Los traslados de detenidos en los decretos secretos de la dictadura

16/04/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Desde hace algunas semanas continúa la catarata de publicaciones de decretos reservados y secretos emitidos por ex presidentes y dictadores argentinos. Más de mil nombres de personas detenidas varias décadas atrás han poblado las páginas del Boletín Oficial en estos días sin que hasta el momento

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Desde hace algunas semanas continúa la catarata de publicaciones de decretos reservados y secretos emitidos por ex presidentes y dictadores argentinos. Más de mil nombres de personas detenidas varias décadas atrás han poblado las páginas del Boletín Oficial en estos días sin que hasta el momento surja claro el criterio de publicación.

Hace unas semanas, por ejemplo, mezclado entre varios decretos firmados por el dictador Alejandro Agustín Lanusse, apareció uno de Jorge Rafael Videla autorizando la compra directa de automóviles Ford Falcon para ser distribuidos entre las policías provinciales, como se publican también autorizaciones para la adquisición de equipamiento para las fuerzas armadas.

Las últimas publicaciones corresponden detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional tras el golpe del 24 de marzo de 1976 y aunque en algunos casos se trata de personas que habían sido arrestadas oficialmente, sus nombres figuraban en decretos secretos, como secretos han sido los documentos donde se consigna también la liberación de un puñado de ellos. En todos aparece la firma del represor condenado Videla.

En una aparente cronología, que a veces no es tal, se han publicado semanas atrás decretos secretos que remiten a detenciones producidas en años anteriores y también traslados de detenidos políticos por las cárceles argentinas. Es el caso de Alberto Elizalde Leal, que fuera director periodístico de El Diario entre 2010 y 2011.

El 6 de septiembre de 1973, Elizalde Leal participó del copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, que el PRT-ERP había organizado con el objetivo de apoderarse de 170 fusiles ametralladoras y 40.000 proyectiles y municiones, además de medicamentos, drogas y material quirúrgico. En el ataque fue asesinado un teniente coronel y resultaron heridos un oficial y un conscripto; y por este hecho Elizalde Leal fue detenido y condenado a la pena de 20 años de prisión.

En los años siguientes estuvo alojado en las cárceles de Devoto, Caseros vieja, Chaco, Río Gallegos, Devoto nuevamente, La Plata –estuvo en los denominados pabellones de la muerte desde el 27 de octubre de 1976 hasta el 2 de diciembre de 1978–, Sierra Chica, Rawson y Devoto otra vez, desde donde fue liberado el 8 de agosto de 1984, tras la sanción de una ley que computaba doble cada día de detención cumplido mientras duró la dictadura.

Si bien estaba oficialmente detenido, su nombre figuraba en decretos reservados y secretos. El 17 de enero de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el Decreto S 118 (ver anexo) por el cual se dispone su traslado, junto con otras 80 personas (entre las que figuran el periodista Eduardo Anguita y Alberto Miguel Camps, sobreviviente de la Masacre de Trelew y luego asesinado por la dictadura), a la cárcel del Rawson.

El decreto señala que “el artículo 23 de la Constitución permite, en caso de conmoción interior, ‘respecto de las personas, arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del país’”, y hace hincapié en la vigencia del estado de sitio que “afecta por igual a todas las personas, con prescindencia que se encuentren o no sometidas a proceso”. Asimismo, se advierte que “el Poder Ejecutivo, respetuoso de la división de poderes y de la garantía del debido proceso que consagra la Constitución, pero también celoso custodio de la autodefensa del Estado (sic), arbitrará los medios necesarios para hacer efectiva dicha garantía, sin menoscabo de los intereses supremos encargados a su custodia”.

Se consigna también en la disposición de carácter secreto que “la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (…) arbitrará todos los medios necesarios para el traslado de dichas personas al tribunal que intervenga en la tramitación de sus respectivos procesos, cuando sea preciso” y que “podrá requerir autorización al Ministerio de Justicia para trasladarlas a otras unidades penitenciarias en caso de necesidad, seguridad, o cualquier otra circunstancia que así lo exigiera”.

Un mes después, el 25 de febrero, la misma Isabel firmó el Decreto S 462 (ver anexo), en los mismos términos, es decir, “fijando como residencia” para Elizalde Leal y las mismas 80 personas la “Unidad Penitenciaria (U.6) de la ciudad de Rawson”. En ningún momento se explica el motivo de la reiteración de la disposición.

“A comienzos de 1975, cuando ya éramos un par de centenares en Devoto, empezó una política de redistribución de presos en varios penales del país. Junto a otros compañeros me trasladaron a Rawson, era alrededor de setiembre u octubre de 1975”, recordó Elizalde Leal en diálogo con Página Judicial. “En ese momento ya estaban las Fuerzas Armadas coordinando la actuación represiva, desde febrero en Tucumán y a partir de octubre en todo el país, y los traslados eran muy violentos: viajábamos encapuchados y éramos sometidos a toda clase de golpes y agresiones de los guardias penitenciarios. En Rawson permanecí hasta julio de 1976, cuando en plena visita de mi madre me trasladaron, junto a un francés que militaba en Montoneros, a Villa Devoto”, acotó.

Militante periodista

Alberto Elizalde Leal nació en La Plata el 17 de febrero de 1950. Militaba en el PRT-ERP cuando fue detenido, en septiembre de 1973, tras el copamiento del Comando de Sanidad del Ejército, hecho por el que recibió una condena de 20 años de prisión.

Una vez en libertad, en 1984, denunció sus padecimientos y también el secuestro y desaparición de su familia ante la Conadep y el 13 de junio de 2001 declaró en los juicios por la verdad, que se desarrollaron en los tribunales de La Plata, cuando todavía estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final.

Allí contó no solo el horror personal dentro de las cárceles, sino cómo la dictadura secuestró y desapareció a su madre Delia Avilés –nacida en un paraje rural del departamento Gualeguaychú–, sus hermanos Sofía y Felipe y su pareja María Cristina Constantini, de quienes nunca tuvo ninguna información. “Lo que pasa con mi familia, pasa, básicamente, porque ellos estaban relacionados con la actividad de solidaridad con los presos políticos y, por otro lado, por el simple hecho de ser familiares de un detenido político”, manifestó en aquella ocasión ante el tribunal.

En los años siguientes Elizalde Leal integró, además, el grupo fundador del diario Página/12 y, más acá en el tiempo, emprendió otros proyectos periodísticos: escribió el guión para el documental El azúcar y la sangre. La guerrilla rural en Tucumán 1966-1976 (2007); fue subdirector del semanario Miradas al Sur, donde publicó la serie de notas de investigación sobre los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que dieron origen de una causa judicial que todavía se encuentra en trámite; y más recientemente fue director periodístico de El Diario de Paraná.