El colectivo Justicia Legítima tiene sus referentes en Entre Ríos
30/07/2013
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El espacio Justicia Legítima, fundado por la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó al calor del debate por la reforma judicial impulsada por Cristina Kirchner, hace pie en Entre Ríos. Se trata de un ámbito claramente identificado con el kirchnerismo que promueve cambios en el
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
El espacio Justicia Legítima, fundado por la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó al calor del debate por la reforma judicial impulsada por Cristina Kirchner, hace pie en Entre Ríos. Se trata de un ámbito claramente identificado con el kirchnerismo que promueve cambios en el seno de los poderes judiciales.
El 31 de mayo magistrados locales viajaron al encuentro de Justicia Legítima que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional. De Buenos Aires se trajo la idea –según se adelantó a Página Judicial– de constituir en Entre Ríos una filial de la organización.
El defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Maximiliano Benítez, es el referente del grupo entrerriano enrolado en el espacio. Viajó a un cónclave en febrero y luego volvió a hacerlo en mayo. En este último tiempo hubo otros magistrados que se subieron al tren.
Uno de ellos es el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Paraná, Mauricio Marcelo Mayer. El abogado llegó a ese cargo luego de pasar por el Consejo de la Magistratura. En el concurso 89 logró 67,27 puntos sobre 100. Entre sus antecedentes aparece su desempeño en la Defensoría de Pobres y Menores Número 9 de Paraná y como asesor legal de la deslucida Oficina Anticorrupción y Ética Pública, dependiente de la Fiscalía de Estado.
La jueza de Instrucción Número 6, Marina Barbagelata, también comulga con los posicionamientos que plantea el kirchnerismo en cuanto a las reformas que deben hacerse en el seno del Poder Judicial.
La magistrada, que también titularizó el cargo por concurso, se desempeñó antes en el Registro Único de la Verdad, organismo estatal que trabaja sobre temas de derechos humanos, y desde allí actuó como abogada querellante en las causas Área Paraná y Hospital Militar. Además, formó parte del buffet del reconocido penalista Julio Federik.
Pablo Barbirotto también es del palo. A cargo de la Defensoría Número 8, el joven magistrado se desempeña como suplente no interino. “Me identifico con los fines de Justicia Legítima”, reconoció ante Página Judicial.
El juez Correccional Número 1 de Paraná, Pablo Vírgala, acuerda con las mismas ideas. Fue también uno de los que viajó al segundo encuentro que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional.
A su secretaria, la doctora Mariana Montefiori, la cuentan como afín al grupo. La joven abogada es la hija de la jueza Lilia Carnero, quien integra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal junto a Noemí Berros y Roberto López Arango. Una apostilla para los mal pensados: ese organismo fue el único que convocó audiencias en pleno paro general de los empleados de la Justicia Federal en rechazo a la reforma judicial.
El máximo cuerpo de la provincia también tiene un representante: el integrante de la Sala Civil y Comercial del STJ, Juan Ramón Smaldone. Se trata del único vocal designado por el gobernador Sergio Urribarri desde que conduce los destinos del Poder Ejecutivo provincial. Oriundo de Concordia, el magistrado siempre cultivó el bajo perfil. Sin embargo, el apellido siempre aparece en los medios –incluso en las redes sociales– por su hijo Guillermo, actual ministro de Trabajo de la provincia y que fuera fiscal en el Tribunal de Cuentas en la primera gestión urribarrista.
Apoyos
El 29 de abril y al calor del debate, se difundió un documento firmado por “abogados del fuero local” que apoyaban la reforma judicial. En el texto no se consignó más que el nombre y el apellido de cada uno de los que habían puesto la rúbrica. En el mismo aparecían el secretario de Gobierno de Paraná, Arnaldo Gomariz; la secretaria de Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad, Florencia Amore; su hermano, Federico Amore, a cargo de Habilitaciones del Municipio; el secretario Legal y Técnico de la Comuna, Gustavo Acosta; el ministro de Trabajo e hijo del vocal del STJ, Guillermo Smaldone; y el diputado provincial por el oficialismo Martín Uranga; entre otros funcionarios.
El 11 de diciembre del año pasado se publicó una solicitada en la que se reclamó una “justicia legítima” en la que se pueda “reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad”. Aquel comunicado fue apoyado por magistrados, funcionarios judiciales, académicos, rectores y decanos de distintas universidades nacionales. Allí aparecieron las firmas de Jorge Amado Gerard, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y Hugo Cives, decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER.