Las querellas también pidieron que se limiten las salidas a represores

07/08/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Organismos de derechos humanos, victimas y querellantes en las causas por crímenes de la dictadura se sumaron al reclamo para instrumentar mayores medidas de seguridad respecto de los represores detenidos en unidades penales entrerrianas, como también para quienes gozan del beneficio de arresto domiciliario. Juan Cruz

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Organismos de derechos humanos, victimas y querellantes en las causas por crímenes de la dictadura se sumaron al reclamo para instrumentar mayores medidas de seguridad respecto de los represores detenidos en unidades penales entrerrianas, como también para quienes gozan del beneficio de arresto domiciliario.

Según se indicó a Página Judicial, el escrito está firmado por los abogados Marcelo Boeykens, en representación de María Ema Papetti, hermana del soldado desaparecido; y Álvaro Baella, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y se suma a uno similar que presentaron la semana pasada los fiscales ante el juez federal Leandro Ríos.

Ambos solicitaron “que se restrinjan los otorgamientos de salidas familiares, médicas, de culto y recreativas”, como también que las afecciones de salud sean atendidas “en el Hospital San Martín y eventualmente en el Hospital Militar, pero de Paraná” y que “se extremen los controles a aquellos que gozan de prisión domiciliaria”.

Los abogados hicieron hincapié en un latente peligro de fuga ante la “complejidad” y “gravedad” de los delitos atribuidos y que fundamentaron en “la interposición de articulaciones manifiestamente dilatorias por parte de los imputados para continuar con su impunidad”, tales las trabas y recusaciones permanentes que han interpuesto, especialmente Jorge Humberto Appiani y Cosme Ignacio Marino Demonte, que mantienen casi paralizada la megacausa denominada Área Paraná.

Asimismo, consideran necesario “evaluar con seriedad las posibilidades de que la investigación se frustre por ocultamiento o destrucción de pruebas o por la fuga de alguno de los imputados” e inclusive puntualizaron que “las pruebas que contribuirían a esclarecer con precisión los sucesos continúan siendo ocultadas hasta el presente”.

De la cárcel a la casa

Actualmente hay cuatro represores detenidos en las cárceles de Paraná: ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani, el ex policía federal y agente del Batallón de Inteligencia 601 Cosme Ignacio Marino Demonte, el ex policía provincial Carlos Horacio Zapata, el médico Jorge Horacio Capellino. A ellos podría sumarse Gonzalo López Belsué, imputado por el secuestro y desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti, que continúa alojado en el Hospital Militar Central, a pesar de que recibió el alta médica hace tres meses, como ya informara Página Judicial.

En el caso de los detenidos, los organismos de derechos humanos, víctimas y querellantes en las causas por crímenes de la dictadura vienen cuestionando desde hace tiempo las autorizaciones que reciben los represores para salir de la unidad penal.

En su escrito, los abogados Boeykens y Baella señalaron que Appiani ha sido autorizado a viajar a la localidad misionera de Jardín América para visitar a sus familiares. En esa línea, plantearon la estrecha relación entre Appiani y el prófugo Jorge Antonio Olivera, establecieron una serie de paralelismos entre ambos y destacaron que el represor detenido en la unidad penal de Paraná “posee medios económicos por demás suficientes como para preparar y sostener una eventual fuga”.

Párrafo aparte dedicaron los abogados querellantes a los beneficios que ha recibido Demonte para concurrir al templo Los Pinos de Testigos de Jehová. “La asistencia espiritual debe brindarse y hacerse dentro de los muros de la UP1, como ocurre con todas los demás cultos, en donde concurren al SUM (Salón de Usos Múltiples) a dar sus liturgias, al solo pedido de los presos, y como ocurre con el resto de los presos comunes”, se quejaron los abogados.

Respecto de López Belsué, trascendió durante el fin de semana que sus familiares se negaron a que el Servicio Penitenciario Federal lo devolviera a la unidad penal, para lo cual exhibieron documentos que autorizaban su permanencia en el Hospital Militar Central mientras no hubiera una orden contraria del juez. No obstante, su vuelta a Paraná es inminente.

Los querellantes dedicaron una mención especial a su caso y terminaron solicitando que “sea inmediatamente restituido a la UP1”, desde el Hospital Militar Central donde se encuentra actualmente, y que los sucesivos turnos médicos y atenciones a las afecciones de su salud se realicen preferentemente en el Hospital San Martín.

Finalmente, solicitaron también que “se extremen los controles a aquellos que gozan de prisión domiciliaria”. Ese beneficio les fue otorgado a cuatro represores: el ex policía provincial José Anselmo Appelhans y el médico Hugo Mario Moyano, en Paraná; la ex directora de la cárcel de mujeres Rosa Susana Bidinost, en Gualeguaychú; y el ex militar Alberto Rivas, en Tucumán. Por su parte, el ex militar Oscar Ramón Obaid se encuentra excarcelado y vive en Santo Tomé.