La empresa de las cosechadoras se presentó en concurso de acreedores

02/11/2012

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El cuento de las cosechadoras ya llegando, poco a poco, a su colorín colorado. Y lejos de tener un final feliz, se ha convertido en un gran papelón del que los funcionarios prefieren no hablar. Mientras tanto, nadie sabe dónde está ni qué fue de aquel

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El cuento de las cosechadoras ya llegando, poco a poco, a su colorín colorado. Y lejos de tener un final feliz, se ha convertido en un gran papelón del que los funcionarios prefieren no hablar. Mientras tanto, nadie sabe dónde está ni qué fue de aquel prototipo del modelo Maag Mitos al que subieron a la Presidenta Cristina Fernández.

La empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Número 3, a cargo de Leonardo Portella, quien hizo lugar a la medida el 11 de octubre pasado y designó al contador Horacio Alfredo Larrivey como síndico de la firma.

El concurso preventivo es una medida preventiva de la quiebra, es decir, cuando una empresa se encuentra en dificultades económicas que le impiden continuar con su actividad en forma regular, tiene una opción para evitar la quiebra mediante este mecanismo. En este caso, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay podría continuar con sus operaciones, administrada, en principio, por sus titulares, pero bajo la vigilancia del síndico. De todas maneras, la empresa está impedida realizar ciertos actos, salvo expresa autorización del magistrado interviniente.

Hace algunos días, se publicó en el diario uruguayense La Prensa Federal el edicto (ver anexo) con la resolución judicial que dispone la apertura del concurso preventivo dispuesto por el juez Portella y fija un plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación al síndico. Sin embargo, fuentes tribunalicias admitieron a Página Judicial que son pocos los que se han presentado hasta el momento.

En ese marco, el juez Portella estableció como límite la fecha del 30 de noviembre para que los acreedores se presenten con los documentos que certifiquen las deudas que tiene la empresa para con ellos. Esos documentos serán luego analizados por el síndico y, una vez certificadas las acreencias, el magistrado debería dictar una resolución estableciendo qué deuda le corresponde cobrar a cada uno y las partes acordar un plan de pagos.

Antes de ello, el 20 de febrero de 2013, el síndico deberá presentar al juez lo que la Ley de Concursos y Quiebras denomina “Informe individual” donde conste cada solicitud de verificación en particular, con los datos de los acreedores, monto y causa del crédito, privilegio y garantías invocados, además de cualquier otra información y las observaciones que hubieran recibido las solicitudes, por parte del deudor y acreedores.

En tanto, el 5 de abril, el síndico debe presentar un “Informe general” en el que exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, un detalle del activo y pasivo, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos.

Finalmente, el 5 de septiembre, el juez convocará a las partes a una audiencia informativa, como paso previo para tratar que las partes firmen un acuerdo de cancelación de la deuda, a partir de las propuestas que presente la empresa.

Lo cierto es que, en principio, la lista de acreedores se presume extensa. A la cabeza aparece Daniel Huarte, un empresario cordobés, titular de Plásticos de Camiones SRL, que le vendió a Grandes Máquinas las carrocerías del prototipo de cosechadora que se presentó en la Casa Rosada y luego fue expuesta en Angola. Huarte reclama más de un millón de pesos y en su momento un Juzgado Civil y Comercial de Córdoba dispuso el embargo preventivo sobre la totalidad de los bienes que la firma tenía en los galpones del puerto de Concepción del Uruguay.

Por su parte, la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA admitió ante el juez Portella cuáles son las causas judiciales en trámite que la involucran. En ese sentido, señaló la que se tramita en Córdoba por la emisión de cheques sin fondo para el pago a proveedores, impulsada por Huarte; y también hizo referencia a la denuncia promovida por el abogado Guillermo Mulet en Paraná para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública.

De costa a costa

Mientras tanto, también en Paraná surgieron novedades en la causa que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Número 1, a cargo de Patricia Yedro. Esta semana Mulet presentó un escrito ampliatorio de su denuncia solicitando, entre otras medidas, la detención del presidente de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay, Ricardo Senor; de su hijo del mismo nombre; y de Ricardo Scravaglieri, vicepresidente de la compañía.

En concreto, el abogado del foro local solicitó “la detención de los imputados a los fines de evitar que los mismos pudieran entorpecer la investigación, fijen domicilios y en su caso ofrezcan caución real y con el objeto de ordenar la prohibición de salidas del país a los imputados”.

Asimismo, el abogado insistió en que la jueza ordene “de manera urgente los allanamientos solicitados oportunamente” de las oficinas comerciales y de los galpones de la firma, en Avenida Paysandú 290, en la zona del puerto de Concepción del Uruguay, con el objetivo de “verificar el funcionamiento de dicha empresa, si se encuentra en estado de producción, herramientas y demás mobiliario existente en los mismos, stock de repuestos, existencia de maquinaria en producción o terminadas”.

Mulet pidió, además, que “se libre oficio a la Dirección de Migraciones del Gobierno nacional a los fines de que informe si los denunciados integrantes de la sociedad y/o funcionarios que pudieran haber intervenido en la operación comercial de préstamo salieron del país, en su caso informe destino y tiempo en que los mismos permanecieron en el extranjero”, según consignó en el escrito al que accedió Página Judicial.

Esta medida apunta a determinar si los empresarios o funcionarios pudieron sacar dinero del país, ya que si bien se ha determinado que el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) otorgó créditos por 5,5 millones de pesos, Mulet asegura haber recibido información que da cuenta de que “el monto de créditos otorgados (a Grandes Máquinas) ascendería a la suma de 24 millones de pesos en total” y, entonces, la apertura del concurso preventivo de acreedores podría constituir una maniobra para quebrar la empresa “con el objeto de disminuir su patrimonio y así hacerse de los fondos que oportunamente le prestara el Estado provincial”, advirtió.

Así las cosas, la causa avanza, por ahora, en la recolección de información, sin imputaciones contra empresarios ni funcionarios. Pero nada asegura que lo que ya es un papelón y un dolor de cabeza para el Gobierno, se vuelva un gran escándalo.