Abogados analizan ir a la Justicia por una resolución que los afecta
22/08/2012
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Una resolución de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en alerta a profesionales nucleados en el Colegio de Abogados de Paraná que analizan ir a la Justicia para pedir su inconstitucionalidad. La medida plasmada en el papel
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Una resolución de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en alerta a profesionales nucleados en el Colegio de Abogados de Paraná que analizan ir a la Justicia para pedir su inconstitucionalidad. La medida plasmada en el papel con fecha de del 20 de julio, y con el número 197, avanza en parámetros básicos para las tareas de procuración de las obligaciones fiscales, “en virtud de profundizar la transparencia en todos los procedimientos del organismo y de dar claridad al proceso que lleven adelante los Procuradores Fiscales”, según se dijo desde el organismo que conduce Marcelo Casaretto.
La ATER dice querer modificar la situación actual para recuperar la potestad de la Administradora (dueña de las acreencias), en detrimento de la operatoria habitual donde el profesional percibe sus honorarios aun en los casos en que no se cobre la deuda originaria de su acción. La idea central de la normativa implica – en rigor – “que el Estado controle estrictamente el accionar de los Procuradores Fiscales, en defensa de los recursos que corresponden a todos los entrerrianos”, según se desprende en el tramo final de la resolución. En limpio: el organismo recaudatorio establecerá los montos que cada agente cobrará por honorarios en cada trabajo que realice.
Por nota
Desde el Colegio de Abogados le pidieron por nota una audiencia a Casaretto en la que también le expresan la “absoluta disconformidad” con la resolución, en cuanto que la misma “implica una ilegítima afectación del derecho a la retribución del trabajo profesional y al ejercicio mismo de la profesión de abogado”.
Para la conducción de la entidad, “los honorarios profesionales de los abogados -procuradores fiscales- que deban ser abonados por los terceros contribuyentes, se rigen por la ley (provincial) 7.046 (que fija aranceles de abogados y procuradores)”, por lo tanto, la ATER “carece de competencia para modificar, regular y/o establecer los mismos, por lo que no debe inmiscuirse en las relaciones entre ellos”.
La resolución establece porcentajes de honorarios para los procuradores de ATER que “van en desmedro de las pautas regulatorias” contenidas en la ley vigente que – entienden – “es derecho positivo vigente y, por tanto, se erige como norma aplicable para determinar los honorarios de los abogados por su actuación profesional, tanto judicial como extrajudicial”.
“Son inaceptables las directivas sentadas por la norma cuestionada, fijando los honorarios por debajo de los mínimos legales. Tampoco es admisible la forma prevista para la percepción de los honorarios, ligada al plan de pagos que en definitiva suscriba el contribuyente deudor con dicha agencia”, manifestaron desde el Colegio.
Es así que exhortaron que de “inmediato se deje sin efecto la resolución cuestionada” y se vuelva a aplicar la ley vigente.
A tribunales
“No hemos tenidos respuesta alguna sobre la audiencia pedida ya el 9 de agosto”, se quejó ante Página Judicial el presidente de la entidad, Daniel Galizzi.
El abogado sostuvo que “no hay dudas que la resolución es ilegal” y que, en “reuniones con los afectados directos, los procuradores, está la posibilidad de recurrir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad”.
Para Galizzi la estrategia de la ATER es “mostrar ante el contribuyente una imagen a costa de los honorarios de los abogados”.
Sin embargo, Casaretto tiene otra mirada del asunto: “Los procuradores fiscales son nombrados por un decreto del Ejecutivo. ¿Cómo puede ser que representen al Estado y no quieran que el mismo Estado regule su actividad?”, se preguntó ante la consulta de este medio.
El funcionario no cree que una incursión judicial por parte de los abogados tenga un final esperado para los profesionales. “La resolución que firmé es muy similar al sistema que aplica la AFIP. Es muy sencillo, el Estado otorga la representatividad y es quien debe regular la actividad”.
El economista, incluso, puso en dudas que el rechazo a la medida sea masivo. Contó que en la resolución dio un período de 10 días para desvincularse del sistema y de los 140 procuradores de toda la provincia, sólo uno lo hizo. “No sé qué representatividad tuvo esa nota que me llegó”, concluyó.