Piden investigar a funcionarios y empresarios por las cosechadoras

03/08/2012

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El abogado Guillermo Mulet presentó esta semana una denuncia ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de Ricardo Senor, titular de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, la empresa supuestamente dedicada a negocios agrícolas que fabricaría cosechadoras en una planta en la ciudad entrerriana.

A lo largo de nueve carillas, Mulet hace un detallado análisis de los hechos, a partir de la publicidad que se dio al acto celebrado el 13 de marzo pasado, en la Casa Rosada, donde la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Sergio Urribarri se mostraron ante los medios sobre una cosechadora Maag Mitos y se anunció que la firma constructora había acordado la venta de 18 máquinas similares –fabricadas en Entre Ríos– a Angola en el marco de una gira comercial a ese país.

En el recorrido de cómo se sucedieron los hechos, el letrado señala que Senor “se entrevistó con distintas autoridades del Gobierno provincial y municipales de la ciudad de Concepción del Uruguay, bajo la promesa de la instalación de la fábrica o planta productora”. Sin embargo, en el escrito al que accedió Página Judicial advierte que ello no sucedió y que en el sur entrerriano “cuenta solo con un galpón vacío”.

Asimismo, apuntó que “tanto su presidente (Ricardo Senor) como la firma Grandes Maquinas tendrían deudas de tal importancia que la Justicia de Córdoba autorizó el embargo de sus bienes por una suma cercana a 2 millones de pesos”.

“Definitivamente, nadie en su sano juicio podría oponerse a la instalación de una fábrica de tal magnitud en la provincia, y es de destacar el esfuerzo llevado adelante por el Gobierno provincial a los fines de promover la instalación de emprendimientos en Entre Ríos. Lo que resultaría extraño es el otorgamiento de créditos siderales a una empresa fantasma o que no se ha instalado mínimamente en la provincia”, señaló Mulet.

En ese marco, el abogado del foro local dio cuenta de los créditos que la empresa recibió a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver): en 2009, por Decreto Número 4.432, se le otorgó un préstamo por 574.500 pesos; en febrero de 2011, a través del Decreto Número 96, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA recibió otro crédito por 4 millones de pesos; y este año se le otorgó 1 millón de pesos mediante el Decreto Número 529. En todos está la firma del gobernador Sergio Urribarri.

“Resulta sumamente extraño, y podría constituir el objeto de un ilícito penal, la actitud tanto del presidente del Grupo Senor, responsable de Grandes Maquinas de Concepción del Uruguay, como de las autoridades provinciales, el otorgamiento de créditos por la suma aproximada de 5,5 millones de pesos, sin que hasta la fecha se pueda comprobar siquiera la instalación de planta alguna, ni la producción de más de una cosechadora por parte de los beneficiarios de dichos créditos”, consignó Mulet en su escrito.

Otro elemento que aporta el letrado es que “existiría, como puede resultar de la prueba a producir, el agravante que la empresa beneficiada por la operatoria denunciada, no habría ofrecido otra garantía para el pago del crédito, que un seguro de caución a cargo del Instituto del Seguro de Entre Ríos, organismo autárquico del Gobierno provincial, pero perteneciente al mismo como empresa del Estado”.

Un grupo con historia

Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA consigna en su página web que tiene en la ciudad entrerriana una “planta industrial de más de 10 mil metros cuadrados y 5 mil metros cuadrados cubiertos, con áreas de oficinas de ingeniería y administrativas, área de pintura con cámara de secado con aire purificado y una línea de producción de alta tecnología para la fabricación y el montaje de cualquier tipo de maquinaria”.

Sin embargo, allí donde se supone que se fabrican las máquinas hay apenas un galpón de mediano tamaño, al fondo de la avenida Paysandú, donde hace unos años tocó Norberto Pappo Napolitano. Hoy, en ese lugar, no hay más que una ensambladora pequeña, según un informe publicado en abril pasado por el periódico El Miércoles.

