El huevo de la serpiente, los que secuestraron a Marcelo Fischer

21/06/2012

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El golpe del 24 de marzo comenzó a gestarse, en verdad, mucho tiempo antes. Al decir del propio Marcelo Fischer, “la persecución, la tortura y las picanas estaban preparadas desde mucho antes de 1976”. Si para muestra basta un botón, su caso lo es. Juan Cruz

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El golpe del 24 de marzo comenzó a gestarse, en verdad, mucho tiempo antes. Al decir del propio Marcelo Fischer, “la persecución, la tortura y las picanas estaban preparadas desde mucho antes de 1976”. Si para muestra basta un botón, su caso lo es.

Los secuestros y torturas se instalaron como política de Estado ya en la última etapa del gobierno constitucional. Así fue a nivel nacional y también en la provincia. Las fuerzas policiales hicieron un trabajo de inteligencia que luego sirvió como base para la represión ilegal y en algunos casos también desarrollaron acciones clandestinas.

Marcelo Néstor Fischer estuvo privado de su libertad durante 255 días, entre el 5 de diciembre de 1975 y el 10 de septiembre de 1976, sin que se le iniciara un proceso. Y murió de dolor y de tristeza, sin respuestas ni reparación por lo que le tocó vivir. Supo que se le atribuyeron cargos por boicotear a los gremios de Concordia y sabotear la construcción de la represa de Salto Grande, pero nunca fue acusado formalmente.

El 4 de marzo de 2009, un notificador de la Policía Federal golpeó la puerta de su casa de La Bianca, Concordia, y dejó allí un oficio del Juzgado Federal de Paraná donde se le notificaba que debía presentarse en tribunales el 12 de mayo “a los efectos de que exprese formalmente si es su intención incoar formal denuncia”.

Se trataba de la investigación iniciada por la jueza federal ad hoc Myriam Stella Galizzi tras la anulación las leyes de obediencia debida y punto final. En realidad, la magistrada había hecho lugar a un pedido del fiscal general Ricardo Álvarez para el desarchivo de las causas “que tramitaran por artículo 10 Ley 23.049”, como decía el expediente.

No era la primera vez que la Justicia se ocupaba de su caso. Pero Marcelo Fischer no concurrió al Juzgado Federal de Paraná. Había fallecido el 20 de marzo de 2007.

Marcelo Fischer, su denuncia

El 29 de diciembre de 1983, 19 días después de la restauración de la democracia, Fischer presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción de Concordia, a cargo de Oscar Satalía Méndez, denunciando haber sido víctima de amenazas, privación ilegítima de libertad, apremios ilegales y robo. En las cuatro páginas de que consta la presentación (ver anexo), el dirigente del Centro de Empleados de Comercio realiza un detallado relato de las situaciones que denunciaba y cita testigos de cada una de ellas.

Allí relata que fue secuestrado mientras se encontraba con quien entonces era su novia, Mónica Pérez, en la terminal de Concordia, que fueron atacados por fuerzas conjuntas de la Policía de Entre Ríos y del Ejército y da detalles del operativo.

Asimismo, menciona que en los días previos al 5 de diciembre había sido víctima de “seguimientos sin solución de continuidad por parte de personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y de personal de civil en autos particulares pertenecientes a personal militar, dependientes del jefe del Área 225 y jefe del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 Blandengues”.

Pedro Fernando Ramón Campbell era el jefe departamental de Policía desde 1972, pero el jefe del área era el coronel Roberto Velasco Ordoñez, que estaba desde hacía dos años y transitaba ya sus últimos días al frente del Regimiento de Concordia. Siguiendo esa cadena de mando, el operativo en la terminal fue encabezado por el oficial Juan Manuel Romeau, un policía de extrema confianza del jefe Campbell.

“Ya en la Jefatura de Policía pregunté a qué se debía el procedimiento, a lo que se me respondió que ‘se cumplían órdenes superiores’ y cuando solicité la presencia de mi abogado, me fue indicado que ‘estaba a disposición del jefe de Área Militar 225’”, escribió Fischer en el escrito que lleva su firma, citando al comisario Bressán como la persona con quien hablara en la sede policial.

Años después supo que “los cargos que se le atribuían eran por boicotear a los gremios de Concordia y sabotear la construcción de la represa de Salto Grande, pero nunca hubo una denuncia formal en su contra ni se le abrió una causa”, según explicó su esposa, Mónica María Pérez, en diálogo con Página Judicial.

Lo cierto es que una vez en la dependencia policial comenzaron los malos tratos, según el propio Fischer lo escribió en su denuncia: “Fui despojado de un reloj pulsera, un anillo de sello (oro) y alianza (oro), los que jamás pude recuperar, introducido a empellones en una celda donde proliferaban todo tipo de insectos y violando las más elementales y estrictas normas de consideración hacia mi persona”.

