Advertencia de Red Alerta por la publicación de avisos del rubro 59

25/07/2012

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “Es un gigantesco paso contra la doble moral e hipocresía sobre esta cuestión que debe afligir a toda la sociedad”. Así presentó Cristina Fernández el Decreto Número 936 que establece la prohibición de los avisos clasificados que promueven el comercio sexual. El 5 de julio de


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

“Es un gigantesco paso contra la doble moral e hipocresía sobre esta cuestión que debe afligir a toda la sociedad”. Así presentó Cristina Fernández el Decreto Número 936 que establece la prohibición de los avisos clasificados que promueven el comercio sexual. El 5 de julio de 2011 la Presidenta dijo también que “la oferta sexual del rubro 59 es un delito y constituye una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal”.

Los avisos clasificados que ofrecen servicios sexuales bajo el rubro 59 se habían extendido a la mayoría de los diarios nacionales y provinciales y significaban para las empresas periodísticas un negocio millonario. A su vez, organizaciones que luchan contra la trata de personas venían denunciando que en algunos casos eran utilizados para encubrir situaciones de trata, proxenetismo y explotación sexual de menores.

La medida entonces fue presentada como una continuidad en la lucha contra la explotación sexual. De hecho, en el decreto presidencial también hace mención a la ley de trata y a los protocolos internacionales suscriptos por el país. Sin embargo, un año después, lo que se advierte es que los medios continúan publicando esos avisos, ahora escondidos bajo otro registro.

Masajistas y terapeutas

El 29 de junio, la Asociación Civil Red de Alerta presentó una denuncia ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, por las publicaciones que continúan apareciendo en la sección de avisos clasificados de medios gráficos de Paraná, contenidas bajo el rubro “masajistas/terapeutas” pero que “tras el ropaje de anuncios de este estilo apuntan a incentivar el comercio sexual”.

La entidad reclama que el procurador general del STJ, en cumplimiento de la Ley Número 9.544 sobre Organización e Integración del Ministerio Público, y en su carácter de jefe máximo del Ministerio Público Fiscal, “instruya a los fiscales bajo su jurisdicción para que actúen en los términos del artículo 5 inciso a) de la citada ley, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

En el escrito, que lleva las firmas de los abogados Rubén Pagliotto y Carlos Fenés, se consignó que “medios gráficos que se editan en la ciudad de Paraná infringen la normativa” y se pidió abrir investigaciones “sobre el origen y los fines de las publicaciones en avisos clasificados, contenidas como Masajistas/Terapeutas (Profesionales 3814)”. Más aún, se advirtió que con la publicación de este tipo de avisos se “violenta la ley que reprime la violencia de género, a la cual adhirió la provincia de Entre Ríos, y también la Ley de Medios”.

En otro tramo se indicó que “avisos de tal índole contravienen la conciencia universal que repulsa el comercio y la trata de mujeres con fines de explotación sexual y atentan contra la dignidad humana, siendo misión esencial del Ministerio Público a su cargo ‘representar y defender el interés público en todas las causas o asuntos que conforme a la ley se requiera’, amén del deber de velar por la observancia de las leyes de la República, sin perjuicio de cuanta otra acción el Procurador General entienda viable”.

Ante esta presentación, la respuesta de García debería materializarse en una medida general donde el procurador instruya a todos los fiscales de la provincia para que presten atención a este tipo de casos y los investiguen, aunque dos de ellos dijeron a Página Judicial que hasta el momento no han recibido ninguna notificación.

Modus operandi

La presidenta de Red de Alerta, Silvina Calveyra, explicó que la presentación se concretó luego de realizar “un monitoreo y seguimiento de los medios gráficos de Paraná y otras ciudades de la provincia en el que se detectaron avisos clasificados enmascarados como masajistas o terapeutas que pretenden incentivar la explotación sexual y comercial”.

Calveyra apuntó que “en primera instancia se expuso públicamente la situación, pero ante la falta de repercusión y reacción de parte de los medios que fueron denunciados, se decidió realizar la presentación ante el procurador general de la provincia”.

La dirigente social insistió en que “esta situación genera mucha preocupación porque la justicia sigue haciendo oídos sordos. Cada vez hay más herramientas legales para combatir la explotación sexual, pero evidentemente falta voluntad política para ponerlas en práctica” y destacó, en ese sentido, el cierre de los prostíbulos en Paraná, pero apuntó que “en los últimos procedimientos de clausura de estos locales se encontraron facturas por el pago de los avisos publicados en los medios”.

Asimismo, advirtió también “la hipocresía de esos medios que, por un lado, hacen notas a favor de la erradicación de la explotación sexual y la trata de personas y, por el otro, siguen lucrando con este tipo de avisos”.

La presentación de Red de Alerta está acompañada de copias de los clasificados publicados en los medios. “La idea es que se investigue cual es el fin y objetivo de esos avisos que están dirigidos a hombres y donde aparecen números de teléfonos celulares que antes figuraban en ofertas que salían como avisos del rubro 59”, afirmó la presidenta de la entidad, en diálogo con Página Judicial.

Calveyra señaló además que este tipo de publicaciones en los que se esconde oferta sexual bajo el rótulo de avisos que involucran a masajistas, terapeutas u otros profesionales “también genera problemas con profesionales matriculados que ejercen su trabajo en forma honesta, porque los medios tampoco toman los recaudos mínimos a la hora de tomar esos avisos, como pedir certificados, título o números de matrícula”.

Sanciones

El año pasado, tras la sanción del decreto presidencial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación determinó las penas para los medios que publiquen avisos promoviendo la oferta sexual, que comenzarán con un apercibimiento y podrían llegar hasta el “retiro de la vía pública del material involucrado”.

El procedimiento administrativo de verificación podrá iniciarse de oficio o por denuncia de cualquier persona o institución –inclusive también en forma anónima–, donde deberá consignarse el medio, fecha y modalidad bajo la cual se publicó el aviso en cuestión. En el caso de la denuncia formulada por Red de Alerta, se presentaron copias de avisos publicados entre abril y junio en uno de los diarios que se edita en Paraná.

La norma prevé que la primera infracción “será considerada falta leve y dará lugar a un apercibimiento”; una segunda infracción “será considerada falta grave y dará lugar a la imposición de una multa de hasta 100 veces el precio del aviso cuya publicación origine la sustanciación del procedimiento”; la resolución establece que “será considerada falta muy grave la reiteración de faltas graves por parte de un mismo medio gráfico, y ello dará lugar a la imposición de una multa de hasta 300 veces el precio del aviso” y que también se podrá disponer “el retiro de la vía pública del material involucrado”.

Asimismo, una Oficina de Monitoreo “deberá comunicar la resolución definitiva a organismos públicos y privados vinculados a actividades de regulación, control, gestión y monitoreo de medios de comunicación” y “la comunicación se hará extensiva a los entes privados cuya actividad se vincule a los medios”.