El magistrado que no reconoce a su familia y va contra el periodismo
22/11/2012
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un dicho nacido en los tiempos de la era digital pregona que Internet a veces perdona, pero casi nunca olvida. Algo de eso podría decirse que le pasó a Julián Genaro Quevedo, primero designado (interinamente por el Superior Tribunal de Justicia) y luego removido (también por
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Un dicho nacido en los tiempos de la era digital pregona que Internet a veces perdona, pero casi nunca olvida. Algo de eso podría decirse que le pasó a Julián Genaro Quevedo, primero designado (interinamente por el Superior Tribunal de Justicia) y luego removido (también por el STJ) del Juzgado del Trabajo Número 3 de Concordia.
El 18 de abril de 2011, el hoy removido juez Quevedo promovió una acción de habeas data contra los buscadores Google y Yahoo!, el periodista concordiense Carlos (Claudio) Gastaldi –editor de Diario Junio– y varios sitios de Internet para que suprimieran su nombre “en todos los archivos o páginas” donde se lo menciona reivindicando a la última dictadura cívico-militar y reclamando la liberación del represor Ricardo Miguel Cavallo cuando éste fue detenido en México.
Apenas se conoció su designación como juez laboral de Concordia, esta información fue publicada, en Diario Junio y que luego se reprodujo en otros medios de la provincia. “Ambas notas son falsas y no cuentan con mi adhesión, aval, ni he firmado las mismas. Niego haber suscripto, avalado o apoyado cualquier tipo de solicitada o manifestación pública que reivindicara conductas antidemocráticas o configurativas de la apología de los delitos”, consignó Quevedo en la carta documento que envió a Diario Junio y a los buscadores, y también en una presentación espontánea ante la presidenta del STJ, Leonor Pañeda. “Dichas falsas notas me están causando un enorme daño al injuriárseme atribuyéndome en la adhesión a las mismas”, acotó el hoy removido magistrado.
La misma nota envió Quevedo a El Diario, que saldó la cuestión mediante la concesión del derecho de réplica, publicando la carta en los términos en los que solicitaba el entonces magistrado. Pero en el caso de Diario Junio, recurrió a la vía judicial y promovió una acción de habeas data para que suprima la publicación de los archivos. Esa acción aun no ha sido saldada y la causa tramita en el Juzgado Federal Número 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de Beatriz Estela Aranguren.
Del mismo modo, pidió a Google y Yahoo! que proporcionen los nombre, datos identificatorios y domicilio de los responsables de los de los sitios www.network54.com, www.members.fortunecity.com, www.elistas.net y Prensa Independiente, y eliminar la información falsa que se encuentra alojada allí.
Como han hecho en otros casos, los buscadores respondieron desligándose de su responsabilidad por lo que se publica en Internet. Cada uno por su lado, explicaron que no tienen los datos de los sitios que Quevedo considera que lo “agravian” y mandaron a buscar esa información en los registros de dominio, según las respuestas que constan en el expediente, al que accedió Página Judicial.
En el caso de Google replicó además que “así como no es una base de datos relativa a personas, tampoco lo es en relación a los sitios web” y agrega que el buscador “no crea, almacena ni administra la información a la que, por su intermedio, se puede acceder, ya que esa información es creada, almacenada y administrada por los terceros propietarios de los sitios web que luego son ordenados por Google”.
La respuesta de Yahoo! fue en los mismos términos, explicando que el buscador “funciona como un programa que realiza búsquedas totalmente automatizadas de determinadas ‘palabras clave’ introducidas por los usuarios” y explicita que “dado que Yahoo! no controla, revisa, modera, verifica ni edita de manera alguna los contenidos de esos sitios de terceros, no se responsabiliza por los mismos”. Luego insiste en que “Yahoo! Argentina no tiene ninguna relación con esos sitios ni con los contenidos que del mismo se derivan, por lo que no es responsable de manera alguna por los contenidos generados por sitios de terceros ajenos a Yahoo! Argentina”.
Que le muestren la firma
Así las cosas, el hecho es interesante para debatir acerca de ciertos mecanismos que ofrece la era digital, particularmente la materialidad de la firma en Internet y las formas de adhesión a consignas que circulan por la red. Pero, ¿qué decían esas notas que Quevedo asegura no haber suscripto y que tanto daño manifiesta que le han causado?
