Se demoran causas sobre dirigentes políticos que están en funciones
25/02/2014
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Las causas sobre dirigentes políticos suelen tener un tratamiento especial por parte de la Justicia. Sobre todo cuando los imputados integran el oficialismo de turno. Bastos ejemplos confirman esta tesis. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Las causas sobre dirigentes políticos suelen tener un tratamiento
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Las causas sobre dirigentes políticos suelen tener un tratamiento especial por parte de la Justicia. Sobre todo cuando los imputados integran el oficialismo de turno. Bastos ejemplos confirman esta tesis.
En la actualidad tres dirigentes en funciones están bajo la lupa judicial. Se trata del presidente de la Cámara de Diputados y titular de UPCN, José Ángel Allende; el diputado provincial y ex intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón; y el ex vicegobernador y hasta hace poco funcionario provincial, Héctor Alanis.
El primero fue denunciado por el Semanario Análisis el 19 de abril de 2012. Está imputado en una causa en la que se investigan supuestas maniobras irregulares en la entrega de subsidios por unos 30.000 pesos mensuales a una entidad integrada por él mismo durante varios años. En el caso también está involucrada la mujer del legislador, Adriana Sattler, quien está al frente de la entidad que fue beneficiada. Hace seis meses que el expediente se durmió luego de que se pidan informes a organismos estatales como el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER). La dilación la reconocieron ante Página Judicial en la Procuración General. El próximo paso previsto es hacer un relevamiento de los bienes del sindicalista reelegido nuevamente hace unas semanas para presidir el cuerpo legislativo. En las próximas semanas se cumplirán dos años y aún no hay acusación pese a la contundente publicación periodística.
El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Jorge Amilcar García, apeló el sobreseimiento sobre Darrichón y su entonces secretario de Gobierno, Héctor Miguel Zapata. Se los acusa de haber incurrido en un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en virtud de la omisión de transferir los fondos correspondientes a aportes jubilatorios de los empleados municipales a la Caja de Jubilaciones municipal. La apelación fue presentada el 22 de febrero de 2013. El sobreseimiento lo firmó el juez de Instrucción, Jorge Barbagelata, 14 días antes. El magistrado determinó que no existió delito, sino una administración “negligente” de los recursos de la Caja. También consideró que el problema fue el déficit permanente de la comuna. El expediente descansa en la Sala Primera de la Cámara Primera en lo Penal de Paraná integrada por Miguel Angel Giorgio, José María Chemez y Hugo Daniel Perotti.
El recurso presentado por el fiscal Eduardo Guaita tiene como objetivo que se dicte el procesamiento de Zapata y se mantenga el pedido de desafuero de Darrichón.
Alanís: idas y vueltas
La Cámara Primera en lo Penal dispuso el sobreseimiento de Alanís, su sobrino Maximiliano, el ex director administrativo, José Crettón Pereyra y el ex vicepresidente primero del Senado, el ex legislador provincial Humberto Ré (UCR-Diamante). Se trata de la reconocida causa por el desvío millonario de fondos del Senado entrerriano, entre 1995 y 1999.
El voto que fundamentó la medida que sobreseyó a los imputados fue argumentado por el camarista subrogante Elvio Garzón -actual juez de Instrucción- y contó con la adhesión de los vocales Perotti y Giorgio.
El 30 de abril del año pasado la jueza de Instrucción 6, Marina Barbagelata, había dictado el procesamiento tras la presentación del procurador general que provocó la continuidad de la investigación, pese a los intentos por archivarla por el entonces juez de Instrucción, Héctor Toloy, quien antes de hacerse cargo del organismo judicial se había desempeñado como asesor del Senado. Detalles del buen diálogo entre los poderes.
Lo cierto es que la fiscal Laura Cattáneo, al hacer la acusación, criticó duramente a la etapa de instrucción por su “ligereza y falta de rigor analítico” respecto de “un hecho institucional gravísimo”, como lo es que “un vicegobernador y altos funcionarios de uno de los máximos poderes del Estado provincial, el Senado, sustraigan fondos públicos mediante una cuenta fantasma”.
El recurso de Casación fue presentado el 11 de noviembre pasado por García, según se informó a Página Judicial. Al planteo de anulación de la sentencia adhirió la Fiscalía de Estado, ya sin órgano de investigación tras la disolución de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), quien inició la pesquisa. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene ahora en sus manos el expediente. Resuelve la Sala Penal del STJ, integrada por Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.
Lejos y hace tiempo
El 27 de noviembre de 2012 se aseguró en tribunales que era inminente la elevación a juicio del ex senador justicialista, Raúl Taleb. El anuncio lo hizo ante este medio el fiscal de la causa, Gilberto Robledo. Fue luego de que la Sala Segunda de la Cámara Primera Penal de Paraná integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Raúl Herzovich (fallecido) confirmara el 26 de septiembre el procesamiento en la causa que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia la realizó su coterráneo y adversario político, el dirigente radical Rodolfo Parente, quien entiende que el ex senador y embajador en Cuba tuvo un “ostensible crecimiento patrimonial”.
La causa la patrocinó el juez Civil y Comercial de Diamante, Julián Halli Obeid. Pero al ex senador lo juzgará la Sala Primera de la Cámara Penal de Giorgio, Chemez y Perotti. “No hay fecha porque aún no a terminado la instrucción suplementaria”, se informó a Página Judicial desde los tribunales.
El expediente judicial se inició el 17 de noviembre de 2003. Taleb se desempeñaba como senador cuando se presentó espontáneamente para prestar declaración, pero esa solicitud fue rechazada porque no había hecho la presentación formal en la que debía dar cuenta que tenía fueros. El 10 de diciembre del 2011 pasado dejó su banca en el Senado.