No cesa la polémica alrededor de la nueva Cámara de Casación Penal

27/02/2014

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

A la discusión por la designación de los jueces interinos para la nueva Cámara de Casación Penal se sumaron nuevos actores: un grupo de abogados penalistas salió al cruce de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Entre Ríos, luego de que la entidad atacara con inusitada virulencia a los candidatos propuestos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), arguyendo una supuesta “falta de experiencia”.

La polémica explotó tras la feria judicial, cuando el STJ oficializó quiénes serían los integrantes de la flamante Cámara de Casación Penal entrerriana: por acuerdo de los vocales de la Sala Penal, Carlos Chiara Díaz propuso a Rubén Chaia, camarista de Concepción del Uruguay; Claudia Mizawak eligió a Mariela Rojas de Di Pretoro, también de Concepción del Uruguay; y Daniel Carubia optó por Paola Firpo.

Desde la Asociación de Magistrados no tardaron en plantear reparos hacia la candidata propuesta por Carubia, a quien le achacaron, primero, “falta de experiencia” y de “trayectoria reconocida” en el Poder Judicial, pero enseguida dejaron de lado la habitual cordialidad en el trato hacia el alto cuerpo y redoblaron la embestida advirtiendo que es “casi es una afrenta al género que habiendo tantas magistradas de gran nivel académico y judicial en la provincia se elija a la que no tiene ningún mérito jurídico”.

Susana María Paola Firpo, el nombre en medio de la polémica, es una abogada de 44 años, egresada de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1997 y luego obtuvo el título de Especialista en Derecho Procesal Penal, en la misma casa de estudios. Ingresó al Poder Judicial en 1991 y desde entonces se desempeñó como escribiente, secretaria de un Juzgado de Instrucción, defensora suplente; y actualmente es relatora de la Sala Penal del STJ.

La asociación de jueces también puso bajo sospecha las actuaciones del Consejo de la Magistratura, al señalar que Firpo “nunca ganó un concurso” y que accedió al cargo en la Defensoría de Pobres y Menores “porque ampliaron el concurso en que había salido tercera, cercenando a quienes esperaban una nueva instancia”.

Unos días después, en una reunión con algunos integrantes del STJ, los magistrados fueron más allá y les pidieron a los vocales que al momento de realizar las designaciones lo hagan teniendo en cuenta la “carrera judicial y experiencia” de los interinos y hasta se permitieron sugerirles “que el perfil del juez de la nueva Casación Penal de Entre Ríos sea la de un camarista”, según dijo luego el presidente de la entidad, Alberto Seró.

Reacción

La postura de los magistrados generó una inmediata reacción del Colegio de Abogados. Marciano Martínez, como director del Instituto de Derecho Penal de la entidad, salió al cruce y manifestó su “disenso” respecto de la postura de los jueces y pidió “que la selección se haga, no excluyendo a ningún sector sino atendiendo a la idoneidad, probidad e independencia que debe tener un buen juez”.

En una declaración a Página Judicial, el abogado penalista consideró que la postura de los magistrados “excluye a otros sectores del saber penal que están en condiciones de ejercer esta importante magistratura” y apuntó que “existen abogados en el ejercicio de la profesión que han demostrado tener idoneidad necesaria para desempeñar transitoriamente estos cargos hasta que sean cubiertos con intervención del Consejo de la Magistratura, lo mismo que otros miembros del Poder Judicial que no integran las salas penales”.

Y en esa línea, puso como ejemplo la integración de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, “que ante una situación similar se acudió a abogados en el ejercicio de la profesión con conocimiento en esta materia y con personalidad suficiente para desempeñarse en este fuero”.

En el mismo sentido se expresó Guillermo Mulet, otro penalista del foro local, quien tildó de “repulsivo” el argumento de la Asociación de Magistrados, al tiempo que lo consideró como “un insulto a la doctora Firpo y una mera defensa corporativa” y aseguró que los representantes de la entidad “mostraron las uñas y lo hicieron de la peor manera”.

Mulet afirmó que “el hecho de ser integrante de una Cámara no da mayor mérito que el que puede tener cualquier abogado en ejercicio u otro integrante del Poder Judicial. Cada uno en su lugar es parte de la estructura de una justicia que debe mejorar día a día, pero flaco favor le hacen a ella, aquellos que juzgan con ataques arteros, supuestamente defendiendo el ‘genero’, cuando no son más que portadores de un estandarte corporativo, que pretende blindar al Poder Judicial de nuevas mentes y renovados recursos humanos”, apuntó a Página Judicial.

Por su parte, Julio Federik, también penalista paranaense, reconoció que “el ejercicio intenso de la profesión les da a los abogados un valor agregado que no tienen aquellos que no lo han hecho; y el Superior Tribunal de Justicia debería también poner la mirada sobre los abogados, porque de lo contrario parece que están haciendo una cuestión muy corporativa”. No obstante, aclaró ante este medio que no recibió ninguna propuesta para integrar el nuevo tribunal.

Tribunal de revisión

La flamante Cámara de Casación Penal fue implementada inicialmente por decreto, en 2009, y su creación se formalizó en 2011, cuando la Legislatura sancionó la Ley Número 10.049. El objetivo es que haya dos tribunales que realicen una revisión amplia de las sentencias dictadas de los tribunales de juicio –sean condenas, absoluciones o sobreseimientos–, sustrayendo la competencia que ahora tiene la Sala Penal del STJ, pero garantizando la aplicación del “doble conforme”.

El objetivo es agilizar los procesos penales y evitar que la Sala de Asuntos Constitucionales y Penal del alto cuerpo se vea saturada de expedientes, sobre todo a partir de la puesta en vigencia en toda la provincia del nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos. Para eso se propone que haya dos tribunales, uno en Paraná y otro en Concordia.

Esta semana, en su primera reunión del año, el Consejo de la Magistratura resolvió llamar a concurso de antecedentes y oposición para designar a los integrantes del nuevo tribunal y en los próximos días se formalizará la convocatoria, según lo confirmó el propio secretario general del organismo, Gustavo Castiglioni. Mientras tanto, la Sala Penal del STJ tiene la facultad de designar interinamente a sus representantes, como ante cada vacante que se produce en el Poder Judicial. Y así lo hizo.