Perito de la Corte analizaría la salud de Pacayut y podría evitar la cárcel
21/08/2013
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Una puerta de esperanza queda para Félix Abelardo Pacayut. Podría evitar la cárcel, donde tiene que cumplir una condena de tres años y cuatro meses de cárcel por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) cuando ostentaba el cargo
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Una puerta de esperanza queda para Félix Abelardo Pacayut. Podría evitar la cárcel, donde tiene que cumplir una condena de tres años y cuatro meses de cárcel por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) cuando ostentaba el cargo de legislador. Su mujer, Ruth Klein, también fue condenada en la misma causa a una pena de dos años de prisión condicional.
El estado de salud del ex senador justicialista provocó en los tribunales de Paraná una serie de procedimientos poco habituales que lo terminarían favoreciendo.
Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia por la que se lo condenó, los abogados defensores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini apelaron a los problemas cardíacos de su cliente y presentaron un informe médico para que se evaluara si estaban dadas las condiciones para que Pacayut sea alojado en la Unidad Penal Nª1 de Paraná.
El Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), encabezado por Luis Moyano, tomó los argumentos de los defensores y determinó que el condenado padecía de un estado de salud precario y no era conveniente avanzar con el cumplimiento de la condena en las instalaciones del penal. El Ministerio Público Fiscal se opuso a la idea de que Pacayut se quede en su casa y apeló la decisión a través de la fiscal Carolina Castagno, quien solicitó que sea una junta médica la que decida sobre el destino del condenado.
Lo cierto es que el tribunal integrado por Miguel Giorgio, Hugo Perotti y Daniel Malatesta; entendió “razonable” la creación del comité requerido y que el mismo sea compuesto por “especialistas de la materia”. En rigor, cardiólogos.
La junta médica no se pudo constituir porque los médicos que integran la lista de los tribunales se excusaron por distintos motivos, esto llevó a la Procuración General a cargo de Jorge García a solicitar al tribunal que sean peritos de la Corte Suprema los que evalúen la historia clínica y los informes de salud de Pacayut.
La Sala 1 de la Cámara del Crimen – según se adelantó a Página Judicial – hizo lugar a la requisitoria de García. Esa decisión puede ser apelada al STJ por la defensa al entender que los peritos ya resolvieron. A la fecha no ha comenzado a cumplir con la condena.
En caso que los informes lleguen a manos de peritos del máximo cuerpo judicial del país pueden ocurrir tres cosas: que se expida y contradiga al cuerpo forense entrerriano, ratifique lo dicho en los tribunales locales, o rechace el pedido de la Procuración General de la provincia. Las dos últimas alternativas dejarían firme lo resuelto por Moyano: que Pacayut cumpla la condena en su domicilio. ¿Quiénes son los médicos que se excusaron? ¿Cuáles son las razones? Son preguntas pendientes y respuestas que en los tribunales se negaron a brindar, por ahora.
De rechazarse el pedido a los peritos de la Corte, se establecería un antecedente que beneficiaría al ex senador en otra causa por la que fue condenado y que tiene una pena de cumplimiento efectivo. En diciembre pasado, Pacayut recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se le aplicó una multa de 90.000 pesos por el desvió de unos 30 millones de pesos –dólares de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a la construcción de la terminal fluvial de Puerto Ibicuy. El caso está en la etapa de Casación.
Pacayut es el caso de corrupción en la administración pública que más lejos llegó. El intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, acusado de enriquecimiento ilícito; y el ex funcionario Oscar Horacio Mori, por el desvío de fondos públicos; fueron condenados con penas de cumplimiento no efectivo.