Volvieron a procesar al intendente de Gualeguay, ahora por peculado

17/09/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Los dolores de cabeza no dan tregua al intendente de Gualeguay. Luis Erro (PJ) sumó un nuevo procesamiento mientras otras causas que lo involucran avanzan a paso firme. Ahora la acusación es por irregularidades en licitaciones para los carnavales municipales del año 2010 y por el

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Los dolores de cabeza no dan tregua al intendente de Gualeguay. Luis Erro (PJ) sumó un nuevo procesamiento mientras otras causas que lo involucran avanzan a paso firme. Ahora la acusación es por irregularidades en licitaciones para los carnavales municipales del año 2010 y por el desplazamiento del tesorero municipal.

Erro fue procesado por el delito de peculado, que prevé una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público “que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”, previsto en el artículo 261 del Código Penal. La misma imputación les correspondió al ex secretario de Hacienda y Producción, Oscar Osvaldo Cabrera; y al secretario privado del intendente, Raúl Morán.

El caso que vuelve a poner a Erro en la mira de la Justicia –es la tercera causa que lo compromete– surge a partir de una denuncia presentada por el ex tesorero municipal, Rodolfo Estapé, por no haber ingresado a las arcas municipales varios cheques emitidos por comerciantes que desarrollan emprendimientos en el predio ferial municipal.

El 28 de mayo pasado, la jueza de Garantías y Transición Alejandra Gómez dictó el auto de procesamiento de Erro, Cabrera y Morán y les trabó un embargo de 1.000 pesos a cada uno. Según pudo saber Página Judicial, la Cámara del Crimen debe resolver ahora la apelación planteada por los funcionarios.

En concreto, al intendente se le imputan dos hechos por irregularidades en la administración de fondos por licitaciones, en el marco de la organización de las fiestas de carnaval del año 2010, porque “habiéndose recibido dinero y cheques en pago de licitaciones, tales valores no fueron ingresados al erario público municipal, tal como lo indican las normas vigentes, sino que se sustraen del ámbito de custodia de la administración en que se encontraban”, tal el resumen que hace la jueza.

En el primero de los hechos, el municipio habría recibido, el 11 de diciembre de 2009, cuatro cheques de 2.500 pesos cada uno que no fueron ingresados a las arcas municipales –como debió hacerse–, sino entregados a otras personas, y recién se registró ese dinero en la contabilidad municipal el 2 de febrero de 2010, un día después de la denuncia presentada por el tesorero municipal, Rodolfo Estapé.

Unos días más tarde habría ocurrido otra operatoria similar: un comerciante que ganó la licitación para la concesión de bebidas para el carnaval entregó dos cheques, uno por 12.510 pesos y otro por 12.500 pesos, por los cuales Cabrera le entregó un recibo. Pero un tiempo después recibió en su casa a otra persona que le pidió cambiar uno de los cheques por dinero en efectivo porque no había podido cobrarlo. Del otro cheque, se supo que fue depositado en Buenos Aires. Por estos hechos fueron procesados el intendente Erro, su secretario privado y el secretario de Hacienda.

La jueza Gómez aseguró que con esa maniobra se desvió “el destino para el cual le fueron encomendados (los cheques), esto es, para la afectación de la licitación de las bebidas del carnaval del año 2010, afectando de este modo la normal y regular marcha de la actividad patrimonial pública”, tal como lo expuso en el auto de procesamiento al que accedió Página Judicial.

“Resulta claro, luego de valorar detalladamente el material probatorio reunido en autos, que precisamente las conductas desplegadas por los coimputados Erro, Morán y Cabrera, han vulnerado la actividad institucional proba que debe signar a la labor de todo funcionario público, concretándose en la ofensa al deber de fidelidad del funcionario con la administración pública”, apuntó la jueza, quien destacó no solo la prueba documental y la denuncia presentada por el ex tesorero, sino que advirtió que las imputaciones fueron corroboradas por “empleados con años de experiencia en el municipio” que declararon en la causa como testigos.

El segundo de los hechos involucra a Erro y Morán –Cabrera recibió la falta de mérito–, por el ingreso irregular y tardío al erario público de 40.000 pesos que un empresario entregó al municipio en concepto de publicidad. En su denuncia, Estapé dice haber recibido el dinero “en mano”, de parte de Cabrera, el 4 de diciembre de 2009, para su guarda, y que el propio funcionario autorizó a Morán a retirar, tres días después, 30.000 pesos. Sin embargo, el dinero recién apareció en la cuenta bancaria del municipio el 22 de diciembre, por lo que la imputación es por el destino incierto que tuvieron los fondos durante esos quince días.

Una a favor

La denuncia contra Erro, Cabrera y Morán fue presentada por Rodolfo Estapé, quien además acusó al intendente de abuso de autoridad, por haberlo desplazado del cargo de tesorero municipal, una función que ejercía interinamente desde diciembre de 2003.

Estapé, un empleado de carrera del municipio, fue desplazado del cargo de tesorero y reubicado en otra área mediante el Decreto Número 022/2010, fechado el 15 de enero de 2010 y fue notificado de la medida tres días después. El 1 de febrero se presentó en los tribunales locales para denunciar las irregularidades en la administración y su cesantía. En la presentación hizo constar que la medida fue “casi de un modo sancionatorio por haber observado y en todo caso resistido realizar determinados actos funcionales requeridos por los funcionarios de aquel departamento”.

Lejos de ello, Erro explicó su decisión de desplazar al funcionario en que Estapé “era interino y había sido designado de forma irregular por el ex intendente (José Salim) Jodor, que lo dejó en el cargo de su padre, pero sin acuerdo del Concejo Deliberante. Por ese motivo se tomó la decisión de cambiarlo”.

Si bien esta situación estuvo a punto de generar un conflicto de poderes entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. Lo cierto es que la jueza Gómez no avanzó en este punto de la acusación y dictó la falta de mérito al intendente Erro por considerar que “resta material probatorio por incorporar”.