Los bancos se niegan a pagar impuestos por la pesificación

28/10/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La crisis que estalló en diciembre de 2001 generó, tal vez, el peor derrumbe social de la historia argentina. Pero lo que se vivió en esos días fue más allá, significó el fin de un modelo económico neoliberal que había sentado sus bases varias décadas atrás,

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

La crisis que estalló en diciembre de 2001 generó, tal vez, el peor derrumbe social de la historia argentina. Pero lo que se vivió en esos días fue más allá, significó el fin de un modelo económico neoliberal que había sentado sus bases varias décadas atrás, y puso en la mira a la dirigencia política en general.

Los coletazos de esa crisis política, social, económica y financiera no cesaron en ese diciembre y aún hoy resulta difícil de describirlos en palabras: desocupación, pobreza extrema, desnutrición, salarios de hambre, jubilaciones miserables, falta de expectativas, son algunas de las secuelas sociales que dejó la década de la convertibilidad.

Con ese escenario, las primeras medidas que tomó el gobierno de transición fueron la declaración de emergencia económica, la salida de la convertibilidad y una consecuente devaluación de la moneda. Con los ahorristas y los bancos, se buscó una solución política: se prometió inicialmente preservar los dólares de los ahorristas y pesificar 1 a 1 los préstamos de los deudores, pero esa medida terminó precediendo a la pesificación asimétrica y el salvataje a los bancos. ¿Cómo? Se pesificaron los depósitos a 1,40 pesos por dólar (actualizada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, CER, o por el Coeficiente de Variación de Salarios, CVS) y se concedió una compensación a las entidades financieras para equilibrar la pérdida patrimonial de esa asimetría.

Ese es el origen de una historia compleja y todavía no saldada.

En su momento, los fiscos provinciales computaron esos bonos a los efectos de la base imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos, a pesar de que los bancos no lo declararon como “ingreso” sino como “reajuste de capital” y que, eventualmente, deberían tributar ante la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP).

Así lo hizo la Dirección General de Rentas (DGR), mediante una resolución del año 2006 por la cual se grava mediante ese tributo los bonos cobrados por la pesificación asimétrica y la compensación CER/CVS correspondientes al ejercicio 2002.

Las entidades crediticias cuestionaron esas disposiciones. En primera instancia lo hicieron a nivel administrativo, ante el Ministerio de Economía y después ante el Banco Central. La respuesta fue que “es equivocado el criterio de atribuir estos ingresos siempre al lugar de la sede central de la entidad”, es decir, reconoce la autonomía de las provincias “para gravar la parte de ingresos que les corresponda en proporción a la sumatoria de los ‘ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas’ de cada jurisdicción en que la entidad tuviere filiales habilitadas”.

Con esas resoluciones a mano, después de hacer una fiscalización a los bancos, la Provincia determinó el monto que debían abonar por ese concepto e inició las acciones de cobro. Una fuente oficial le confirmó a Página Judicial que en 2012, ingresaron al fisco entrerriano unos 3 millones de pesos.

El camino judicial

Pero entonces las entidades recurrieron esas disposiciones y uno de ellos, el Bank Boston –hoy en manos del grupo chino ICBC–, judicializó la discusión. La entidad presentó una acción declarativa ante la Justicia Federal de Paraná cuestionando “un accionar ilegítimo” de la provincia de Entre Ríos a partir de “la pretensión del Gobierno local de gravar la ejecución de medidas adoptadas por el Estado Nacional en ejercicio de facultades exclusivas y excluyentes”.

Asimismo, solicitó que se dicte una medida cautelar para que la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) se abstenga de iniciar cualquier acción tendiente a obtener el cobro compulsivo de multas que le fueron impuestas por la DGR, hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre el tratamiento fiscal que corresponde aplicar a los bonos otorgados por el Estado Nacional en compensación por la pesificación asimétrica.

Inicialmente, el juez se declaró incompetente para entender en el asunto, atento a que, como se plantea una colisión de normas locales y federales, no existen obstáculos para que la causa se tramite en los tribunales ordinarios y, en su caso, la cuestión sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó este argumento y devolvió las actuaciones al juez federal.

En un párrafo del fallo, y citando un dictamen emitido por la Procuración General de la Nación en un caso similar que tiene al Gobierno porteño en litigio con otras entidades bancarias, el tribunal expresó que “lo que determina la competencia federal no es la ilegitimidad del gravamen local invocada a la luz del régimen de coparticipación federal de impuestos, sino la cuestión constitucional atinente a la alegada interferencia que la pretensión tributaria local podría producir al ejercicio de facultades propias que la Nación puso en práctica para conjurar la emergencia pública económica, financiera y cambiaria declarada”.

Así las cosas, a diez años de aquella medida que no fue más que una compensación por las pérdidas de los bancos, el asunto aún no está saldado. Por el contrario, la batalla judicial es para determinar si el Estado entrerriano debe o no devolver los montos que ya les cobró a las entidades financieras.