Una mujer fue condenada en un simulacro de juicio por jurados

14/09/2013

Juan Cruz Varela ¿El jurado ha llegado a un veredicto? Culpable. Diez de doce jurados consideraron que una mujer debía ser condenada por el homicidio de quien era su pareja en un simulacro de juicio por jurados que se realizó ayer en el salón del Consejo General de Educación (CGE) y que, sin embargo, no

Juan Cruz Varela

¿El jurado ha llegado a un veredicto? Culpable. Diez de doce jurados consideraron que una mujer debía ser condenada por el homicidio de quien era su pareja en un simulacro de juicio por jurados que se realizó ayer en el salón del Consejo General de Educación (CGE) y que, sin embargo, no logró apagar el debate entre entusiastas y detractores.

La actividad fue organizada por el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, que impulsa el debate sobre la reglamentación de un instituto previsto en la Constitución Nacional de 1853 y por los constitucionalistas entrerrianos de 1933, aunque nunca implementado.

Se trata de una forma de juzgamientos que se caracteriza por la participación de los vecinos en la toma de las decisiones, es decir, los propios ciudadanos deciden si el acusado de un delito es culpable o inocente.

La experiencia reunió ayer a una gran cantidad de personas, entre jueces, fiscales, defensores, abogados del foro local y estudiantes. La novedosa experiencia consistió en el análisis de un caso real, con la presencia de un jurado conformado por un grupo heterogéneo de ciudadanos –seis hombre y seis mujeres, entre los que se contaban un desocupado, un joven de 18 años, jubilados, empleados estatales, docentes, personas que no eran de Paraná–; con actores que interpretaban a los testigos y a la acusada; con la participación de Fernando Ávila, funcionario judicial de Necochea, como fiscal; Pablo Iribarren, juez de Río Negro, como defensor; y Mario Juliano, integrante del tribunal de Necochea, como juez técnico.

Un caso real

Una mujer, que en el simulacro fue presentada como Tamara Peña, llegó al juicio acusada por el homicidio de quien era su pareja, Manuel Gómez. Ambos llevaban una relación sin compromisos en los últimos seis meses, marcada en el último tiempo por episodios de violencia y golpes de parte del hombre. Gómez fue presentado como “consumidor de cocaína”, “bebedor”, “mujeriego” y “agobiado por las deudas”. El 3 de marzo de 2011 fue asesinado de un disparo que Peña reconoció haber efectuado en medio de una fuerte pelea y tras recibir una golpiza.

Tras los alegatos de apertura, el juez moderador enumeró una serie de hechos objetivos sobre los cuales no había discordancias entre la versión del fiscal y la del defensor. Los miembros del jurado escuchaban con atención –algunos tomaban apuntes–, sentados como en semicírculo, de frente al público y a los testigos. Habían sido seleccionados con un criterio lo más diverso posible a partir de una preinscripción ante una convocatoria lanzada desde el Colegio de Abogados.

Después de la declaración de un puñado de testigos/actores, la acusada/actriz contó su versión. Con solidez, contó el tipo de relación que tenía con la víctima, las agresiones que sufrió en los meses que estuvieron juntos, detalló cómo se produjo el crimen y hasta puso en aprietos al fiscal.

–Yo me defendía, él intentaba agarrarme y yo intentaba separarlo con mis brazos –narró.

Dijo que mientras discutían, el hombre la insultaba y que en un momento la tomó del pelo y la arrastró hasta azotarla contra el piso. Los papeles volaban en la oficina y, desde el piso, Peña veía cómo Gómez se le iba encima. Entonces tuvo un “flash”: tomó el arma que tenía en la cartera –y que el propio Gómez le había dado unos días antes para su protección–, le apuntó, el hombre se le rió, alcanzó a ver que iba hacia ella con furia.

–Cerré los ojos y disparé –dijo al borde del llanto.

Luego vinieron los alegatos. De cara al jurado, con palabras simples y sin los tecnicismos típicos, el fiscal y el defensor hicieron sus argumentaciones. Entonces los miembros del jurado pasaron a deliberar. Las reglas impuestas establecían que siete votos eran suficientes para un veredicto de inocencia, pero se requerían diez para decretar la culpabilidad de la acusada. Poco más de una hora duraron las deliberaciones hasta que llegó el acuerdo: culpable.

Las deliberaciones desde adentro

Tensas fueron las discusiones en la sala de deliberaciones. Doce personas de distintas extracciones, diversas franjas etarias y grupos sociales debían intercambiar posturas y argumentar su voto de inocencia o culpabilidad para Tamara Peña por el homicidio de quien era su pareja. Para ello debían tener en cuenta las declaraciones de los testigos y los puntos de acuerdo convenidos por las partes. Sin embargo, las discusiones fueron ríspidas.

“Había algunos que no aceptaban posturas distintas a las propias y mucho embate hacia las voces disidentes”, reconoció a El Diario una persona que participó de las deliberaciones. “La mayoría de las personas sostuvo la misma postura de principio a fin, pero hubo algunas variaciones porque de otra forma no se llegaba a un acuerdo”, acotó el integrante del jurado, que admitió haber sido tratado despectivamente en algunos momentos en que intentó incluir en el análisis la perspectiva de género.

El testigo se lamentó de “la liviandad con que las personas, a veces, pueden acusar y condenar a alguien, sin considerar atenuantes ni mirar el hecho en contexto” y agregó: “Creo que como sociedad tenemos mucho que evolucionar para implementar algo así”.

Un poco de historia

“No es momento para tener un juicio por jurados”. Las palabras de Carmen Argibay aportan otro enfoque al debate. La ministra de Corte Suprema aclaró que sus “objeciones actuales parten no de una cuestión de principios, sino de una cuestión empírica y de ver cuáles son las dificultades” y enumeró: “Cuesta mucho que los testigos se presenten a declarar. Si eso pasa con los testigos, cuánto más va a costar traer a los jurados, que es una carga pública. Lo más grave para mí es la falta de educación. Si esto no se soluciona nunca vamos a tener a la ciudadanía para que colabore en la repartición de justicia”, dijo hace unos días en una conferencia.

El juicio por jurados se aplica en Córdoba desde 2005, pero en un esquema mixto, llamado escabinado, constituido por jurados letrados y algunos de extracción popular; y el jueves fue aprobado en la Legislatura bonaerense para juzgar casos de homicidios, violaciones, lesiones graves y torturas que excedan los 15 años de prisión.

En Entre Ríos hubo algunos intentos de instaurar este sistema, tal como lo contara en su momento Página Judicial: ya en 1933 los constitucionalistas previeron este sistema de “jurados que las leyes establezcan”. Recién en 1996 se creó una comisión para analizar el tema, pero la idea no prosperó; ocho años después, en 2004, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para instrumentar este sistema, que tampoco fue debatido y terminó perdiendo estado parlamentario; tampoco en la Convención Constituyente de 2008 fue un tema preponderante, aunque se presentó un proyecto para juzgar “todas las causas sobre delitos contra el honor, y la honestidad”, que tampoco prosperó.

Tras la jornada de ayer, el penalista Miguel Cullen destacó que el tema sea objeto de debate: “Consideramos fundamental difundir entre la ciudadanía no solo su existencia sino la forma en que funciona”, dijo uno de los organizadores de la actividad. “Con este evento pretendíamos comenzar a debatir la democratización de la justicia, que no es otra que la participación ciudadana en la función de administrar justicia”, sentenció.

Fuente: El Diario.