Detuvieron en Paraná a otro militar acusado por crímenes de la dictadura

14/11/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dispuso la detención del coronel Guillermo Jorge Francisco Quintana, por la privación ilegítima de libertad y torturas aplicadas contra cinco ex presos políticos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Paraná durante la última dictadura cívico-militar. Juan


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dispuso la detención del coronel Guillermo Jorge Francisco Quintana, por la privación ilegítima de libertad y torturas aplicadas contra cinco ex presos políticos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Paraná durante la última dictadura cívico-militar.

Quintana, un coronel de 62 años, se presentó espontáneamente ante el juez el 30 de octubre, prestó declaración indagatoria asistido por la defensora oficial Silvana Davite y quedó detenido en la Unidad Penal Número 1.

Si bien el militar es oriundo de Paraná –donde vive su familia– y estaba retirado del servicio activo, prestaba servicios en la Dirección General de Personal de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, en Capital Federal, gracias a una designación promovida por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, con quien tenía una estrecha relación, según se indicó a Página Judicial. Específicamente, trabajaba en la junta de calificaciones, que es la encargada de aprobar los ascensos de los oficiales.

El militar no estaba involucrado en ninguna investigación por delitos de lesa humanidad, hasta que en julio pasado fue imputado por la detención ilegal cinco personas. El caso que más lo compromete es el de María Eugenia Saint Girons, detenida el 11 de febrero de 1977 en el Hospital de Niños de Paraná, apenas después de dar a luz a su hijo, y sometida a torturas físicas y psicológicas en la cárcel.

Saint Girons era pareja de Emilio Osvaldo Feresin, que había sido secuestrado en Santa Fe el día anterior, trasladado a Paraná y torturado en un predio cercano a los cuarteles del Ejército. Allí fue visto por última vez por dos ex detenidas que también fueron sometidas a tormentos en el lugar y declararon en el expediente principal de la causa Área Paraná.

Otra ex detenida que también dio testimonio en la causa contó que “cuando ingresaron a María Eugenia Saint Girons a la Unidad Penal Número 6, en el año 1977, la llevan a torturar enfrente, a la unidad familiar de la Unidad Penal Número 1” y agregó que “las celadoras de la UP 6 venían a buscar a su bebé, que estaba a nuestro cuidado, para llevárselo y que lo amamante entre las sesiones de tortura”.

La causa que lo tiene como procesado y con prisión preventiva está caratulada como “Comisión delitos de lesa humanidad años 1976/1977” y se inició el año pasado como un desprendimiento de la denominada megacausa Área Paraná. Por este hecho, a Quintana se le imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad; vejaciones, severidades, apremios y la imposición de tormentos.

Quintana fue designado por Juan Carlos Trimarco, el jefe de la represión en Entre Ríos, como oficial instructor para los consejos de guerra a partir del 4 de marzo de 1977 e intervino en interrogatorios en los que los detenidos eran obligados a firmar declaraciones incriminatorias bajo tortura. En el caso de Saint Girons, el 9 de agosto de 1977 fue condenada a 12 años de prisión en una de esas parodias de juicios militares que se realizaron durante la dictadura, y como prueba de cargo se utilizaron dos declaraciones que fue obligada a firmar ante Quintana.

Otras manchas

Si bien, como se dijo, Quintana no tiene otras causas judiciales abiertas, su actuación ya había generado sospechas en la investigación por crímenes cometidos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú durante la última dictadura, y el Tribunal Oral Federal lo advirtió en la sentencia del juicio celebrado el año pasado.

“Como militar (Quintana) realizó actuaciones referidas al caso de Papetti y tomó declaraciones a detenidos en Comunicaciones del Ejército, aclaró que éstos normalmente llegaban a su oficina esposados, los acompañaba un guardia, aseados, con ropa de civil y cuando declaraban lo hacían solos, hablaban de modo desenvuelto y a veces incriminaban a otras personas, las indagaciones estaban dirigidas a dilucidar si estaban incursos en algún delito vinculado a la subversión, motivos de su detención y que actividades desarrollaban”, dejó dicho el tribunal, citando su propia declaración testimonial durante la instrucción de aquella causa.

La referencia del tribunal es de la investigación por la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti, secuestrado el 16 de marzo de 1977, del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”, en la que también podría estar involucrado Quintana.

Asimismo, el tribunal consignó en esa sentencia que el mismo Quintana fue quien trasladó desde la cárcel de Coronda hacia Paraná al periodista Juan José Durantini, el 23 de diciembre de 1976, después de permanecer nueve meses detenido ilegalmente.