Diez años de impunidad

14/10/2013

Juan Cruz Varela La megacausa Area Paraná, en la que se concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos, está a punto de cumplir diez años sin sentencia. Tiene 52 víctimas, se investigan 5 desapariciones forzadas de personas, hay 10 represores procesados y otros 11

Juan Cruz Varela

La megacausa Area Paraná, en la que se concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos, está a punto de cumplir diez años sin sentencia. Tiene 52 víctimas, se investigan 5 desapariciones forzadas de personas, hay 10 represores procesados y otros 11 fallecidos durante el proceso.

La causa concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Entre Ríos. Se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad. En diciembre de 2003, el fiscal general Ricardo Alvarez pidió su desarchivo y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente. Diez años después, la causa Área Paraná se mantiene como en una nebulosa.

Ante la irritante demora del proceso, la agrupación Hijos Regional Paraná lanzó hace unos días una campaña de recolección de firmas para exigir celeridad en el proceso. “En esta década que termina, que ha sido la década del juicio y castigo en Argentina, la Justicia Federal de Paraná no ha sabido hasta ahora cumplir con su parte y sigue en deuda con las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y el pueblo en su conjunto”, manifestaron.

Lo cierto es que el camino que ha recorrido el expediente ha sido un poco más pedregoso que eso. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Material Penal de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones sean escritas. Saldada esa discusión, entre 2009 y 2011, fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio en julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero desde entonces la causa volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas.

Los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti calificaron la maniobra como una “fiesta de recusaciones”, con la cual los represores impugnaron a nueve magistrados: tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, la Cámara designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero con el correr de las actuaciones, fue recusado y luego ocurrió lo mismo con Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi. Los argumentos suelen ser ridículos. En el caso de Cabrera, por ejemplo, llegó a ser acusado de tener “resentimiento”, “encono” y “animadversión” hacia los imputados y fue recusado por su condición de apoderado del PJ de Entre Ríos, ya que el partido ha expresado “un interés explícito y manifiesto en obtener condenas” en las causas por delitos de lesa humanidad, según dijeron. No menos absurdo es el pedido para apartar a Leandro Ríos por ser hijo de Aníbal, que había intervenido antes en el expediente.

“Con esas maniobras, y por la forma engorrosa que tiene el trámite en el antiguo sistema penal, los represores lograron que cada recusación se tramitara hasta el hartazgo y así se fue dilatando el proceso”, admitió en off un funcionario judicial consultado por Página/12. “Era una sucesión de recusaciones y se notaba que había una actuación coordinada entre ellos”, acotó.

Inclusive, uno de ellos, el ex policía Cosme Demonte, llegó a formular una denuncia penal en la justicia provincial contra Ceroleni y el secretario Juan Rosas Paz por abuso de autoridad, la cual fue archivada sin más trámite; y hace unos días ingresaron al Consejo de la Magistratura tres denuncias de Demonte y Jorge Humberto Appiani, otro de los imputados, contra los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones por “enemistad manifiesta” y contra el secretario del juzgado por “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de los actos de oficio”.

Así las cosas, hace unos días la Cámara tomó dos decisiones que podrían sacar a la causa del estancamiento: confirmó a Leandro Ríos como juez de sentencia y ordenó continuar con la ronda de contestaciones de las defensas de los represores a las acusaciones de los fiscales y querellantes, tal como establece el código escrito.

Al mismo tiempo, dictó una resolución por la cual rechazó in límine numerosos planteos efectuados por Demonte y Appiani, por considerarlos “a todas luces infundados” y con el único objetivo de frenar “los esfuerzos que la sociedad toda, y el Poder Judicial en especial, viene desarrollando para llevar adelante la intensa tarea de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar”. Del mismo modo, el juez Ríos les llamó la atención a ambos por las dilaciones que esos recursos generan en la tramitación del expediente.

De todas maneras, aún cuando no se produzcan nuevas dilaciones, la causa no tendrá sentencia este año. El antiguo código prevé que tras los descargos de las defensas, se abra una etapa de producción de prueba, en la cual las víctimas esperan poder dar testimonio en instancias públicas, y luego el pedido concreto de pena y el veredicto.

Los acusados

José Anselmo Appelhans. Suboficial del Ejército, ex director del Servicio Penitenciario, 85 años. Está acusado por delitos que en forma genérica se configuran como secuestros y torturas en perjuicio de 40 víctimas. Cumple arresto domiciliario en Paraná.

Jorge Humberto Appiani. Oficial del Ejército, 60 años. Se lo acusa por secuestros y torturas en perjuicio de 35 ex detenidos políticos, entre los que se cuentan los desaparecidos Victorio Erbetta y Claudio Fink. Se encuentra detenido en la cárcel de Paraná.

Rosa Susana Bidinost. Ex directora de la cárcel de mujeres, 72 años. Se le imputan la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de 7 víctimas. Cumple arresto domiciliario en Gualeguaychú.

Cosme Ignacio Marino Demonte. Ex oficial de la Policía Federal, 61 años. Está acusado por el secuestro de los desaparecidos Erbetta y Pedro Miguel Sobko, y por el homicidio de este último. Se encuentra detenido en la cárcel de Paraná.

Ramón Genaro Díaz Bessone. Ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, 87 años. Está acusado por el secuestro y tortura de 44 víctimas, entre los que se cuentan los desaparecidos Erbetta, Fink, Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna, y el homicidio de este último, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2007. Cumple arresto domiciliario en Capital Federal.

Hugo Mario Moyano. Médico del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Aérea, único civil imputado, 64 años. Está acusado por la imposición de torturas a 7 víctimas. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Paraná.

Oscar Ramón Obaid. Ex suboficial del Ejército, 61 años. Está acusado por el secuestro y tortura de 2 ex presos políticos. Cumple arresto domiciliario en Santo Tomé.

Alberto Rivas. Mayor del Ejército e instructor del consejo de guerra, 79 años. Está acusado por los delitos de secuestros y torturas en perjuicio de 33 víctimas. Cumple arresto domiciliario en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Carlos Horacio Zapata. Ex policía de Entre Ríos, 67 años. Se lo acusa por el secuestro y tortura de 13 personas. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Diamante.

Luis Francisco Armocida. Ex policía de Entre Ríos, 79 años. Estaba acusado por el secuestro y tortura de 6 víctimas. Fue separado del proceso el año pasado por razones de salud.

Fallecidos: los militares Leopoldo Fortunato Galtieri, Juan Carlos Trimarco, Abel Teodoro Catuzzi, Carlos Patricio Zapata; los policías federales Constantino Francisco González, Carlos María Cerrillos, José Faustino Fernández, Osvaldo Luis Conde, los policías entrerrianos Daniel Manuel Rodríguez, Alfredo Ismael Duré y Ramón Oscar Balcaza.

Fuente: Página/12.