Avanza la causa de Allende y el gobierno no está investigando

05/10/2012

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El Tribunal de Cuentas de la provincia remitió a la Procuración General los informes solicitados para conocer acerca de los fondos del Estado que fueran destinados a una fundación vinculada a José Allende. Fue en el marco de la causa en la que se lo investiga al


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


El Tribunal de Cuentas de la provincia remitió a la Procuración General los informes solicitados para conocer acerca de los fondos del Estado que fueran destinados a una fundación vinculada a José Allende. Fue en el marco de la causa en la que se lo investiga al diputado por supuestas maniobras irregulares a través de la entrega de subsidios por unos 30.000 pesos mensuales durante más de un lustro. El destino era la Fundación Esperanza, entidad de la que el legislador y su mujer forman parte.

Los informes también fueron solicitados a la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), AFIP y Dirección de Personas Jurídicas, pero aún no han sido remitidos a sede judicial, contó a Página Judicial el titular del Ministerio Público Fiscal, Jorge García.

En la Fiscalía a cargo de Laura Cattáneo se está procesando la información enviada por el organismo de control. Se esperan los otros informes para proceder un entrecruzamiento de datos sobre los bienes del presidente de la Cámara de Diputados y su mujer, Adriana Sattler, quien está al frente de la entidad que fue beneficiada.

En la resolución, el procurador dispuso que se investigue “si los ilícitos contra la administración pública tienen verosimilitud o fundamento plausible”, en virtud de lo publicado en abril por la revista Análisis. Allí se indica que la fundación que preside la mujer del diputado percibió 30.000 pesos mensuales de la Cámara de Diputados de la provincia, en concepto de subsidio, desde el 2003 hasta el 2007. La modalidad siempre fue la misma: tres cheques mensuales, por 20.000; 5.000 y 5.000 pesos, en concepto de “auxilios a juntas de gobierno, entidades no gubernamentales, cooperadora de escuelas, otros organismos, ayuda a familias afectadas por las crisis, equipamiento médico y a solventar gastos generados por eventos que se concreten con el objetivo de recaudar dinero para la concreción de obras para el bien de la comunidad”, según las resoluciones firmadas por el entonces titular de la Cámara baja, Jorge Busti.

Verla desde afuera

Los delitos en la función pública dejaron de ser investigados por el Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción (OA). La última vez que se conoció un área que investigue a funcionarios sospechados de algún delito en el ámbito del Estado fue la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de Oscar Rovira y creada en el segundo mandato de Sergio Montiel. Jorge Busti, cuando asumió su tercer mandato, la disolvió para crear la OA. No se conoció un solo caso resonante que haya sido iniciado por el organismo que depende de la Fiscalía de Estado. En la actualidad, la Oficina sólo se avoca a los sumarios. Llamar al lugar donde funciona despeja cualquier duda: del otro lado del teléfono le atenderá cualquier persona presentándose como integrante del área de sumarios. Este medio se comunicó con el titular de la Oficina Anticorrupción, Sebastián Trinadori, quien confió que el área que preside no tiene intervención en la causa de Allende. “No nos estamos constituyendo como querellantes, porque el nuevo Código Procesal Penal no permite que el gobierno lo haga”, apuntó, pese a que en Paraná aún no está vigente el nuevo sistema acusatorio.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, decidió hace un tiempo que el organismo que preside sólo actuará en las cuestiones civiles en las que se afecte el patrimonio del Estado. La acción penal correrá por cuenta del Poder Judicial.

En la reforma constitucional de 2008 se aprobó una cláusula que fue incorporada en el artículo 208 de la carta magna en la que se da mandato a la Legislatura para que crea una Fiscalía Anticorrupción (FA) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Con buen criterio, se dijo que debía ser la Justicia quien investigara los delitos en la función pública y no un organismo que esté en la órbita del Ejecutivo o la Legislatura. Desde el 2009 descansa el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que integra este cuerpo. Página Judicial consultó a fuentes legislativas si la iniciativa estaba en agenda. La respuesta fue negativa. Según la nueva Constitución, la FA estará a cargo de un funcionario designado con intervención del Consejo de la Magistratura.

Casos

La FIA fue un organismo que dependía de la Legislatura, sin embargo se avanzó en varios casos: se investigó al ex senador justicialista Abelardo Félix Pacayut, por las viviendas en el complejo Mazaruca, causa en la que ya fue condenado; y el Puerto Ibicuy; con fecha para juicio oral en los primeros días de diciembre. Otro de los casos resonantes fue el juicio a Oscar Horacio Mori, por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); a Domingo Daniel Rossi, por enriquecimiento ilícito; y al propio Sergio Montiel por la causa San José.

El ex vicegobernador; Héctor Alanis y su sobrino y el ex director administrativo, José Crettón Pereyra, están siendo investigados en una causa en la que se investiga el desvío de más de 20 millones de pesos/dólares del Senado provincial durante el período comprendido entre 1995 y 1999; a cargo de la gobernación estaba Busti. El 29 de agosto pasado declaró el ex senador radical, Humberto Ré.

Ambos casos, aún abiertos, fueron iniciados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.