Es inminente la indagatoria a los empresarios de las cosechadoras

29/03/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El camino parece ir cerrándose para los empresarios. En los próximos días, la fiscal Sandra Terreno formularía el requerimiento de instrucción formal de la causa en la que se investiga una posible comisión del delito de defraudación a la administración pública, por el desvío de créditos


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


El camino parece ir cerrándose para los empresarios. En los próximos días, la fiscal Sandra Terreno formularía el requerimiento de instrucción formal de la causa en la que se investiga una posible comisión del delito de defraudación a la administración pública, por el desvío de créditos otorgados para la construcción de máquinas cosechadoras en una planta de Concepción del Uruguay.

Según indicaron fuentes de la investigación consultadas por Página Judicial, la fiscal formularía acusaciones contra los empresarios Ricardo Senor, padre e hijo, y Sergio Scravaglieri, los tres socios de la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, una firma creada en diciembre de 2010, meses antes de ponerse a fabricar cosechadoras en la localidad del sur entrerriano, y que entre 2009 y 2012 recibió créditos por 5,5 millones de pesos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver).

La fiscal Terreno, que quedó a cargo de la investigación en lugar de Ignacio Aramberry por una rotación de fiscales dispuesta por la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia, presentaría después de Semana Santa el escrito con el requerimiento formal ante la jueza de Instrucción Número 1 de Paraná, Patricia Yedro, tras recibir los informes a los oficios librados ante distintos organismos y entes públicos sobre los trámites realizados por la empresa para el otorgamiento de los créditos.

En concreto, los empresarios están acusados por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito castigado con penas que van de los dos a seis años de prisión. Sin embargo, es probable que no sean detenidos, sino que se les imponga una fuerte caución, dado el volumen de dinero que recibieron.

Asimismo, trascendió de fuentes judiciales que en una primera instancia la acusación no alcanzaría a los funcionarios públicos que intervinieron en el otorgamiento de los créditos y debieron controlar su destino, tal es el caso de Roberto Schunk, ministro de la Producción de la provincia; Mabel Solanas, coordinadora ejecutiva del Finver; y Roque Marcelo Agosti, actual vocal a cargo del organismo.

“Aquí estamos ante un vivillo, que hizo una pantomima de inversión aprovechándose de un régimen de promoción de industrias y se llevó la plata a su casa; en una segunda etapa se verá cuál es la responsabilidad de los funcionarios, pero en principio hay una cantidad de prueba suficiente para avanzar en la indagatoria y procesamiento de estos empresarios truchos”, apuntó un investigador ante la consulta de Página Judicial.

Lo cierto es que la responsabilidad de los funcionarios surge claramente de los decretos a través de los cuales se otorgaron las subvenciones, que también tienen la firma del gobernador Sergio Urribarri, donde se instituye al Finver y al Ministerio de la Producción como órganos de contralor de la ejecución del proyecto y de la “correcta utilización del crédito”.

Cuento chino

Esta historia se remonta al año 2009, cuando el Grupo Senor, a través de la empresa B.S.V. –antecesora de Grandes Máquinas–, presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El Gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 otro por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón.

Las cosechadoras no se construyeron y la planta de Concepción del Uruguay no es más que un galpón vacío. Pero quedó aquella foto del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de la carcasa de una cosechadora Maag Mitos. Después vino la misión comercial a Angola, el anuncio de venta de 18 de máquinas y el derrumbe.

En agosto Página Judicial dio cuenta de la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet para que se investigue a funcionarios y empresarios por una posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública.

En octubre la empresa se presentó en concurso preventivo de acreedores. Esa causa tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial Número 3 de Concepción del Uruguay, a cargo de Leonardo Portella, y avanza en forma paralela. El contador Horacio Alfredo Larrivey, que oficia como síndico de la empresa, debe presentar el 5 de abril un “Informe general” en el que exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, un detalle del activo y pasivo, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos.