Perito desmiente a la Policía en el caso en que menores fueron picaneados

20/09/2012

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El fiscal de Rosario del Tala, Samuel Rojkin, tiene en sus manos el perito psicológico sobre los menores que fueron brutalmente torturados a manos de agentes de la Policía de esa jurisdicción. El hecho encuadraría en uno de los

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

El fiscal de Rosario del Tala, Samuel Rojkin, tiene en sus manos el perito psicológico sobre los menores que fueron brutalmente torturados a manos de agentes de la Policía de esa jurisdicción. El hecho encuadraría en uno de los más aberrantes de la última década en la provincia. Se trata de Marcelo Millezzi, Ludmila Soto, Héctor Mori, Claudio Monroy, Gustavo Fornerón y Pablo Segovia, quienes están acusados de cometer los delitos de privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales.

El informe del psicólogo Alejandro Poncio desmiente categóricamente el intento de los jerarcas de la fuerza administrativa en desmentir lo ocurrido cuando se conocieron los hechos en el que los menores de 14 y 15 años fueron víctimas de una brutal represión con uso de picanas.

En las entrevistas realizadas a los menores se hizo una lectura de las declaraciones que ellos mismos hicieron y constan en el expediente a los fines no sólo de cotejar sus dichos, sino también de analizar “las estructuraciones discursiva orales y escritas”, según se lee en el informe al que tuvo acceso Página Judicial.

Lo cierto es que la pericia (legajo Nº369) determinó que en las audiencias con las víctimas no se constató “incoherencia, perseveración, ecolalias (repetición involuntaria de una palabra o frase), pararrespuestas (no correspondencia con la pregunta), pérdida de la capacidad asociativa, fuga de ideas y bloqueo del pensamiento”, entre otras observaciones.

Tampoco se encontró elementos de “delirio”, “alucinaciones” o “alteración de la memoria inmediata, reciente o remota” en el relato que hicieron los menores de los hechos.

A lo largo de todo el informe queda claro que las víctimas pudieron relatar los sucesos. Para el el perito la “innegable dificultad para la abstracción erradican por completo toda posibilidad de construir una ficción”. Poncio comprobó que “existe conexión interna en lo relatado en las pericias” con “las declaraciones testimoniales en sede fiscal”.

Intento fallido

El 20 de julio, en pleno escándalo, el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli, hizo referencia al caso de torturas. “Se tomaron todas las precauciones, se hicieron todas las cosas que tenían que hacerse y se probó que el hecho está casi establecido que es mentira”, apuntó en un medio local. Si bien los funcionarios policiales implicados en la denuncia fueron apartados de sus puestos de trabajo, el comisario general admitió que “pasaron a otra dirección porque queríamos que no existan interferencias en la investigación del hecho”.

Ese mismo día, en otro medio, el subjefe de la Departamental de Policía de Tala, comisario inspector Darío Dettler, indicó que “según la información recabada en la investigación administrativa, el hecho de tortura denunciado por los menores no existió”. “Tengo la certeza de que el hecho no se cometió. Hay testimonios que determinan que estas lesiones fueron hechas por los propios menores y hay muchos elementos más como son los informes médicos que indican que las agresiones no ocurrieron”, insistió.

El relato

Las declaraciones de las víctimas son contundentes. Una de ellas contó que estaba en un descampado trabajando con una motosierra haciendo leña. En el medio de la vorágine, se acercó un auto con tres policías de civil. Sin explicaciones le dijeron que lo tenían que detener. Lo esposaron y lo cargaron con el sólo fundamento de que “había una orden” de detención. El joven era sospechado de haberse robado elementos de una escuela.

Durante el viaje, los agentes detuvieron el auto, bajaron a su presa y simularon dispararle en la cabeza. El destino de esa jornada fue la Comisaría. Allí no había un familiar, ni fiscal, ni defensor. Sólo estaba su compañero, también acusado por el mismo hecho. Ante la falta de información los agentes comenzaron con golpes de puño, patadas y quemaduras de cigarrillos. Después de su desquite los largaron.

Hubo una segunda detención en la casa en donde vivían los chicos. Esa vez la idea fue hacer un careo con un tercer joven sospechado por el mismo hecho. Tampoco surgieron datos. El malestar de los “policías – investigadores” se profundizó. Los llevaron a media noche al Arroyo de Tala a punta de pistola y a golpes. La faena terminó con una picana. “Me picanearon cerca del cuello, en la espalda varias veces y en los testículos. Mientras dos me tenían del brazo, el otro me picaneaba”, relató una de las víctimas.

Hubo una tercera detención. Las víctimas fueron llevadas al basurero municipal. Allí hubo una escopeta. Los pusieron parados como en un paredón mientras gatillaban sus armas.

Todo esto fue contado por las víctimas, pero desmentido por la Policía. El perito psicológico, pudo constatar que son ciertas.