Se jubiló Hugo Molina del Tribunal de Cuentas y suena el ministro Smaldone

14/03/2014

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El 10 de marzo se jubiló el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Hugo Molina. No es una noticia menor, mucho menos para la política. El hombre de 65 años que presidió el órgano de control durante más de dos décadas estuvo vinculado al justicialismo,

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

El 10 de marzo se jubiló el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Hugo Molina. No es una noticia menor, mucho menos para la política. El hombre de 65 años que presidió el órgano de control durante más de dos décadas estuvo vinculado al justicialismo, lo que, con la suma de algunos elementos concretos, lo ubicó en la lupa de la polémica.

“Debo ser el más antiguo de los funcionarios. Ingresé el 9 de marzo del ‘89”, precisó el ahora ex funcionario a Página Judicial. Molina, cuñado de la intendenta de Paraná Blanca Osuna, confesó que más allá del desgaste de la gestión “uno de los motivos de tramitar la jubilación fue el fútbol. En la AFA me reclaman más tiempo”, contó el ahora ex funcionario que también integra la Asociación del Fútbol Argentino.

Su reemplazo es una decisión del gobernador Sergio Urribarri, con ratificación del Senado. No sabe aún quien lo sucederá en el sensible lugar que dejó este mes, aunque ratificó el rumor que da vueltas en los suburbios del poder. “Suena Smaldone. Es el único del que he escuchado”, apuntó. Se trata de Guillermo Smaldone, actual ministro de Trabajo e hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Ramón Smaldone, único integrante del alto cuerpo nombrado por el mandatario. Guillermo ya tuvo su paso por el organismo de control en carácter de fiscal antes de desempeñarse en la cartera laboral.

El Tribunal de Cuentas lleva el control de todas las cuentas del Estado, incluidos los entes autárquicos, los descentralizados y los municipios. Es, o tendría que ser, una fuente ineludible para investigar posibles hechos de corrupción en el seno de la administración pública.

La Constitución reformada en 2008 estableció en su artículo 214 una nueva conformación del organismo de control. Hasta tanto se reglamente el nuevo esquema, el TdC está compuesto por tres miembros permanentes: el presidente y dos vocales (los contadores José Luis Gea Sánchez y José Alberto Miranda); y seis fiscales. La nueva carta magna incorporó a dos vocales más con representación parlamentaria, que pueden ser abogados o contadores. Estos serán nombrados uno por la mayoría y otro por la minoría. La designación de los nuevos cargos sería a través de concursos, como ocurre en el ámbito de la Justicia.

En la actualidad, toda persona que quiera defenderse de una acusación debe apelar, mediante recurso de inconstitucionalidad, al Superior Tribunal de Justicia. Ahora, se prevé que esto corra por cuenta del fuero Contensioso Administrativo. Todos estos puntos están establecidos en un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados en 2009 y luego cajoneado en el Senado.

Peces gordos

Antes de que debatiera el nuevo texto constitucional hubo entusiasmo en restituirle funciones al Tribunal de Cuentas, como es la facultad de promover un juicio de responsabilidad. Esto es llevar a un funcionario a juicio como responsable ante la presunción de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Esta facultad fue eliminada mediante una modificación de la ley orgánica del organismo en 1993. El TdC podía iniciar una demanda en su ámbito a un funcionario que se presumía que había cometido perjuicio fiscal. Se trataba de un juicio que se desarrollaba con amplitud de pruebas y terminaba con una sentencia, apelable por recurso de inconstitucionalidad ante el STJ. Con la restricción, el organismo quedó acotado a lo renditivo. La modificación surgió con el escándalo de la causa de las “cajas de alimentos”. Uno de los vocales, José Rubén Morel decidió investigar el desvío de fondos en el que se estaban involucrados disputados justicialistas y terminó haciendo la denuncia penal. La iniciativa le costó el cargo. La Cámara Baja lo destituyó de un plumazo con un Jury. Desde el TdC hicieron oídos sordos y no defendieron la persecución que se hacía desde el ámbito legislativo. La Justicia dejó prescribir la causa.

Lo cierto es que hubo un intento de devolverle atribuciones por vía de una ley a mediados de 2001 por iniciativa del ex senador radical Jorge Campos. El proyecto tuvo tratamiento en la Cámara alta pero no prosperó en Diputados. La nueva norma nada dice al respecto.