El acatamiento al paro fue casi total en la Justicia Federal entrerriana

17/04/2013

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Con un alto acatamiento se desarrolló el primero de los tres días del paro convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en rechazo a los proyectos de ley de reforma judicial. Según pudo saber Página Judicial, la actividad en los tribunales federales entrerrianos estuvo casi paralizada, limitada a guardias mínimas y se atendieron solo las cuestiones más urgentes y de un puñado de profesionales que se acercaron hasta las ventanillas de mesa de entrada.

Fuentes judiciales admitieron que “la medida de fuerza es inédita y los niveles de adhesión muestran el malestar que hay entre los trabajadores por las reformas que impulsa el Gobierno”. En los pasillos de los tribunales circularon dos palabras para calificar al paro: “masivo” e “histórico”. Inclusive, un vocero judicial reconoció que “los niveles de sindicalización son bajos en la Justicia Federal entrerriana, pero a pesar de ello, la protesta recibió una gran adhesión y simpatía”.

Según datos oficiales, en Entre Ríos hay unas doscientas personas que cumplen funciones en la Justicia Federal, aunque el 25 % son magistrados, secretarios y prosecretarios, que por reglamento están impedidos de realizar medidas de fuerza. “Los jueces tienen el derecho fundamental como trabajadores, pero no lo pueden ejercer por su responsabilidad funcional”, explicó un magistrado.

Como sea, con esos números cobra relevancia el dato de que alrededor de cuarenta trabajadores judiciales entrerrianos participaron de la protesta que se realizó este mediodía frente al Palacio de Justicia, en la Capital Federal, en la que también estuvo presente el líder de la CGT, Hugo Moyano.

A eso se suma la casi nula actividad en cada área de la estructura judicial: la Cámara Federal de Apelaciones suspendió las audiencias que tenía programadas para el miércoles, jueves y viernes; y que en los juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay se dio libertad de acción a los trabajadores, se organizaron guardias mínimas y los despachos que no fueran urgentes –como podrían ser las excarcelaciones– se reprogramaron.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en cambio, decidió no suspender las audiencias y fijó para este jueves los alegatos en el juicio que se sigue contra tres personas acusadas por la producción y comercialización de estupefacientes. Un trabajador aclaró que si bien los magistrados no tuvieron injerencia en su decisión de adherir o no al paro, admitió que el sostenimiento de la audiencia recaería sobre contratados.

Respecto de los Ministerios Públicos (fiscalías y defensorías), también se dejó en libertad de acción a los trabajadores y la retención de servicios se sintió fuerte.

El jefe, de visita

La semana pasada, el secretario general de la UEJN, Julio Piumato, estuvo en Paraná. A pesar de que mantuvo reuniones con los magistrados y funcionarios judiciales, su visita no trascendió a los medios. Durante su estadía en la capital entrerriana recibió reclamos de los trabajadores, específicamente por la situación de aquellos que ocupan cargos en forma interina y por los ascensos en la carrera judicial.

La reforma judicial tampoco estuvo ausente de las charlas, aunque no hubo conclusiones al respecto. Según pudo reconstruir Página Judicial, el mensaje que dio el jefe sindical enrolado en la CGT que lidera Hugo Moyano fue que el proyecto oficial “es una vuelta a los ‘90”, que avanza contra uno de los poderes del Estado y les advirtió a los trabajadores que “se viene un ajuste”.

Unos días después, Piumato se expresó en términos similares en una entrevista con el diario La Nación, en la que también cuestionó la forma en que se pretende instrumentar el acceso a cargos por concurso: “Estamos de acuerdo con todos los concursos, es el kirchnerismo el que frena eso en el Consejo (de la Magistratura) desde 2007. Ahora lo sacan con dos agregados que muestran el ovillo: sacan la veeduría gremial de los concursos, y sin eso no hay transparencia, y agregan la ‘locación de servicio’ como nueva forma de trabajo en la Justicia, en negro, sin obra social, sin aporte. Eso demuestra que vienen a precarizar el Poder Judicial”.

Más alejados de la polémica, los dirigentes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), por su parte, se apuraron a aclarar que no adherirán a las medidas de fuerza, y no dejaron de llamar la atención los dichos de la secretaria gremial, Mabel Pedrero, quien señaló que la entidad no tiene una postura tomada sobre los seis proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.