La noche siguiente fue esposado, subido a un camión policial y trasladado a su casa, donde se había montado un espectacular operativo de fuerzas conjuntas con agentes en ambas esquinas y otros apostados en los techos de vecinos para realizar un allanamiento en busca de documentos e información. Según dijo, “se cometieron todo tipo de desmanes” y “atropellos verbales” contra su padre, Oscar, su madre, María Appel, y su hermana Sabina por parte de un oficial al que en su escrito identifica como de apellido “Román”, que no es otro que el mismo Romeau, y que los policías y militares tuvieron “en todo momento una actitud soberbia, aparatosa y prepotente”.

A los tiros por la ruta

En horas de la madrugada del 7 de diciembre, Fischer fue nuevamente sacado de su celda en la Jefatura Departamental, encapuchado, engrillado y trasladado a Paraná. El operativo estaba a cargo del oficial Daniel Alejandro García.

El oficial Aníbal Ruperto Palacios también admitió haber integrado esa comisión policial que trasladó a “cuatro detenidos, que viajaron esposados en una camioneta Chevrolet, que le decían guerrillera”. Lo hizo al declarar como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el Área Concordia. Allí mencionó a “Fischer, Williams, Rotondaro y una cuarta persona, que fueron entregados al Ejército. La camioneta ingresó de cola por calle Urquiza, pero no recuerdo el nombre de quien los recibió en el Comando”, dijo ante preguntas que le efectuara el fiscal José Ignacio Candioti.

Los cuatro detenidos de los que habla Palacios son Marcelo Néstor Fischer, Alberto Adrián Williams, Norberto Manuel Rotondaro y Ricardo Ángel Godoy. Todos fueron privados de su libertad el 5 de diciembre de 1975 en Concordia, aunque sus detenciones se oficializaron varios días más tarde, el 18 de diciembre, en Paraná.

Aunque con algunas discordancias, el relato de Palacios guarda similitudes en varios aspectos con lo manifestado por Fischer ante el juez. Lo curioso de la declaración del policía es que en todo momento pretendió contextualizar los hechos como ocurridos con posterioridad al 24 de marzo de 1976: “No se cómo fue la detención de Fischer ni los motivos”, enfatizó Palacios. “El traslado fue por orden de Campbell, a mí me mandaba mi superior que era Campbell, pero el jefe de área era (Naldo) Dasso”, acotó.

Fischer, por su parte, contó que “en el camino (de Concordia a Paraná), y ante una avería del móvil, se me hizo un simulacro de fusilamiento”, en una zona cercana a un empaque de frutas, en el cruce de las rutas 14 y 18, y señala a García como quien gatillara. Palacios, en cambio, no recuerda ese episodio y su memoria flaqueó también respecto de quiénes eran los otros integrantes de la comisión policial.

La pesadilla

En el escrito presentado ante el juez Satalía Méndez, Fischer contó que una vez en la capital provincial los policías pretendieron entregarlo al Ejército, pero los militares se negaron a recibir a los cuatro secuestrados. “Una vez allí, se me encapuchó y no obstante esa circunstancia pude determinar que me encontraba en el patio del Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada (que ya estaba a cargo de Juan Carlos Trimarco). Permanecí allí por algunos minutos y antes de ser nuevamente trasladado sentí conversaciones muy cerca del móvil que indicaban que ellos (los militares) conmigo no tenían nada que ver”, aseveró el dirigente gremial.

Fischer no puede dar precisiones sobre el lugar al que fue conducido después, pero lo identifica como “centro de operaciones de la patota del Comando Paraná o Sindicato de Cirujas o Cadeneros o Guardaespaldas del Gobernador”, en una zona que identifica como la Toma Vieja pero que podría ser la vieja Comisaría de El Brete.

“Fui torturado, golpeado, picaneado, a la vez que se me prometió traer los ojos de mi madre y de mi novia a ver si los reconocía. Los vejámenes físicos y psíquicos duraron una semana y posteriormente reaparecí oficialmente en el edificio de la División Investigaciones de la Policía”, relata Fischer sobre el momento en que fue localizado por su familia en la dependencia policial de calle Urquiza de Paraná, la misma donde había estado detenido ilegalmente Ramón Héctor Pichón Sánchez, secuestrado el 20 de marzo de 1975 y que apareció asesinado tres días después con signos torturas.

En la División Investigaciones estuvo casi dos semanas en condición de desaparecido, hasta que se oficializó su detención recién el 18 de diciembre, cuando la novedad llegó a oídos del entonces juez federal Antonio Pintos, y entonces fue trasladado a la Unidad Penal Número 1 de Paraná. El 24 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Número 4.065, en el que también figuran Williams, Rotondaro y Godoy.

Mientras tanto, su familia realizó intensas gestiones para tratar de localizarlo. Mónica Pérez permaneció detenida en la Jefatura Departamental, donde fue sometida a interrogatorios sobre su “militancia de izquierda”. Al cabo de 48 horas fue liberada y se sumó a esa búsqueda que la llevó a cruzar la provincia de costa a costa.

