Primeros pasos en la investigación por los créditos para las cosechadoras

11/10/2012

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La Justicia entrerriana dio algunos pasos tendientes a desentrañar la trama que hay alrededor del negocio para la construcción de cosechadoras. Aquella foto que mostraba a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri sobre un


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


La Justicia entrerriana dio algunos pasos tendientes a desentrañar la trama que hay alrededor del negocio para la construcción de cosechadoras. Aquella foto que mostraba a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri sobre un prototipo del modelo Maag Mitos parecía la piedra fundamental de un emprendimiento que traería grandes beneficios para la economía entrerriana. En lugar de ello se volvió un gran papelón: la cosechadora no anduvo, la exportación de máquinas a Angola no se concretó y el negocio terminó en los estrados judiciales.

Tras la denuncia del abogado Guillermo Mulet, el fiscal Ignacio Arambarry solicitó una serie de medidas tendientes a establecer su verosimilitud y, a partir de ahí, avanzar en una investigación por la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de los titulares de la empresa de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA.

La presentación se efectuó en los primeros días de agosto ante el procurador general de Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, quien ordenó que sea Arambarry el que se hiciera cargo de la investigación, por ser quien estaba de turno. Lo primero que hizo entonces el fiscal fue convocar a Mulet a que ratificara la denuncia, un trámite que el abogado consideró innecesario por cuanto había sido firmada ante de un funcionario judicial, pero que aprovechó para pedir celeridad en la investigación.

En su denuncia Mulet había sugerido una serie de medidas que podrían servir para que la investigación diera sus primeros pasos. Entre otras cosas solicitó el allanamiento de las oficinas comerciales y de los galpones “señalados como pertenecientes a la firma Grandes Maquinas de Concepción del Uruguay”. En ambos casos, el objetivo era “verificar el funcionamiento de dicha empresa, si se encuentra en estado de producción, herramientas y demás mobiliario existente en los mismos, stock de repuestos, existencia de maquinaria en producción o terminadas y todo dato de interés para la causa”.

En diálogo con Página Judicial, el fiscal Arambarry fue cauto y prefirió no dar detalles sobre las medidas que había solicitado, pero sí dijo que “se pidieron una serie de informes, constataciones sobre el estado actual de la planta y el estado de procedimiento del trámite administrativo de los créditos que solicitó la empresa ante los organismos provinciales, entre otras cuestiones”.

En su momento, Mulet había denunciado un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los créditos que recibió la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, de parte del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), por una suma aproximada de 5,5 millones de pesos, para construir cosechadoras. Al momento de ser citado, el abogado amplió su denuncia y pidió que la investigación se extienda hasta determinar si la empresa había recibido otros créditos de organismos públicos.

En principio, la jueza de Instrucción Número 1 de Paraná, Patricia Yedro, hizo lugar a todas las medidas solicitadas por el fiscal, pero la investigación está todavía en su etapa preliminar por lo que aun no se han hecho imputaciones.

De todas maneras, fuentes judiciales indicaron que la investigación tendrá dos etapas: primero se indagará acerca de la responsabilidad de los empresarios, para luego establecer la responsabilidad de los funcionarios que debieron controlar que el dinero sea utilizado para lo cual se había solicitado, es decir, la instalación de una planta para la construcción de cosechadoras. Ricardo Senor, su hijo del mismo nombre y Sergio Scravaglieri estarían entonces en la mira, ya que figuran como socios de la firma Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, creada en diciembre de 2010.

El Gobierno, en silencio

Por otra parte, desde el Gobierno provincial persiste el silencio. Ni siquiera hubo una respuesta al pedido de informes presentado por diputados del GEN-FAP sobre cómo fue que se entregaron créditos por 5,5 millones de pesos a una empresa que, según un informe del Banco Nación, había emitido 106 cheques sin fondos, por 2.557.307,35 pesos, solo en 2012.

“Ninguna respuesta, absolutamente nada”, fue la escueta contestación de la diputada María Emma Bargagna ante la consulta de Página Judicial, para luego advertir que “esa es una práctica habitual” por parte del Gobierno ante los pedidos de informes.

El dato tiene sustento también en números: solo desde que asumió su segundo mandato, Sergio Urribarri tiene pendientes de respuesta más de setenta pedidos de informes formulados por los legisladores, a los que se suman otros doscientos cincuenta que dejó sin responder del período 2007-2011.

El artículo 117 de la Constitución Provincial establece que “cada cámara, con la aprobación de tres de sus miembros, puede también pedir al Poder Ejecutivo, en cualquier época del período de sesiones, los datos e informes que crea necesarios para el mejor desempeño de sus funciones”. Si bien la carta magna no establece plazos para las respuestas, sí obliga al gobernador de turno a darlas.

Ante ese bache y las reiteradas omisiones del Gobierno, en septiembre pasado la diputada provincial Rosario Romero (Frente Entrerriano Federal) presentó un proyecto de ley para reglamentar el trámite de los pedidos de informes, dando un plazo de 60 días corridos para que se den respuestas “en forma precisa, completa y documentada”. La iniciativa ingresó a la Cámara Baja y fue enviada para su estudio en comisión.