Piden más controles y restricción de salidas de la cárcel para Appiani
02/08/2013
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi tuvo una primera reacción en la provincia: los fiscales solicitaron al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, extremar las medidas de control y restringir las salidas del ex militar Jorge Humberto Appiani, detenido en la
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi tuvo una primera reacción en la provincia: los fiscales solicitaron al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, extremar las medidas de control y restringir las salidas del ex militar Jorge Humberto Appiani, detenido en la capital provincial.
El Ministerio Público Fiscal realizó este jueves una presentación pidiendo que se extremen los controles respecto de Appiani. El escrito lleva las firmas de Ricardo Álvarez, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, y de José Ignacio Candioti, que lleva adelante las causas judiciales, y está acompañado de recortes periodísticos que dan cuenta de la relación entre Appiani y Olivera, según pudo saber Página Judicial.
Los fiscales solicitaron que al momento de tomar decisiones respecto de traslados de Appiani desde la unidad penal “se tome en consideración el aumento del peligro de fuga”, ya que el militar detenido en Paraná y el prófugo Olivera mantenían una “vinculación estrecha profesional” y una “íntima relación personal”.
En ese marco, Álvarez y Candioti exigieron “que se extremen las medidas de custodia a su respecto” y que “en aquellos traslados que se consideren absolutamente indispensables se corra vista al Ministerio Público, que se reserva de antemano la potestad de oponerse”, consignaron.
Socio de Olivera en su estudio jurídico, Appiani está imputado en la denominada megacausa Área Paraná y detenido en una Unidad Penal Número 1 desde el 4 de junio de 2009. Entre 1976 y 1977 se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. En 2011 los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva lo acusaron como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra 8 víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas.
A raíz de la fuga de Olivera, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los fondos de un fideicomiso que había constituido junto con Appiani. Hasta el 31 de diciembre de 2010 el fideicomiso financiero “SJ2” tenía 9.457.804 pesos, pero curiosamente había cambiado de nombre y de titulares estando ambos detenidos. El titular de la UIF, José Sbatella, aseguró que desde allí se habría financiado “tanto el escape como la vida de los genocidas prófugos”.
Socio y amigo
Jorge Antonio Olivera, condenado el 4 de julio último a prisión perpetua en San Juan, fue trasladado más de mil kilómetros desde la cárcel cuyana de Chimbas hasta el penal bonaerense de Marcos Paz, y el jueves a primera hora salió rumbo al Hospital Militar Central Cosme Argerich para ser atendido por una supuesta afección dermatológica. Desde allí se escapó y todavía permanece prófugo.
Pero la historia de Olivera tiene varios capítulos: su foja de servicios lo llevó por Junín de los Andes (Neuquén), San Juan, La Plata, Posadas, Corrientes y, ya en democracia, en el comando de paracaidistas de Córdoba. En democracia también se levantó con los carapintadas, fue candidato a diputado nacional por el Modin (el partido de Aldo Rico). Y como abogado defendió a Guillermo Suárez Mason, Emilio Eduardo Massera, entre otros represores y el criminal de guerra nazi Erich Priebke. En esta última aventura lo acompañó Jorge Humberto Appiani, su amigo desde la infancia y socio en el estudio jurídico que funcionó frente a los tribunales porteños hasta que cayeron en desgracia.
Como abogados, ambos lograron que la justicia dejara sin efecto el recorte salarial a militares en actividad dispuesto por el gobierno de la Alianza; se ofrecieron para representar a kiosqueros porteños tras la sanción de una ordenanza que imponía restricciones horarias para la venta de alcohol; y promocionaban sus servicios entre los ahorristas afectados por el corralito para litigar ante las casas matrices de los bancos extranjeros que tenían filiales en el país. También se presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiendo indemnización para “los hijos de los muertos por la subversión” y promovieron causas en las que pedían investigar los asesinatos de militares, como forma de contrarrestar los juicios por la verdad.
En el año 2000 Olivera se convirtió en el primer militar argentino arrestado en el exterior por crímenes cometidos durante la dictadura. Su detención se produjo en Roma, por pedido de la Justicia francesa que lo acusaba por el secuestro de la modelo Marie Anne Erize, ocurrido el 15 de octubre de 1976 en San Juan, en momentos en que Olivera era jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22.
Pasó 42 días en prisión y logró salir cuando sus abogados italianos, ligados a la logia mafiosa P-2 de Licio Gelli, presentaron una falsa partida de defunción de Erize. Entonces el tribunal italiano consideró que el delito invocado por Francia había prescripto. Investigaciones posteriores probaron que el documento había sido fraguado con la ayuda sus socios argentinos y que fue Appiani quien lo presentó en Italia.
No menos espectacular es el motivo que lo había llevado a Europa: Olivera y Appiani llegaron el 1 de julio para presentar una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Margaret Thatcher, por el hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas, y para coordinar la defensa de los militares argentinos imputados por crímenes durante la dictadura. Appiani volvió al país el 18 de julio y Olivera se quedó con su esposa, Marta Noemí Ravasi, paseando por Europa.
El fantasma de Marie Anne Erize no dejó de perseguirlo desde entonces. En diciembre de 2007, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó su detención por las torturas a las que fue sometida la actual jueza Margarita Camus. Pero Olivera desapareció. Fue detenido casi un año después, en noviembre de 2008, en cercanías de la casa de su esposa, portando uno de los tantos documentos falsos que tenía. El resto es historia conocida: se fugó tres semanas después de haber sido condenado.
Hoy Olivera vuelve a estar prófugo, mientras Appiani permanece en la cárcel de Paraná. Olivera le debe un favor a su socio y el temor de los organismos de derechos humanos es que mueva sus contactos en las estructuras militares para pagar esa deuda. De ahí la presentación realizada ante el juez Ríos.