Ricardo Senor, su hijo del mismo nombre y Sergio Scravaglieri figuran como socios de una firma que se presenta como una empresa centenaria, pero que fue creada en diciembre de 2010, apenas unos meses antes de comenzar a ensamblar la única cosechadora concluida hasta el momento, aquella que presentaron Cristina Fernández y Sergio Urribarri en la Casa Rosada.

No obstante, en el mismo informe periodístico se indicó que aquella cosechadora no era más que un prototipo y que la única prueba, realizada en el campo Colonia Los Ceibos, en el departamento Uruguay, había fracasado, ya que la máquina funcionó durante veinte minutos hasta que se rompió.

Como si algo faltara para completar la saga de turbios acontecimientos que rodean la aventura de la cosechadora, un proveedor de la empresa denunció públicamente que fue estafado ya que le pagaron las piezas para el ensamble con cheques sin respaldo.

Este aspecto también consta en la denuncia presentada por Mulet ante el procurador García. El abogado cita una publicación periodística en la que se habla de que el Grupo Senor y Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA habrían emitido documentos sin respaldo por montos cercanos a los 3 millones de pesos.

“El pasado 29 de junio, mientras el gobernador Sergio Urribarri festejaba el aniversario del Congreso de Oriente, la Justicia de Córdoba (a través de su par entrerriana) embargó todos los bienes de la sociedad. Era hasta un valor de 2 millones de pesos, pero todo lo existente en el galpón naranja no alcanzó a cubrir la cantidad requerida, lo que evidencia la escasa ‘inversión’”, consignó Mulet en su presentación ante el procurador.

A renglón seguido, el abogado agregó que la firma “sigue sumando cheques rebotados, incluso después de la fecha del embargo, ya que el Banco Central registró el último rechazo el 18 de julio. Entre el 29 de junio y esa fecha, 15 documentos sumaron 292.115 pesos a la cifra millonaria total de papeles sin fondos. Todo esto a pesar de que el pasado viernes 13 de julio, el Gobierno de Entre Ríos publicó en el Boletín Oficial el Decreto Número 529 del Ministerio de Economía firmado el 19 de marzo en donde ‘se implementa una operación de préstamo por hasta la suma de 1 millón de pesos a otorgar a la sociedad anónima Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay SA con destino a la incorporación de más capital de trabajo a la empresa, el que se otorgará a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver)”.

En los últimos seis meses, según el Banco Central, las sociedades denominadas Grupo Senor y Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA han acumulado 106 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de 2.557.307,35 pesos, aunque cubrieron ya una parte de ellos por 1.234.192,04 pesos.

Así las cosas, y hecha la denuncia, corresponde ahora al procurador general del STJ, Jorge García, como jefe del Ministerio Público, disponer qué fiscal tendrá a su cargo la investigación. “Mucha gente habla sobre la posible comisión de un delito gravísimo, pero nadie hace nada. Yo, como ciudadano, me presenté ante el procurador general para que investigue”, sentenció Mulet en diálogo con Página Judicial.

Silencio oficial

Mientras en el Gobierno nadie habla del asunto, se supo que en 2008 este mismo grupo empresario llevó la propuesta de instalar una fábrica de cosechadoras en Formosa y que habría recibido dinero girado a través del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro). Durante algunos meses se hicieron una serie de trabajos en el parque industrial de la capital formoseña sobre una máquina que entonces se llamó Quantum, similar a la Maag Mitos, según un informe emitido el 29 de abril por el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata.

En tanto, el bloque de diputados provinciales del GEN-FAP presentó un pedido de informes sobre el tema en la Legislatura. Los legisladores pidieron al Poder Ejecutivo que explique cómo fue que entregó créditos por 5 millones de pesos a una empresa que, según un informe del Banco Nación, emitió 106 cheques sin fondos.

En el pedido de informes se preguntó también cuáles han sido las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo ante esta conducta de la empresa señalada por el Banco Central; cuál ha sido el plan de trabajo presentado por la empresa; y si el Gobierno había iniciado alguna auditoría tras haber entregado los créditos a través del Finver

Hasta ahora, estos interrogantes no tienen respuesta.