Tres proyectos que democratizan la Justicia duermen en la Legislatura
04/03/2013
Federico Malvasio De la Redacción de Página Política Federico Malvasio De la Redacción de Página Política El Consejo de la Magistratura se constituyó en 2003. Fue producto de la crisis de representación que estalló en 2001. Se cuestionaba a quienes conducían el Estado. En los tres poderes. Jorge Busti convocó a los dirigentes políticos, magistrados
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Política
El Consejo de la Magistratura se constituyó en 2003. Fue producto de la crisis de representación que estalló en 2001. Se cuestionaba a quienes conducían el Estado. En los tres poderes. Jorge Busti convocó a los dirigentes políticos, magistrados y entidades gremiales y por decreto creó el organismo asesor que evalúa a los futuros magistrados en un proceso de evaluación en el que se computan antecedentes, luego se realiza una prueba y finalmente el concursante se somete a una entrevista que correrá por parte de representantes de sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.
Cuando se reformó la Constitución Provincial, en 2008, peronistas y radicales coincidieron en no modificar la representación y el funcionamiento del organismo. Se dejó a la Legislatura una ley reglamentaria, que ya fue sancionada y se espera ponerla en práctica. No se sabe en qué quedará ante el anuncio de Sergio Urribarri de “democratizar la Justicia” y promover el voto popular de los integrantes. El pueblo está representado, aunque no en forma directa, a través de las organizaciones de la sociedad civil; mientras que los pliegos son analizados por el Senado, cuyos miembros representan a los departamentos.
El gobernador tiene a su alcance iniciativas que darían un paso adelante en la transparencia del Poder Judicial. Algunas son de larga data.
En el Senado se aprobó un proyecto que pretende “regular la cobertura transitoria de los cargos de magistrados que resultaren “vacantes por renuncia, suspensión, licencia extraordinaria mayor a 30 días, subrogancia en otro juzgado o tribunal o cualquier otro impedimento” hasta tanto se reincorpore el titular o sea designado el magistrado definitivo conforme al mecanismo establecido en la Constitución Provincial. La idea es que se confeccionen listas con abogados que integraron una terna en el Consejo de la Magistratura y que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la tenga en cuenta al momento de cubrir un cargo. En la actualidad es el alto cuerpo quien tiene la atribución para hacerlo sin ningún criterio establecido. El texto está en Diputados.
Ética y declaraciones juradas
Cristina Kirchner habló ante la Asamblea Legislativa de la necesidad de una ley de ética pública que contemple a los magistrados para conocer sus patrimonios. En la provincia esta iniciativa está por cumplir una década de idas y vueltas. Busti asumió su tercer mandato y prometió un Código de Ética. Se convocó a diferentes sectores sociales para consensuar una ley que nunca llegó a convertirse en tal.
Durante la primera gestión de Sergio Urribarri el tema iba a ser abordado, pero en el marco de la reforma constitucional en 2008. Allí había que debatir el tema de fondo. No se hizo y el compromiso fue pateado para la Legislatura.
Busti, presidente de la Cámara de Diputados y anterior presidente de la Convención, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el cuerpo que él mismo presidía. El 28 de octubre de 2009 pasó al Senado y el 9 de abril del año siguiente se aprobó para pasar luego a la Cámara de origen tras algunas modificaciones. Allí quedó. El texto comprende las declaraciones juradas de los tres poderes. El periodista Oscar Londero, director del medio especializado Acceso Libre, ha trillado el camino administrativo para saber sobre el patrimonio de los funcionarios judiciales. Siempre le fue denegado.
La diputada Rosario Romero presentó un nuevo proyecto hace diez días. La legisladora presentó también, y fue aprobado por el cuerpo, un proyecto para crear en el ámbito de la provincia la figura de Amicus Curiae, una expresión del latín que significa “Amigos del Tribunal” y tiene por objeto acercar a ciudadanos y organizaciones no gubernamentales a los procesos judiciales para que se involucren. De esta forma, cualquier persona, física o jurídica podrá presentarse ante el STJ para plantear cuestiones de trascendencia o interés público.
La figura del Amicus Curiae forma parte de un recurso utilizado en la Justicia para que las personas individuales o colectivas que tengan un interés legítimo y justificado en brindar su opinión sobre diferentes cuestiones tratadas en un proceso, puedan hacerlo, tal como lo reguló la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 2004. En el Senado no está en agenda.
La Legislatura no tiene representantes de la oposición en el Senado y una mayoría aplastante en el Diputados. Sólo falta una decisión política.