a los magistrados por “la soberbia que surge del poder que detentan y de la tranquilidad que tienen en su vida diaria”.

Los abogados penalistas que firman la solicitada son Marciano Martínez, Guillermo Vartorelli, Miguel Cullen, Mario Figueroa, Vanesa Visconti, Rocio Rivero, Jorge Sueldo, Humberto Franchi, Ruben Pagliotto, Jorge Barbagelatta, Candela Bessa e Iván Vernengo, entre otros.

“Es un principio básico que cualquier persona puede ser citada por el sistema penal imputado de ser autor o participe de cualquiera de los casi 500 delitos ordinarios, federales, dolosos o culposos que existen en nuestro país. Desde un accidente de automotor, pasando por un incumplimiento fiscal, hasta los más graves que todos conocemos”, prologa el texto.

Y dice más adelante: “Este poder punitivo es muy fuerte porque puede incidir en los derechos fundamentales que tiene el hombre como la libertad, el honor, la seguridad, la propiedad, la unidad familiar, el trabajo, etc. Esta es la razón por la que en un Estado Constitucional de Derecho, los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, el Código Penal y el de Procedimiento se han creado expresamente para ponerle límites a este poder punitivo en defensa de los derechos del hombre y el ciudadano mediante la creación de principios, derechos y garantías”.

Para los abogados firmantes, se ve a diario “con mucha preocupación el avance de órganos públicos del sistema penal sobre las libertades individuales y las garantías constitucionales y convencionales, muchas veces soslayándolas o interpretándolas con criterio restrictivo”.

Los penalistas entienden que “cada vez más se obstruye la intervención” de ellos y “no se tienen en cuenta las opiniones y peticiones”. Hablan, claramente, desde un lugar puntual: la de abogados defensores. “Sin defensa no hay Justicia y sin Justicia no hay Constitución”. Así resumen la idea central del documento.

La palabra garantía

En uno de los pasajes, los profesionales ven con desdén la idea que se tiene de la palabra “garantía”. “Ha pasado a ser una mala palabra y una descalificación”, se quejan. Y añaden: “Se pretende que en el juicio penal exista una única voz y una única voluntad. Últimamente ha proliferado el llamado juicio abreviado, que de juicio no tiene nada, y que muchas veces pasa a ser para nuestros defendidos un verdadero chantaje en el que tiene que elegir entre una pena alta que pretende el ministerio publico fiscal y otra mas reducida que puede aceptar, en tanto se confiese autor del hecho imputado”, subrayan los firmantes.

Y sostienen que “algunos jueces avalan cualquier procedimiento sin importarle los derechos y garantías individuales y sin prestarle atención a los escritos o alegatos de los abogados defensores ya sean públicos o privados”.

“Los defensores, si seguimos así, prácticamente vamos a ser excluidos del sistema porque no se nos escucha. Consideramos que existe entre quienes no se someten al ordenamiento jurídico constitucional cierta soberbia que surge del poder que detentan y de la tranquilidad que tienen en su vida diaria”, concluye el texto.