“Un día me avisaron por teléfono, una voz anónima, que estaba en la División Investigaciones, en Paraná. Era una casa sin identificaciones y tampoco había personas uniformadas. Cuando llegué me dijeron que no estaba ahí, pero insistí tanto que al final lo trajeron; estaba muy golpeado y torturado. Después nos separaron, me echaron y me dijeron que volviera en dos horas; cuando volví ya no estaba”, recordó.

Pero no cesó y volvió a encontrarlo. Entonces la novedad llegó a oídos del juez Pintos. Recién en ese momento se oficializó su detención, el 18 de diciembre. “Marcelo fue desaparecido alternativamente por el gobernador Enrique Tomás Cresto; cada vez que lo encontraba lo volvían a desaparecer”, graficó Mónica.

La patota del poder

Aunque Fischer no logró identificar a sus verdugos, es posible reconstruir la historia del Comando Paraná como un grupo de choque ideado por Enrique Tomás Cresto para contrarrestar el avance de la izquierda peronista. Esta patota actuaba en forma clandestina aunque en alianza con la Policía, especialmente a través del subjefe, Albaro Roldán; y además tenía como estructura formal a la Cooperativa de Cirujas.

Eduardo Emilio Romero era el secretario general del “sindicato” y uno de los referentes del Comando Paraná, junto con Luis Eduardo Lenzi, Gerardo Alberto González y Juan Carlos Torales. En los meses previos al golpe de Estado se había incorporado Carlos Ramón Balla, aunque su misión era filtrar información al Ejército sobre los movimientos del Gobierno. Ellos constituían la cúpula del grupo.

Casi todos los integrantes del Comando Paraná tenían contratos en distintas reparticiones públicas, aunque ninguno cumplía funciones sino que se dedicaban al trabajo sucio del Gobierno: atentados y amenazas varias.

En el libro Rebeldes y Ejecutores, Daniel Enz revela los nombres y funciones de cada uno de los integrantes del grupo: Romero, González, Lenzi y Carlos Igarza se desempeñaban en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); también tuvieron cierta vinculación Adolfo Mario Apaldetti, oriundo de Nogoyá, que era director de Promoción de la Comunidad; y Ricardo Remedi, empleado de Ceremonial y dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios de la República Argentina, al igual que José Argentino Acevedo; mientras que otro grupo dependía salarialmente de la Cooperativa de Cirujas, tales los casos de Torales y Juan Sacks. Balla era policía y proveía armas y explosivos.

El grupo no solo realizó atentados contra opositores y concretó negocios turbios, siempre utilizando la metodología del apriete, sino que sus integrantes también se ubicaron en el rol de miembros de la seguridad del gobernador. Para ello tenían el aval de Cresto y la garantía de impunidad que otorgaba Roldán.

Blanqueo y después

El 18 de diciembre de 1975 Fischer fue remitido a la Unidad Penal Número 1 de Paraná por el subdirector de Investigaciones, comisario inspector Héctor Francisco Espinosa. El 24 de diciembre fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Número 4.065 y así lo comunicó el teniente coronel Carlos Patricio Zapata. También en ese procedimiento fueron legalizados Williams, Rotondaro y Godoy.

El 23 de marzo de 1976 le permitieron casarse en la cárcel con su novia, Mónica Pérez, pero tras el golpe de Estado los presos políticos fueron aislados y en su caso pocos días después fue trasladado al penal de máxima seguridad de Gualeguaychú.

Mientras tanto, la familia Fischer no cesó en las gestiones para su liberación. Llegaron inclusive hasta el jefe del Ejército Roberto Viola. Oscar Fischer, el padre de Marcelo, logró entrevistarse en dos ocasiones con el represor.

El dirigente gremial fue liberado el 10 de septiembre de 1976, después de permanecer 255 días privado de su libertad, aunque con algunas condiciones, como la de presentarse semanalmente en el Regimiento de Concordia. Una vez, meses después, fue convocado por el propio jefe de la unidad militar, Naldo Miguel Dasso.

–Mire Fischer, yo le voy a mostrar algo que si usted dice que lo vio, yo lo voy a negar, y entre creerle a usted y creerme a mí, me van a creer a mí.
–…

Las palabras de Dasso no tuvieron respuesta del otro lado, entonces el militar sacó de un cajón de su escritorio una serie de papeles y una carpeta que le habían secuestrado a Fischer tras la detención. Ahí estaban las denuncias que derivaron en ella, una de la delegación local de la CGT que lo señalaba como “perturbador de los sindicatos de Concordia” y otra de las 62 Organizaciones Peronistas por “interferir en el normal desenvolvimiento de la obra de Salto Grande”. Entonces ya no tuvo dudas.

Vuelta la democracia, y con la denuncia que Fischer había presentado en los últimos días de 1983 en su escritorio, el juez Satalía Méndez no tardó en resolver. El 15 de febrero de 1984, tras la feria judicial, el magistrado que durante la dictadura había rechazado habeas corpus en favor de los desaparecidos, dio su veredicto. Tipificó los hechos como delitos comprendidos en el Código Penal, pero consideró que “las acciones penales que se pretenden instar se han extinguido por el transcurso de los términos previstos por la ley”. Fue la única respuesta que tuvo de la Justicia.