Fenomenal industria de juicios pone bajo sospecha a jueces de Paraná

26/09/2013

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Los números sorprenden. La Justicia Federal de Paraná se ha convertido en un cúmulo de expedientes que tiene como actores a un sector social concreto que reclama una cuestión concreta. Se trata de demandas contra el Estado Nacional iniciadas por agentes de las fuerzas armadas, policiales y


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


Los números sorprenden. La Justicia Federal de Paraná se ha convertido en un cúmulo de expedientes que tiene como actores a un sector social concreto que reclama una cuestión concreta. Se trata de demandas contra el Estado Nacional iniciadas por agentes de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad de diferentes puntos del país que piden una readecuación de sus salarios. ¿Por qué litigan en Paraná? La pregunta tiene respuesta.

Desde hace cinco años, un grupo de abogados –ninguno entrerriano, salvo uno–, comenzó a presentarse en el Jugado Federal Número 2 de Paraná en representación de gendarmes de distintos puntos de la Argentina. Se pedía allí una readecuación salarial de los hombres de la fuerza.

Un caso que dio luz a una saga judicial que se terminó convirtiendo en una industria del juicio fue el Expediente Número 1329/08, que se inició el 5 de diciembre de 2008. La causa la patrocinaba en aquel entonces la abogada formoseña Adriana Spinelli, en representación de 12 gendarmes. El expediente “Tosoroni, Mario y otros contra Estado Nacional” fue resuelto por Daniel Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal Número 2, que actualmente se desempeña como camarista subrogante. El magistrado, ex oficial de Gendarmería en Formosa durante más de una década, dictó una cautelar para que se liquide como sus antiguos compañeros de la fuerza reclamaban. No fueron los únicos que se beneficiaron con esa medida. El juez subrogante Gustavo Zonis dispuso la caducidad en septiembre de 2009 y ordenó dar por caída la medida cautelar, pero Gendarmería continuó realizando los pagos indebidos. Las presentaciones en el juzgado paranaense continuaron.

La competencia territorial fue un impedimento jurídico que no se tardó en voltear. Aníbal María Ríos declaró la incompetencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para entender en todos los expedientes que le llegaron, pero su voto quedaba en minoría respecto de Alonso y Cintia Gómez, la presidenta del tribunal, santafesina y esposa del diputado nacional ahora massista, Oscar Cachi Martínez.

Luego, Ríos fue designado en el Juzgado Federal Número 2, lugar para el que lo habían convocado originalmente a los fines de cubrir una vacante, pese a estar jubilado. Ríos se desempeñó como camarista desde el 1º de marzo 2009 hasta el 1º de octubre 2010. Desde este día y hasta el 20 de junio pasado lo hizo en el juzgado.

Desde la primera instancia, el magistrado también rechazó la competencia, pero los actores y sus representantes apelaban esa resolución y se encontraban con la suerte de Alonso y Gómez. Mateo José Busaniche, que completaba la cámara, votaba con el mismo criterio del juzgado, en minoría. La misma suerte de Ríos también padeció Myriam Galizzi cuando era jueza subrogante.

Números

Un caso impactante es el de Juan Alberto Manuel Liva, un abogado paranaense y ex gendarme que cumplió tareas en la Agrupación VI “Formosa”. Liva fue pasado a retiro obligatorio en 2003, y confirmado en 2006, después que una junta médica dictaminó que presentaba “‘trastorno adaptativo’, con ansiedad e inhibición laboral específica” y lo clasificó como “incapacitado para todo servicio”. En el informe se aclaró, también, que tal afección no guardaba relación con los actos de servicio.

Liva tiene domicilio para litigar en División Los Andes 1378 de Paraná. Con su firma – según información a la que tuvo acceso Página Judicial – patrocinó el Expediente Número 4310/12, donde representó a 456 actores; y el Expediente Número 4314/12, con el poder de 789 gendarmes.

Una anécdota pinta el cuadro: en una oportunidad un empleado de los tribunales federales le consultó a Liva, como al pasar, cuántas causas tenía en Paraná y a cuántos actores representaba. Con las manos en los bolsillos y muy suelto de cuerpo, el ex gendarme respondió: unas 500 causas y unos 9.000 actores.

Según el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lleva una estadística de causas en todo el país, muestra el exuberante crecimiento de litigios en el Juzgado Federal Número 2 Paraná. Solo en el año 2009 ingresaron 36.386 nuevos expedientes; en 2010, 6.907; y en 2011, 6.361 expedientes. En cambio, en el Juzgado Federal Número 1, con competencia penal y electoral, se mantuvo el nivel de litigiosidad que traía de años anteriores: en 2009 se generaron 346 nuevas causas; en 2010, 4.02; y en 2011, 432.

El conflicto del año pasado entre Gendarmería y el Gobierno nacional, que terminó con un paro por parte de agentes de la fuerza, movió el status quo. Aunque el conflicto surgió como un reclamo salarial, el periodista Horacio Verbitsky denunció en el matutino Página/12 el funcionamiento de una red de corrupción que otorgaba amparos en juzgados amigos. Esos sucesos hicieron que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ya no sea un número puesto para los formoseños porque curiosamente se produjo un cambio de criterio respecto a la competencia territorial.