El año próximo comenzarían las obras de refacción del edificio del Comando
01/10/2013
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Mientras el Parlamento debate el presupuesto nacional para el año 2014, no cesan las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema. Es que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –y que ya tiene media sanción de Diputados– contempla un 20% de recorte a la
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Mientras el Parlamento debate el presupuesto nacional para el año 2014, no cesan las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema. Es que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –y que ya tiene media sanción de Diputados– contempla un 20% de recorte a la solicitud efectuada por el Poder Judicial.
El presupuesto del Poder Judicial está compuesto por los gastos del Consejo de la Magistratura, que contempla el funcionamiento de los juzgados y cámaras de apelación de diversos fueros, y los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Allí se contemplan un importe de 22,9 millones de pesos para la refuncionalización y refacción de edificios de los tribunales federales entrerrianos durante 2014; y una estimación de 23,9 millones de pesos para obras a desarrollar en 2015 (ver adjunto). Sin embargo, esto deberá ser revisado a partir del recorte efectuado por el Poder Ejecutivo y que obliga al Poder Judicial a realizar un ajuste en sus proyecciones.
A través de la Acordada 27/13, fechada el 11 de septiembre, la Corte Suprema aprobó el presupuesto de gastos para el año 2014, tanto respecto del máximo tribunal, como del Consejo de la Magistratura. La suma establecida para todo el Poder Judicial es de 11.576.851.994 pesos (léase, más de 11.000 millones), contempla un aumento del 35% respecto de lo determinado para el año 2013, y se divide en 2.847.860.251 pesos para gastos de la Corte Suprema y 8.728.991.743 pesos para el resto del Poder Judicial.
La acordada, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, recordó que le correspondía a la Corte Suprema “establecer la previsión cualitativa y cuantitativa de las erogaciones consolidadas previstas para la jurisdicción, para el próximo ejercicio presupuestario, a los efectos de su comunicación al Congreso Nacional”.
Sin embargo, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados –y que seguramente será ratificado por el Senado– fija para el Poder Judicial 2.379.809.004 pesos menos de los que había solicitado la Corte Suprema, pero un 17,5% más que en 2013.
Las obras en números
Las modificaciones aprobadas por el Parlamento ponen en jaque algunas inversiones en infraestructura previstas por la Corte Suprema: adquisición de edificios destinados a diversas dependencias del Poder Judicial; la construcción de dos nuevos edificios, uno destinado al Archivo General y otro para la Morgue Judicial y el Cuerpo Médico Forense; la refuncionalización integral de otros edificios existentes; y la continuación del plan de preservación y adecuación del Palacio de Justicia de la Nación.
Entre Ríos está contemplado en el plan de obras de infraestructura. El Consejo de la Magistratura proyectó, a través de la Resolución Número 154/13 CM, “las necesidades de los tribunales y organismos pertenecientes al resto del Poder Judicial, incluyendo (…) el plan de obras para el próximo ejercicio financiero”.
El plan de obras, incluido en el Anexo II “B” de la acordada, contempla las previsiones para el trienio 2.14-2016 y, en lo que respecta a la provincia de Entre Ríos, prevé el inicio de las obras de refacción y refuncionalización del ex edificio del Comando de la Segunda Brigada de Caballería de Paraná; la readecuación de dos edificios en Concepción del Uruguay; y, para 2015, el inicio de las obras para el nuevo edificio del Juzgado Federal de Victoria, que todavía no está habilitado.
El detalle muestra una previsión de inversión de 15 millones de pesos para la remode1ación у amрlіасіón del edificio del Comando, en 2014, y otros 16,5 millones de pesos para 2015. El proyecto contempla, en una primera etapa, una serie de trabajos de adecuación del edificio principal para el traslado del tribunal oral, que funcionará en la planta baja; y de los juzgados federales, en el primero y segundo piso; y se prevé la construcción de un tercer piso vidriado (foto 2).
La obra está pensada en función de las restricciones y exigencias que fija el Código Urbano de Paraná y, según se indicó a Página Judicial, la licitación para estos trabajos ya fue aprobada por la Comisión de Infraestructura del Consejo de la Magistratura.
Para una segunda etapa está contemplada la construcción de un nuevo edificio para la Secretaría Electoral, sobre el ala que da a calle Urquiza; y hay un pedido para ceder o transferir una porción de terreno para que se instalen en el mismo predio, en el sector que da a calle Belgrano, las fiscalías y defensorías.
También en Concepción del Uruguay hay obras proyectadas y presupuestadas. La estructura judicial se divide en dos edificios, uno ubicado en calle Galarza 614, donde funcionan los juzgados; y el otro en 9 de Julio 810, donde se encuentran los ministerios públicos (fiscalía y defensa).
En el presupuesto se prevé una readecuación de ambos edificios, de forma tal de que en el de calle Galarza queden el nuevo tribunal oral (todavía no habilitado) y el Juzgado Federal Número 1, con competencia penal; mientras que en el de calle Córdoba se instalaría el Juzgado Federal Número 2, que atiende cuestiones civiles, comerciales, contencioso administrativas, tributarias y de seguridad social. Para el primero se prevé una inversión de 1,7 millones de pesos en 2014 y 3 millones en 2015; y para el segundo se presupuestaron 6,2 millones de pesos para el año próximo.
El Juzgado Federal de Victoria también está incluido en el presupuesto de la Corte Suprema, pero en las proyecciones para 2015, cuando comenzaría la construcción del nuevo edificio en un terreno cedido por la Municipalidad. Mientras tanto, se remodeló una casa alquilada para el funcionamiento de la estructura. El costo de la obra superó el millón de pesos y el alquiler se vence en junio del año próximo, pero el juzgado todavía está lejos de ser habilitado por el máximo tribunal.
Ahora, todas las obras previstas quedaron entre signos de interrogación, a la espera de ver cuáles serán los readecuaciones que hará la Corte Suprema para ajustarse a los nuevos montos.