Presentaron un amparo por un concurso declarado desierto

29/05/2013

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Cualquier integrante o ex integrante del Consejo de la Magistratura recordará lo que fue el concurso 25, cuando Mario Alberto Quinteros judicializó el proceso que lo evaluaba y puso al organismo en el centro de la crítica. Fue un hecho que terminó con el camarista jubilado en


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


Cualquier integrante o ex integrante del Consejo de la Magistratura recordará lo que fue el concurso 25, cuando Mario Alberto Quinteros judicializó el proceso que lo evaluaba y puso al organismo en el centro de la crítica. Fue un hecho que terminó con el camarista jubilado en el cargo por el que concursó, no calificó y la Justicia nunca resolvió. Por estas horas se está ante un hecho similar, aunque pero el receptor de las sospechas no es el organismo, sino el Poder Ejecutivo.

Se trata del concurso 79 para cubrir la vacante del Juzgado de Concursos y Quiebras Número 9 de Paraná, que lleva más de tres años en que finalizó y el gobierno decidió no enviar ningún pliego al Senado y terminar con el proceso de designación.

Esto llevó a que el abogado Ángel Moia, quien quedó primero en la terna, presente este miércoles un amparo contra el gobierno provincial por “haber declarado arbitraria e ilegítimamente desierto” el concurso “eludiendo la obligación de completar el proceso de designación que le impone la Constitución provincial”, según se lee en el amparo al que tuvo acceso Página Judicial. (Ver el texto completo en Adjuntos)

En el escrito se solicita que “se deje sin efecto la declaración de deserción” y el gobernador “remita el pliego de uno de los candidatos que integran la terna que tiene a su consideración desde 2010”.

En mayo de 2009 el Consejo de la Magistratura convocó a concurso para la cobertura de cargos en juzgados con competencia en quiebras de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia. El examen se realizó en octubre y las entrevistas en diciembre. El orden de mérito fue: Flavia Pasqualini (76,25 puntos), Ángel Luis Moia (72,71), María Fernanda Erramuspe (64,23) y Sofía María Keller (60,59). En tanto, María Gabriela Tepsich, que estaba y está interinamente a cargo del juzgado en cuestión, paralizó el concurso luego de conocerse que quedaba en quinto lugar y afuera de la terna. Ni siquiera alcanzó el puntaje mínimo de 60 puntos fijado por ley.

Erramuspe y Pasqualini fueron designados para los juzgados de la costa del Uruguay. Por corrimiento, quedaron en la terna Moia y Keller.

Argumentos

El gobierno invocó el argumento que no se estaba integrando una “terna” de tres, sino de uno. El artículo 25 de la ley 9.996 no admite dudas respecto de cómo proceder en casos como el que se presentó en el Concurso 79. En el caso en que no pudiese conformarse la terna, el Consejo elevará la nómina del o los concursantes que reúnan los requisitos previstos en el artículo: que hayan pasado por las tres etapas y que hayan alcanzado un mínimo de 60 puntos.

Siguiendo estos lineamientos se procedió en casos anteriores. En el Concurso 90, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura envió una “terna” con un solo postulante y en el Concurso 64 se presentó una lista de cuatro candidatos para cuatro cargos. En ambos casos el gobernador Sergio Urribarri remitió los pliegos al Senado y éste dio acuerdo. No son los únicos casos.

En uno de los argumentos del amparo, el peticionante hace notar que de no haberse demorado la designación del concurso 79 (cuando el 80 y 81 avanzaron como corresponde), el gobernador hubiese tenido tres nombres para elegir. “No existen explicaciones de por qué razón los concursos 80 y 81 tuvieron una duración total de menos de siete meses hasta la elevación del pliego al senado, y el 79 –previo y lógicamente de anterior tratamiento-, llevaba más de treinta meses sin solución. En todo momento el gobernador contó con la posibilidad de elegir entre tres aspirantes en el caso del concurso 79. Sólo ante la inexplicable demora en su remisión es que se puede entender, aislándolo del resto, el contenido del dictamen de fiscalía de mayo del año pasado, describió el patrocinante de Moia, Enrique Pita, conocedor como pocos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Y agregó: “La postergación del tratamiento por el Poder Ejecutivo del concurso es la que produjo la desaparición de dos de los postulantes. Postulantes que integraban la terna elevada y cuya falta no es más que el resultado forzado que provoca la deserción ilegítima”.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos emitió en dos oportunidades un comunicado en el que advierte sobre “un lamentable bochorno en el devenir del proceso de selección de magistrados” y reclamó al Poder Ejecutivo que elija “con urgencia” un candidato y eleve el pliego al Senado.