Los fiscales de Concordia tratan de individualizar a policías sublevados
17/12/2013
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El pacto de impunidad nació débil. Era difícil de digerir para los ciudadanos que habían pasado el día en vilo, injustificable en términos institucionales e insostenible para los operadores judiciales. Ahí, en esa mesa de negociaciones, ganaron los sediciosos. Juan Cruz Varela De la Redacción de
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El pacto de impunidad nació débil. Era difícil de digerir para los ciudadanos que habían pasado el día en vilo, injustificable en términos institucionales e insostenible para los operadores judiciales. Ahí, en esa mesa de negociaciones, ganaron los sediciosos.
A una semana de eso que para algunos fue un “reclamo gremial” y para otros un “acto de sedición”, el coordinador de la Unidad Fiscal de Concordia, José Daniel Costa, confirmó a Página Judicial que ya comenzó a “analizar la prueba” que podría servir como base para luego formalizar las imputaciones contra los policías que eventualmente hayan participado del paro en reclamo de una recomposición salarial.
Los fiscales están dando los primeros pasos en la investigación, para lo cual solicitaron una serie informes a organismos públicos, incluyendo un detalle de quiénes fueron los policías que participaron de las negociaciones con el gobernador Sergio Urribarri. Por estas horas también comenzarán a analizar las imágenes de cámaras de seguridad, fotografías y perfiles de las redes sociales que conformarán la prueba para individualizar a un número de entre treinta y cuarenta “rebeldes” que mantuvieron tomada la Jefatura Departamental de Concordia durante más de un día.
La irrupción por la fuerza en la sede policial es un elemento que podría tomarse en cuenta para una eventual acusación por el delito de sedición, tal la acusación que enfrentan quienes “se alzaren en armas para arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales y que se extiende a quienes “sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Costa explicó que “toda la Unidad Fiscal está trabajando en este tema” y enfatizó que “el objetivo que nos pusimos inicialmente fue recolectar toda la prueba, para luego analizarla y establecer qué responsabilidad tuvo cada uno y qué figura penal se puede imputar”, pero adelantó que “el trabajo que viene no es sencillo y puede llevar meses”.
Mientras tanto, los fiscales ordenaron más de doscientos allanamientos en domicilios particulares, en los que se han recuperado elementos robados durante el acuartelamiento policial. Entre las viviendas allanadas hay diez que pertenecen a familiares directos de efectivos policiales, agentes penitenciarios y municipales de Concordia.
De hecho, durante el fin de semana se produjeron algunas detenciones –nadie vinculado a las fuerzas de seguridad–, pero esas personas ya fueron liberadas. No obstante, podrían ser imputadas por los delitos de hurto calamitoso y robo en banda, que prevén penas de hasta 10 años de prisión y se agravan si fueran cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
El ojo federal
Mientras tanto, la comisión de fiscales federales creada por la procuradora general de la Nación continúa con su tarea de recolección de información. Los cuatro fiscales designados por Alejandra Gils Carbó ya tuvieron su primera reunión para trazar las líneas de acción en la tarea de centralizar las investigaciones que se desarrollen en todo el país, tanto en el fuero federal como provincial.
La comisión está coordinada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y por ahora la integran los fiscales generales José Ignacio Candioti (Paraná), Federico Martín Carniel (Resistencia) y Adolfo Raúl Villate (Rosario).
En diálogo con Página Judicial, Candioti explicó que “el trabajo consiste en hacer un relevamiento de las causas abiertas en todo el país, sistematizar la tarea del Ministerio Público Fiscal, coordinar acciones tendientes a asegurar la coherencia en la tipificación de los delitos y establecer una unidad en la acción de los fiscales”. Para eso, Candioti ya se reunió con el procurador general de Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, ya que las investigaciones en la provincia están en manos de la Unidad Fiscal de Concordia.
Candioti subrayó que la comisión trabaja sobre la hipótesis de que “pudo haber una acción coordinada entre integrantes de las distintas fuerzas policiales que se alzaron en cada distrito y eso, a su vez, podría tener una vinculación con la multiplicación de saqueos en varias provincias”.
En esa línea se expresó, por ejemplo, el Gobierno santafesino en la denuncia penal que presentó el fiscal de Estado, Pablo Saccone, contra los policías que encabezaron la revuelta: “La movilización de personal perteneciente a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego, haciendo ostentación de las mismas en circunstancias extrañas al servicio y en tren de arrancarle medidas al poder público, importa naturalmente un alzamiento contra tales poderes provinciales, accionar que está severamente reprimido por la ley penal argentina, a lo cual cabe señalar que se trata de un accionar que no está limitado a la Provincia de Santa Fe, sino que se ha extendido por todo el país, poniendo en riesgo la vigencia de las instituciones de la República y de la Constitución Nacional”.
Como sea, Candioti aclaró que “esta hipótesis puede ser corroborada o no” y para eso la comisión tendrá un plazo de 60 días. Si efectivamente se comprobara que hubo una vinculación entre la multiplicación de saqueos en distintas provincias y las protestas policiales, entonces podría radicarse alguna denuncia penal.