Los policías volvieron a patrullar, pero serán denunciados penalmente
10/12/2013
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Después de un día de tensión y anarquía, finalmente los policías acuartelados en la Jefatura Departamental de Concordia aceptaron la propuesta salarial del Gobierno y volvieron a patrullar las calles. Poco a poco la ciudad vuelve a la normalidad, ya sin las improvisadas barricadas montadas en
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Después de un día de tensión y anarquía, finalmente los policías acuartelados en la Jefatura Departamental de Concordia aceptaron la propuesta salarial del Gobierno y volvieron a patrullar las calles. Poco a poco la ciudad vuelve a la normalidad, ya sin las improvisadas barricadas montadas en pleno centro, y los patrulleros circulan otra vez por la ciudad.
Al aumento salarial y el acuerdo para abrir una negociación paritaria inédita en febrero, el Gobierno asumió el compromiso de no iniciar “actuaciones administrativas que deriven en sanciones contra ningún agente policial que haya intervenido en las manifestaciones de protesta”, según consta en el acta que firmaron el propio Sergio Urribarri, varios funcionarios, los policías “rebeldes” y el obispo Luis Collazuol.
Sin embargo, allende el acuerdo al que arribaron con el Gobierno, los policías podrían ser perseguidos penalmente por los hechos ocurridos mientras duró el acuartelamiento y enfrentan posibles denuncias penales por sedición e instigación a cometer delitos.
El procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, ratificó su voluntad de investigar a los policías que se retiraron de las calles y a partir de hoy “se empezarán a cursar las acusaciones contra los policías que tomaron la Jefatura Departamental de Concordia”, adelantó a Página Judicial.
“Los policías no pueden hacer planteos gremiales, tienen a su cargo la custodia de un derecho humano básico que es la seguridad ciudadana y para eso el Estado les otorga el monopolio de la fuerza y la potestad de portar armas; entonces no es posible que tomen esas mismas armas para extorsionar a un Gobierno. Es como si un día los jueces decidieran liberar a todos los delincuentes a la calle para sembrar el caos y les dieran vía libre para cometer cualquier tropelía”, señaló el jefe de los fiscales de la provincia.
Sediciosos
Así las cosas, el fiscal Fabio Zabaleta inició una actuación de oficio y avanzará en las próximas horas en las imputaciones contra un grupo de entre 30 y 40 policías que el domingo irrumpieron violentamente y se acuartelaron en la Jefatura Departamental de Concordia. Los efectivos ya estarían identificados.
Estos policías serían acusados por los delitos de sedición e instigación a cometer delitos, previstos en el Código Penal con penas de hasta seis años de prisión.
En cuanto al delito de sedición que se imputa a los policías “rebeldes”, el procurador explicó que “hicieron un acuartelamiento, dejaron a una ciudad indemne y lo anunciaron. Eso no es una petición por mejora de salarios, sino una situación extorsiva, un quebrantamiento de la ley”.
Si bien la de sedición es una figura que penaliza cualquier alzamiento contra el orden institucional, y este no parece ser el caso, el artículo 229 del Código Penal prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes “se alzaren en armas para arrancarle alguna medida o concesión” a las autoridades provinciales. Inclusive, el artículo 232 prevé que “en caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores”.
El Código Penal sanciona al que “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. El procurador explicó que esta figura penal “se concreta en robos calamitosos, aprovechando la situación de conmoción pública; pero si se demuestra que la muerte de una persona también está relacionada con los saqueos, también tendrán que responder como instigadores por ello”.
En cuanto a los otros policías que se manifestaron en distintas localidades de la provincia, autoridades políticas como policiales y judiciales consultadas por Página Judicial dejaron entrever que no serían perseguidos penalmente ni tampoco recibirían sanciones disciplinarias a partir del acuerdo suscripto en Concordia.
De todas maneras, este conflicto –y la decisión del Gobierno de sentarse en una mesa paritaria con efectivos policiales– reabre una discusión no saldada, por la ausencia de una ley expresa, sobre es la sindicalización de las fuerzas de seguridad, un tema que desde hace un tiempo vienen planteando los policías que reclaman su derecho, como trabajadores, de conformar un organismo de representación colectiva que defienda los intereses laborales del sector, sin que eso resienta sus funciones específicas.