El Gobierno no contestó la acción de inconstitucionalidad por las termas
03/07/2013
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Muchas grietas presenta el proyecto oficial de instalación de un complejo termal en la Toma Vieja de Paraná. Y ahora, a la improvisación, se sumó el apuro. El Gobierno decidió avanzar en el desmonte para la perforación exploratoria sin cumplimentar los pasos administrativos y sin la
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Muchas grietas presenta el proyecto oficial de instalación de un complejo termal en la Toma Vieja de Paraná. Y ahora, a la improvisación, se sumó el apuro. El Gobierno decidió avanzar en el desmonte para la perforación exploratoria sin cumplimentar los pasos administrativos y sin la licencia social, provocando la reacción de los movimientos ambientalistas que se oponen al proyecto.
Desde el domingo, una veintena de personas mantiene un acampe en la Toma Vieja, luego de que una máquina ingresara al predio de la empresa Energía de Entre Ríos SA (Enersa) para tirar abajo las especies de monte nativo que cubren la zona.
“Estamos reclamando porque el desmonte se está llevando a cabo con máquinas, cuando se había dicho que se haría a mano para preservar las especies autóctonas”, dijo uno de los acampantes, que este miércoles tuvieron un fuerte cruce verbal con representantes de la empresa encargada de la tala y con policías que ofician de custodios del lugar.
El colmo de la vergüenza fue que la Secretaría de Ambiente de la provincia emitió una resolución en la que reconoce como “un error involuntario” haber autorizado a Enersa a realizar la perforación exploratoria en busca de aguas termales.
A través de la Resolución Número 219, firmada por Horacio Enriquez, se admite que la autorización para la perforación en la zona de la Toma Vieja otorgada a Enersa en enero pasado se debió a “un error involuntario”, ya que solo debió alcanzar a la licitación, aunque allí mismo se salva el “error”, cinco meses después, autorizando ya sí la exploración por parte de la empresa de energía (ver Adjunto).
“Este hecho nos obliga a replantearnos todo el sistema de control que ejerce el Estado sobre las licencias ambientales”, señaló el abogado Diego Rodríguez, director ejecutivo de la fundación M’Bigua, que en mayo pasado denunció por inconstitucional al decreto que autoriza la exploración y que viene cuestionando también las irregularidades en todo el proceso.
“Si la Secretaría de Ambiente, conducida por personas con vasta trayectoria en el tema, otorga ‘por error’ una autorización para perforar 1.500 metros atravesando acuíferos en un proyecto de categoría 2 –es decir que se sabe de antemano que causará impactos– para el que se utilizarán aproximadamente 15 millones de pesos de fondos públicos, y si el Ente Regulador de los Recursos Termales, en su dictamen, copia parte del proyecto presentado para Villa Elisa sin tener el más mínimo pudor para cuidar que no queden referencias a esa localidad en el texto, el problema de las termas de Paraná excede ampliamente la cuestión ambiental: estamos ante un severo problema institucional. Esto es inadmisible”, agregó Rodríguez a través de un comunicado de prensa.
En ese marco, el apoderado de M’Bigua le reclamó al Gobierno que dé marcha atrás con el proyecto. “Recurriremos la resolución por los canales adecuados, pero en este estado de situación, quizá lo más prudente que puede hacer el Gobierno sea volver a abrir el procedimiento desde cero”, subrayó.
Una vía judicial
Mientras tanto, un grupo de abogados se encuentra abocado a la elaboración de un escrito solicitando a la Justicia que se dicte una medida cautelar para frenar el proyecto, es decir, suspender el desmonte y, en consecuencia, impedir la perforación exploratoria hasta que se determine sobre la legalidad del proyecto, se indicó a Página Judicial. En el planteo se exigirá una respuesta urgente.
Los ambientalistas también dudan de la veracidad del estudio de impacto ambiental presentado por Enersa, responsable de la financiación del proyecto. El informe elaborado por técnicos de la empresa de energía es, curiosamente, muy parecido a uno que presentó hace unos meses la firma que tiene a su cargo un proyecto similar en Villa Urquiza y consigna que el emprendimiento no generará impacto negativo sobre el ambiente.
Más aún, en el expediente que lleva la Secretaría de Ambiente de la provincia por el proyecto termal en la Toma Vieja tampoco consta que se hubiera pedido autorización ni que la Dirección General de Recursos Naturales aprobara el desmonte. A pesar de ello, Fernando Raffo otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental.
Además, “hay un biólogo que está haciendo un informe sobre la cantidad de especies autóctonas, tanto de flora como de fauna, para después hacer alguna medida para poder preservarlas”, señaló Yésica Musuruana, integrante del colectivo ambiental, sobre el trabajo que está realizando la asamblea Más Ríos Menos Termas.
Inconstitucional
A principios de año, el gobernador Sergio Urribarri y la intendenta Blanca Osuna anunciaron pomposamente la construcción de un complejo termal y parque acuático. Lo hicieron recorriendo el predio donde se emplazaría el emprendimiento y ahí mismo se anunció que Enersa cedería un terreno de 17 hectáreas lindero a la Toma Vieja y financiaría las perforaciones, que se estimaron en 1,5 millones de dólares.
El proyecto generó la reacción de entidades ambientalistas como el Foro Ecologista Paraná y la Fundación M’Bigua, Ciudadanía y Justicia Ambiental, como también del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
La Fundación M’Bigua presentó primero un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Ambiente de la provincia para conocer detalles del proyecto y los estudios de impacto ambiental; luego interpuso un recurso administrativo, que fue rechazado; y finalmente, el 22 de mayo, hizo un planteo de judicial de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto Número 62/2013 que autoriza la exploración.
El escrito cuestiona el decreto que “otorga permiso de exploración del recurso termal a nombre de Enersa, para realizar una perforación tendiente a la extracción de aguas termales en la ciudad de Paraná” y en los fundamentos señala que la empresa de energía “acompaña el estudio de impacto ambiental (…) y que el ente regulador aprueba y considera ajustado a la normativa aplicable”.
La organización cuestionó, no solo el incumplimiento de los procedimientos legales, sino también distintos aspectos del Certificado de Aptitud Ambiental presentado por el Ente Regulador de Recursos Termales de Entre Ríos (Errter), donde, por ejemplo, no se considera en detalle el impacto que podría tener la evacuación de aguas residuales provenientes de ensayos sobre el suministro de agua potable de la ciudad, ya que tendrá lugar aguas arriba de la toma de agua de Paraná, del mismo modo que se desconoce la existencia de áreas naturales protegidas y paisajes protegidos a nivel municipal y nacional en la zona de impacto.
Inclusive, en el escrito se menciona que la Secretaría de Ambiente, al otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental, lo hace sin reparar en que el plan propuesto para el seguimiento y vigilancia ambiental está copiado del que dio aprobación a la perforación en Villa Elisa, destacando que si bien algunas consideraciones “quizás sean aplicables, debería la Secretaría observar la incongruente remisión a la empresa Termas de Villa Elisa que no tiene evidentemente ninguna relación con el proyecto ahora en estudio”.
Así las cosas, la acción de inconstitucionalidad no ha sido resuelta aún y, según pudo saber Página Judicial de fuentes tribunalicias, el Gobierno no se ha presentado en el expediente ni ha respondido el visto que le hizo la jueza Civil y Comercial Número 10, Adriana Beatriz Acevedo.