Rechazaron el sobreseimiento de seis policías y van a juicio por tortura

12/07/2013

Federico Malvasio De la Redacción e Página Judicial El 4 de julio se desarrolló la última audiencia en la causa que tiene a seis agentes de policía de Rosario del Tala acusados de cometer los delitos de privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales a dos menores

Federico Malvasio
De la Redacción e Página Judicial

El 4 de julio se desarrolló la última audiencia en la causa que tiene a seis agentes de policía de Rosario del Tala acusados de cometer los delitos de privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales a dos menores de 14 y 15 años. Ellos son Marcelo Millezzi, Ludmila Soto, Héctor Mori, Claudio Monroy, Gustavo Fornerón y Pablo Segovia.

El abogado defensor, Claudio Manfroni Reynoso, solicitó el sobreseimiento, pero fue denegado por el juez de garantías, Mariano Alberto López, y el fiscal Samuel Rojkin. Sí se accedió a una prórroga de dos meses del proceso de ampliación penal preparatoria y luego elevar la causa a juicio, según se informó a Página Judicial. El mismo se desarrollará en Concepción del Uruguay bajo los cánones del nuevo sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal que ya está en marcha en buena parte de la provincia.

El hecho ocurrió hace un año en Rosario del Tala. Dos menores fueron detenidos, llevados a un descampado en el que se hizo un simulacro de fusilamiento y, luego, uno de ellos fue torturado con una picana. El hecho fue inmediatamente desmentido por el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli, quien dijo en medios locales que en el hecho “está casi establecido que es mentira”. Ese mismo día, el 20 de julio, en otro medio, el subjefe de la Departamental de Policía de Tala, comisario inspector Darío Dettler, indicó que “según la información recabada en la investigación administrativa, el hecho de tortura denunciado por los menores no existió”.

Lo cierto es que el informe del psicólogo Alejandro Poncio desmintió las bravatas de los funcionarios policiales. En las entrevistas realizadas a los menores se hizo una lectura de las declaraciones que ellos mismos hicieron y constan en el expediente a los fines no sólo de cotejar sus dichos, sino también de analizar “las estructuraciones discursiva orales y escritas”, según se lee en el informe al que tuvo acceso Página Judicial y publicó oportunamente.

La pericia (legajo Nº369) determinó que en las audiencias con las víctimas no se constató “incoherencia, perseveración, ecolalias (repetición involuntaria de una palabra o frase), pararrespuestas (no correspondencia con la pregunta), pérdida de la capacidad asociativa, fuga de ideas y bloqueo del pensamiento”, entre otras observaciones. Tampoco se encontró elementos de “delirio”, “alucinaciones” o “alteración de la memoria inmediata, reciente o remota” en el relato que hicieron los menores de los hechos.

Los abogados querellantes, Rubén Pagliotto e Iván Vernengo, solicitaron que se aparte a la policía de la investigación por tratarse de un caso en donde los imputados pertenecen a la misma corporación, pero no les fue concedido el pedido. Pagliotto, de igual manera, destacó el proceder del fiscal Rojkin por la complicación de la causa y por el escenario en que se da.

Los policías acusados no fueron suspendidos, sólo se los trasladó y se los corrió del lugar en donde se desempeñaban.

Los hechos y el relato

Las declaraciones de las víctimas son contundentes. Una de ellas contó que estaba en un descampado trabajando con una motosierra haciendo leña. En el medio de la vorágine, se acercó un auto con tres policías de civil. Sin explicaciones le dijeron que lo tenían que detener. Lo esposaron y lo cargaron con el sólo fundamento de que “había una orden” de detención. El joven era sospechado de haberse robado elementos de una escuela.

Durante el viaje, los agentes detuvieron el auto, bajaron a su presa y simularon dispararle en la cabeza. El destino de esa jornada fue la Comisaría. Allí no había un familiar, ni fiscal, ni defensor. Sólo estaba su compañero, también acusado por el mismo hecho. Ante la falta de información los agentes comenzaron con golpes de puño, patadas y quemaduras de cigarrillos. Después de su desquite los largaron.

Hubo una segunda detención en la casa en donde vivían los chicos. Esa vez la idea fue hacer un careo con un tercer joven sospechado por el mismo hecho. Tampoco surgieron datos. El malestar de los “policías – investigadores” se profundizó. Los llevaron a media noche al Arroyo de Tala a punta de pistola y a golpes. La faena terminó con una picana. “Me picanearon cerca del cuello, en la espalda varias veces y en los testículos. Mientras dos me tenían del brazo, el otro me picaneaba”, relató una de las víctimas.

Hubo una tercera detención. Las víctimas fueron llevadas al basurero municipal. Allí hubo una escopeta. Los pusieron parados como en un paredón mientras gatillaban sus armas simulando un fusilamiento.

Parece de película, un hecho de otros tiempos, de ciencia ficción. Pasó en Entre Ríos, hace un año.