La historia del hombre que reclamó a tiros su derecho a un ambiente sano

25/06/2013

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Harto de tanto estar harto, el hombre, un día, estalló. Había intentado, sin éxito, el camino del diálogo, la mediación administrativa, la intervención policial y hasta el reclamo en los tribunales. Ese día no aguantó más, así que, apenas vio venir al mosquito, le entró a tiros a esa máquina que se había cargado, con su veneno, a sus chanchos y gallinas y era responsable de los padecimientos de su esposa, de su hijo y de las afecciones que él mismo sufría. Pero entonces se invirtió la responsabilidad.

Hoy Julio Ariza no cree en las balas como solución. Y ciertamente no lo son. Pero lo cierto es que el hombre ya venía denunciando desde 2010 problemas ocasionados por las fumigaciones con agrotóxicos que un vecino suyo realizaba en cercanías de la casa en la que vive con su esposa e hijo en la zona rural de San Benito. Hace unos días, finalmente, se constituyó como querellante para denunciar penalmente a Sergio Abelardo Plez, el vecino en cuestión, y por coautoría a los aplicadores, por haber fumigado los predios rurales cercanos a su casa y donde tiene su producción.

Hace casi dos décadas, Julio César Ariza y Alicia Franco, con su hijo de 6 años, tomaron una decisión de vida: dejar la ciudad e instalarse en el campo para desarrollar allí una producción de cría porcina. Su chacra de quince hectáreas hoy linda con un campo en el que se cultiva soja al que su vecino rocía con agroquímicos, con aviones y mosquitos, que se esparcen sobre su vivienda y su ganado.

Los agrotóxicos liquidaron la producción de chanchos y también los pollos y abejas que con el tiempo desarrolló Ariza. Según dice, las fumigaciones no respetan las distancias mínimas exigidas por la legislación local. Y así lo ha denunciado.

El hombre radicó su primera denuncia el 25 de octubre del 2010, en la Comisaría de San Benito, por el envenenamiento de cuatro hembras madres porcinos. Dos años después, el 11 de diciembre de 2012, realizó la última exposición que se derivó al Juzgado de Instrucción Número 6 de Paraná, por continuación del daño, esta vez sobre 150 gallinas ponedoras, pero también sobre su salud y la de su esposa.

En total, Ariza realizó 11 exposiciones policiales y 3 denuncias ante el Juzgado de Faltas del municipio. Nunca tuvo respuestas. Y peor aún: “El señor Plez sigue fumigando, hace caso omiso a todas mis peticiones, es más, siembra en la cuneta de caminos vecinales, es decir, donde pasa la gente, los chicos a la escuela y el agua de lluvia o de vertiente que desemboca en arroyos y cruza todo el límite entre Paraná y San Benito, hasta llegar al río, lo que daría lugar a delitos mayores que deberían ser investigados para verificar con un registro exhaustivo la magnitud del problema”, dejó dicho en la presentación que hizo hace unos días ante la jueza Marina Barbagelata, a la que accedió Página Judicial.

Ni trabajo, ni salud, ni ambiente

Hasta que un día de febrero de 2011 Ariza explotó: harto de las provocaciones por el uso del mosquito en el predio de al lado, tomó la escopeta que había sido de su abuelo y cuando la máquina pasaba frente a su chacra, apuntó y disparó. No hubo daños personales pero el operador se llevó un gran susto. Al rato llegaron la Policía y el secretario del juez, y entonces la Justicia convirtió a la víctima en victimario: Ariza terminó procesado por abuso de armas.

Desde que comenzaron las fumigaciones, los agrotóxicos provocaron el aborto de 46 lechones, la muerte de 14 madres y un padrillo, además de otros animales que los Ariza tenían en engorde; también perdieron 450 pollos de campo, más 100 pollos bebés y vieron arruinados sus panales de abejas.

Sin chanchos, ni gallinas, ni colmenas, los Ariza perdieron su capacidad de trabajo por falta de capital, atraviesan un momento difícil por el perjuicio económico y la salud de Julio y Alicia se vio afectada por el uso indiscriminado de los agrotóxicos.

