Schunk, en la mira por no controlar a la empresa de las cosechadoras
17/12/2012
Federico Malvasio / Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La investigación judicial parece moverse más lenta que cautelosamente, recolectando pruebas y documentos que permitan determinar las responsabilidades de empresarios y funcionarios, tras la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet sobre una posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.
Federico Malvasio / Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La investigación judicial parece moverse más lenta que cautelosamente, recolectando pruebas y documentos que permitan determinar las responsabilidades de empresarios y funcionarios, tras la denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet sobre una posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.
De todas maneras, poco a poco van pegándose ladrillos en la muro de indicios que van construyendo la jueza Patricia Yedro y el fiscal Ignacio Aramberry. En el expediente hay una serie documentos que ponen en la mira a tres funcionarios que debían controlar el destino de los créditos otorgados a la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA: Roberto Schunk, ministro de la Producción de la provincia; Mabel Solanas, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver); y Roque Marcelo Agosti, actual vocal a cargo del organismo.
La novedad surge de los tres decretos (ver adjuntos) donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012, para la instalación de una planta de construcción de cosechadoras en la provincia de Entre Ríos. De todos modos, es un misterio aun el destino de los 5.574.500 pesos que el Finver le otorgó a la empresa.
En los decretos, a los que accedió Página Judicial, surge claramente la responsabilidad del Ministerio de la Producción (antes Secretaría de la Producción) como órgano de contralor de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las condiciones fijadas a la empresa, como también la “correcta utilización del crédito”.
Pero la situación de los funcionarios es más comprometida considerando que ya en 2010 se había establecido, como condición para el desembolso del dinero, fijar un cronograma de entregas bimestrales conforme avanzara la puesta en marcha del proyecto productivo, para lo cual la cartera a cargo de Roberto Schunk debía realizar informes técnicos previos “sobre el cumplimiento de las metas fijadas”.
La foto del galpón semivacío, pintado de naranja y con unos pocos bienes que, además, están embargados; sumado a la intimación que recibió la empresa por parte del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay para que abone los alquileres atrasados; y el reconocimiento del propio Ricardo Senor de que solo ha fabricado el prototipo de cosechadora Maag Mitos, son señales que parecen poner fin a esta historia. Eso también compromete a los funcionarios.
Los créditos y el derrumbe
En 2009, por Decreto Número 4.432 del 18 de noviembre de 2009, se le otorgó a la firma “B.S.V. SA, del Grupo Senor” un préstamo de 574.500 pesos (equivalente a los 100.000 dólares que había solicitado) para la instalación de una fábrica con capacidad para producir 12 máquinas cosechadoras al año e incorporar a 27 trabajadores.
Lo primero que llama la atención es el nombre de B.S.V., la misma denominación de una empresa que en 2008 montó una escena parecida en Formosa. Entonces, la Maag Mitos se llamaba Quantum. El Gobierno formoseño le otorgó varios créditos a través del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), pero después de algunos trabajos en el parque industrial de la capital provincial, de repente el proyecto se desmoronó.
Esta empresa B.S.V. vuelve a aparecer en el Decreto Número 4.432, firmado por Sergio Urribarri. En este caso, el crédito fue otorgado a través del Finver, “reservándose el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de la Producción, conjuntamente con el mencionado Fondo, la facultad de controlar los requisitos imprescindibles y la marcha de la gestión y utilización del crédito”, tal como quedó refrendado en el artículo 4.
Del mismo modo, se establecen allí las formas y condiciones para la devolución del crédito, que debió ser reembolsado en su totalidad, más un interés del 5 por ciento anual, el 30 de noviembre de 2011.
Con ese primer crédito en la mano, unos días después, se hizo el anuncio oficial: el gobernador Urribarri se reunió con los empresarios Ricardo Senor, padre e hijo, y se allí se dijo que la producción de las maquinarias comenzaría en febrero de 2010, que a mediados de ese año a iniciarían las exportaciones a Venezuela y Ricardo hijo hasta se permitió hablar de una inversión total que treparía a los 12 millones de pesos.
Pasó todo el año 2010 sin que ninguna máquina llegara a Venezuela, y ya en 2011, a través del Decreto Número 96, del 15 de febrero, la empresa recibió otros 4 millones de pesos para ampliar la escala del proyecto, ahora a nombre de la nueva Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA “en formación”. Ricardo Senor era el presidente y su hijo del mismo nombre y Sergio Scravaglieri figuran como vicepresidentes.
Allí se hablaba de “150 unidades convencionales y 40 axiales desde el quinto año de puesta marcha, ocupando 136 empleados a partir de dicho período”. Otra vez, “el control de la ejecución del proyecto, el cumplimiento de los requisitos, como así también de la correcta marcha de la gestión y utilización del crédito estará a cargo del Ministerio de la Producción, el que coordinará acciones con el Finver”.
El decreto establece también que las entregas del dinero se realizarían “conforme avance la puesta en marcha del proyecto productivo” y el artículo 2 inciso d) especifica que “los desembolsos bimestrales procederán previo informe técnico del Ministerio de la Producción sobre el cumplimiento de las metas fijadas”.
Recién este año apareció la primera cosechadora, el 11 de marzo, aquel prototipo que mostraba la foto de la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Sergio Urribarri en la Casa Rosada. Y una semana después, el 19, el mandatario provincial firmó el Decreto Número 529 por el cual se le otorga un nuevo crédito a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, ahora por 1 millón de pesos.
En los fundamentos de aquel decreto se lee: “Que el Ministerio de la Producción ha evaluado oportunamente el cumplimiento de las disposiciones de los decretos Nº 4432/09 GOB y Nº 96/11 MEHF por parte de la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA en relación a la instalación y puesta en marcha de la fábrica de cosechadoras en la provincia, informando al respecto que la misma cumplimentó las condiciones necesarias para acceder a cada uno de los tramos de la asistencia otorgada”.
Sin embargo, llama la atención que en este decreto, por primera vez, se habla de qué hacer en caso de que Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA no cumpla con sus compromisos. En el artículo 2, inciso d) se lee: “En caso de incumplimiento en las obligaciones asumidas por la empresa, esta deberá abonar en forma inmediata la totalidad del dinero otorgado con más los intereses establecidos”. Ello no ocurrió y ahora el Gobierno debería presentarse como damnificado ante el juez que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores iniciado por la propia empresa, pero si decidiera ejecutar el seguro de caución que la firma presentó como garantía, lo haría ante el Instituto del Seguro de Entre Ríos, es decir, otra vez el perjudicado sería el Estado.
Lo que vino después es historia conocida: la “Operación Angola”, la denuncia de un proveedor por falta de pagos, los cheques rebotados, el embargo de unos pocos bienes que había en el galpón uruguayense, la denuncia penal, la apertura de un concurso preventivo de acreedores y el fracaso definitivo del proyecto.
Hace algunos días, el empresario Ricardo Senor atribuyó a una “campaña mediática” el fracaso del proyecto de instalación de la fábrica de cosechadoras en Concepción del Uruguay. Parece una excusa de ocasión, bastante burda, por cierto, para no hablar de lo verdaderamente importante.