En agosto del año 2002 circuló en algunos sitios de Internet una carta titulada “Apoyo a las FFAA, de Seguridad y Policiales” con varias decenas de firmas que expresan “su apoyo al grupo de militares y demás servidores públicos que han sido detenidos días atrás por orden del juez Claudio Bonadío”. Por esos días, el magistrado había solicitado la captura de medio centenar de ex militares, ex policías y ex agentes de inteligencia involucrados en la denominada contraofensiva montonera. En la lista aparecían, entre otros, Leopoldo Fortunato Galtieri, Cristino Nicolaides y Guillermo Suárez Mason.
La nota sigue: “En momentos donde la Patria requiere actitudes de grandeza y de hombría de bien para salir adelante, ciertos personajes que no comprenden la gravedad en que nos encontramos inmersos siguen obsesionados con remover un pasado doloroso para todos los argentinos, usando la justicia y las leyes para ‘vengarse’ de quienes arriesgaron su vida por nosotros, combatiendo y derrotando a la subversión asesina de los años ‘70. Le pedimos a nuestros dirigentes, a nuestros políticos y a quienes administran justicia que cese la persecución política y judicial para los oficiales de nuestras dignas Fuerzas Armadas, así como acompañamos moral y espiritualmente a todos sus integrantes que están detenidos tanto en el exterior como en la Argentina. Que en algún día muy próximo podamos dejar atrás el pasado y unirnos para proyectar el renacimiento de una Argentina digna y soberana como nos merecemos”.
Unos meses después, en junio de 2003, apareció otra nota, ahora reclamando al entonces presidente mexicano, Vicente Fox, la libertad de Ricardo Miguel Cavallo, un represor que en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) utilizaba el alias de Sérpico y que por esos días afrontaba un pedido de extradición a España por crímenes de lesa humanidad. Se trata de un represor que durante la dictadura, no sólo participó en secuestros y asesinatos, sino que también se apropió de bienes de desaparecidos y amasó una fortuna que, años después, le ayudó a emprender negocios en México, hasta su detención en agosto de 2000.
La carta al Jefe de Estado mexicano exigía “la libertad inmediata del capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, prisionero en ese país desde hace casi tres años”. Regían en Argentina las leyes de obediencia debida y punto final y por eso en la nota se permitían manifestar que Cavallo “fue denunciado, junto con otros camaradas, siendo desprocesado por la Cámara Federal, que no encontró méritos para su procesamiento. Luego no tiene ninguna causa abierta ni ante la justicia militar y menos en el fuero civil”, entre otras consideraciones.
El nombre completo de Quevedo aparece en ambas notas, junto con su número de documento y procedencia. Figuran también los datos de otros ciudadanos de Concordia, algunos de reconocida vinculación con las fuerzas armadas, policiales y de seguridad y hasta militares retirados.
Sin embargo, el removido magistrado niega haberlas firmado y en su demanda contra Gastaldi, los buscadores y sitios de Internet les pide que exhiban un documento “donde se encuentre estampada alguna firma” suya. Es decir, exige e intima a sus demandados a que muestren una firma de puño y letra suya.
En rigor, Quevedo exige un imposible, pues no existe posibilidad alguna de estampar firmas en las redes sociales ni en publicaciones que se realizan en Internet, y la adhesión a una solicitada que circula por la web se hace, usualmente, suscribiendo con el nombre, apellido, DNI y, en algunos casos, el domicilio o procedencia de quien lo hace.
Pero hay más: el ex juez sugiere que su nombre fue incluido en ambas solicitadas con el objetivo de dañar su imagen. Sin embargo, en el expediente no hay siquiera una línea donde haga referencias a su familia política: nada dice de la presencia de su esposa, Marta Silvia Ortiz, Matachi que le dicen, y que también es empleada judicial, ni de otros familiares que aparecen como firmantes de ambas notas.
El General
Marta Silvia Ortiz, la esposa de Quevedo, es una de tres hijos del General de Brigada Raúl José Ortiz, fallecido el 1 de julio de 2004 y también firmante de las polémicas notas. Ortiz fue un hombre de estrecha confianza del dictador Roberto Viola, de quien fue secretario de Información Pública (sic), y llegó a ser jefe de Gendarmería durante la guerra de Malvinas.
Durante su carrera militar Ortiz cumplió funciones en unidades militares de Paraná y Concordia, entre otras. A partir de enero de 1977 fue el subjefe de la Subzona 22, con jurisdicción en Entre Ríos, secundando en el mando al jefe de la represión en la provincia, Juan Carlos Ricardo Trimarco, de manera que tuvo responsabilidad en el control operativo dentro del territorio provincial.
Ortiz pasó a retiro a fines de 1982 y en los primeros años de la democracia fue beneficiado por la ley de punto final, por lo que nunca llegó a responder ante la Justicia por sui accionar durante la última dictadura cívico-militar.