En el último tiempo Alicia perdió 18 kilos, tiene anemia, glóbulos rojos bajos y blancos altos, algo llamativo ya que proviene de una familia de contextura más bien robusta. Julio tiene una miocardiopatía de riesgo, sufre de epilepsia y los nervios le descontrolan el corazón. El hijo de ambos, estudiante de Agronomía, también se vio afectado. Ellos no dudan en atribuir esos desórdenes de salud a las fumigaciones.

“Los problemas de salud que sufrimos y padecemos, de los cuales poseemos certificados médicos, van desde una simple aspiración o contacto con agroquímicos hasta una neumonía infecciosa grave con desprendimiento de pleura. Entre los padecimientos podemos citar edema de pulmón, pérdida de glóbulos rojos en mi señora y mi hijo padeció en varias oportunidades nauseas, vómitos y diarrea”, enumeró Ariza en el escrito presentado ante la jueza Barbagelata, al que adjuntó informes médicos elaborados por el médico Darío Gianfelicci.

El veneno y la ley

En estos años, a partir de su experiencia, Ariza estudió leyes, decretos y normativas de todo tipo que regulan el uso de agroquímicos en zonas urbanizadas, y las consecuencias de las fumigaciones en cultivos, animales, medio ambiente y seres humanos. Hoy está seguro de que las leyes no alcanzan si no están acompañadas de una toma de conciencia.

A través de la abogada Aldana Sasia, del Foro Ecologista Paraná, el chacarero cuestionó el “constante ausentismo del órgano de contralor, originando un Estado ausente de gravedad institucional, de generador de situaciones dañosas, aunque aún imperceptibles a los ojos” y citó una serie de hechos que demuestran la violación a las normas: “Falta de aviso con 72 horas de antelación previo a la fumigación; infracciones a las distancias mínimas y más aun teniendo en cuenta la cercanía a la vivienda donde vivo, como así también a la producción de cerdos y gallinas; falta de demostración de la receta agronómica, perjuicios en mi salud y la de mi esposa, la que padeció un sinnúmero de afecciones físicas causadas por la pulverización con agroquímicos irresponsablemente en el aire; y mortandad de cerdos, gallinas y colmenas de abejas”.

En ese marco, en el escrito presentado ante la jueza Barbagelata plantea lo que considera son violaciones a la Ordenanza Número 99/2005 de la Municipalidad de San Benito, que establece la prohibición de realizar fumigaciones a menos de 50 metros del caserío; la Resolución Número 19/2006 de la Subsecretaría Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia, emitida ante las denuncias por la mortandad de pollos a raíz de las aplicaciones de plaguicidas, y que fija una distancia similar respecto del galpón de aves; y se citan numerosas leyes nacionales y provinciales, como también la Constitución Nacional y la reformada Constitución Provincial.

El escrito de 15 páginas también cita jurisprudencia respecto del impacto que genera el uso excesivo, desmesurado e ilegal de agroquímicos y, en particular, del glifosato, sobre la salud pública, el medio ambiente y la vida humana.

Respecto del glifosato, que es el utilizado mayoritariamente en la producción de soja, se aclara que si bien no está prohibido, existen “estudios científicos de prestigiosos profesionales en los que se han dado cuenta de los daños que producen ese producto o sustancia y sus desechos” y cita, por ejemplo, uno efectuado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, llevado adelante por los biólogos Delia Aiassa y Fernando Mañas, que revela “que las familias que viven a 1.000 metros de las fumigaciones poseen el mismo daño genético que quienes habitan a 300 metros de los campos”.

Con estos argumentos y con la esperanza de ser escuchado, Ariza recurrió a la Justicia, para que le permitan, ya no que el campo sea ese paraíso que fue a buscar hace casi veinte años, sino, al menos, que cesen las penas, se calmen los dolores y se respete su derecho a vivir en un ambiente sano y limpio.