Las trabas legales que enfrenta el complejo termal de Paraná

21/03/2013

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El pretendido camino de rosas que emprendieron autoridades municipales y provinciales para instalar un complejo termal y parque acuático en el complejo Toma Vieja parece haberse espinado: por un lado, el Foro Ecologista Paraná advirtió que las

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El pretendido camino de rosas que emprendieron autoridades municipales y provinciales para instalar un complejo termal y parque acuático en el complejo Toma Vieja parece haberse espinado: por un lado, el Foro Ecologista Paraná advirtió que las perforaciones podrían contaminar las napas de agua dulce y eso afectaría la provisión para consumo y la biodiversidad ribereña; y por otro, el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos solicitó informes al Colegio de Arquitectos por una serie de puntos por los cuales el proyecto violaría normativa provincial y nacional.

“La explotación termal jerarquizada es un negocio probado en Entre Ríos y el parque acuático algo muy convocante en una región con más de un millón de personas a la redonda. Por eso esta decisión general de ubicación y por eso este primer paso concreto: la perforación a cargo de Enersa”, anunció el gobernador Sergio Urribarri el 18 de enero, escoltado por Blanca Osuna como invitada silenciosa.

Ahí mismo, mientras recorrían el predio donde se emplazaría el complejo, se anunció que la empresa de energía cedería un terreno de 17 hectáreas lindero al complejo Toma Vieja y financiaría las perforaciones que se estimaron en 1,5 millones de dólares.

El anuncio oficial sugería el desmantelamiento del tradicional complejo paranaense, ya que contempla “que el predio de Enersa se integre en toda su extensión al camping de la Toma Vieja para que sobre esos terrenos se planifiquen y posteriormente se construya el complejo termal y el parque acuático, las dos nuevas y futuras atracciones de la ciudad”.

Y avanzó rápido el Gobierno: el 21 de enero se hizo el primer anuncio, el 28 de febrero se informó que se haría una perforación de 1.300 metros, se convocó a un concurso público para la presentación de anteproyectos y se estimó que en la segunda quincena de agosto estaría fluyendo el agua termal.

Reacciones

Pero la reacción no se hizo esperar. El Foro Ecologista Paraná y la Fundación M’Bigúa salieron, con matices, al cruce del proyecto oficial; y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Entre Ríos pidió una serie de informes para conocer si la iniciativa se apega a las normativas nacionales y provinciales en materia ambiental.

El Foro Ecologista de Paraná rechazó la realización del complejo termal y parque acuático, por considerar que las perforaciones podrían contaminar las napas de agua dulce. “Queremos que la ciudad siga siendo un espacio biohabitable con lugares amigables, que no se agotan después de un par de temporadas”, dijo Daniel Verzeñassi.

En conferencia de prensa, hace unos días, explicó que no se trata de una “posición caprichosa” y aportó datos sobre el impacto que produciría el volcado de los efluentes en el ambiente: “La disposición final de esos 25 mil kilogramos de sal a diario disimulados en aguas diluidas puede ser que no se note, pero el río no tiene tanta capacidad de dilución. Imaginen dos o tres camiones volcando su carga por día, en el mismo lugar del río ¿Alguien puede decir que lo que se está haciendo en La Paz y en Victoria no está incidiendo en el proceso del borde costero?”, enfatizó el dirigente.

Más moderada, la Fundación M’Bigúa, Ciudadanía y Justicia Ambiental presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, a cargo de Fernando Raffo, para saber detalles sobre el proyecto termal y, en particular, busca conocer en profundidad los estudios de impacto ambiental.

Dudas y preguntas

En tanto, el Instituto de Derecho Ambiental presentó el 8 de marzo una nota al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos para conocer si ante el concurso convocado para la presentación de anteproyectos “se han adoptado las previsiones normativas imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los recaudos legales exigibles en materia ambiental”, según consta en la misiva firmada por el presidente de la entidad, Marcelo Boeykens, y la secretaria, Aldana Sasia, a la que accedió Página Judicial.

En la nota, se plantean cuatro puntos sobre los cuales se solicita información: si en las bases del concurso se prevé la realización de un estudio de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, que plantea el artículo 84 de la Constitución Provincial; si está previsto realizar una consulta popular sobre el proyecto ya en marcha, tal como se establece en el artículo 19 de la Ley General del Ambiente para el caso de proyectos relacionados con la preservación y protección del ambiente; y si se prevén modificaciones en los usos, zonificaciones o áreas de protección previstos en el Código Urbano o si, directamente se promoverá la derogación de la Ordenanza Número 7.961.

Asimismo, se hace constar que la Toma Vieja ha sido declarada como “área natural protegida, específicamente, como paisaje protegido”, que por definición es “todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad”, tal lo previsto por la Ley Número 8.697.

En otro tramo de la nota, se advierte con “preocupación” sobre “la insuficiencia o defectos detectados en la normativa citada en las Bases” del denominado Concurso Nacional del Anteproyecto del Plan Maestro del Complejo Termal y Parque Acuático Temático de la ciudad de Paraná. En ese sentido, consigna que “como marco regulatorio nacional, se menciona exclusivamente la servidumbre de paso de cables de alta tensión, omitiendo a la Ley General del Ambiente Número 25.675” y agrega que “en el marco normativo provincial se cita una ley derogada como es la 9.032 y en el plano municipal se omite la referencia al Código Ambiental de la Municipalidad de Paraná (Ordenanza Número 7.717)”.

Tres semanas después, el Colegio de Arquitectos no respondió al pedido de informes y el único mensaje que emitió no tiene nada que ver con esto sino con una extensión en el plazo del concurso para la presentación de anteproyectos para el complejo termal. Pero, como suele decirse en estos casos, habrá más noticias en este boletín.