El fantasma de Marcelo Fischer y las andanzas del Comando Paraná

19/06/2012

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura avanzan en todo el país. Hasta mayo pasado había 286 represores condenados y hasta marzo sumaban 875 la cantidad de civiles e integrantes de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad procesados. Más difícil

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura avanzan en todo el país. Hasta mayo pasado había 286 represores condenados y hasta marzo sumaban 875 la cantidad de civiles e integrantes de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad procesados. Más difícil resulta, sin embargo, investigar los delitos cometidos durante el último tramo del gobierno constitucional.

La Justicia ha avanzado en cuentagotas en estos hechos y un ejemplo de ello es la megacausa denominada Área Paraná, donde se ventilan varios casos de militantes que fueron detenidos sin proceso en 1975, en los meses previos al golpe de Estado.

El caso de Marcelo Néstor Fischer transita ese limbo. Estuvo privado de su libertad durante 255 días, entre el 5 de diciembre de 1975 y el 10 de septiembre de 1976, sin que se le iniciara un proceso en su contra. Diecinueve días después de la restauración de la democracia, denunció las amenazas, secuestro y torturas, pero la causa fue archivada por prescripción. Esa fue la única respuesta que le dio la Justicia.

Pobres infelices

5 de diciembre. Era un caluroso anochecer en Concordia. Una parejita tomaba un helado en un recodo de la terminal de ómnibus. La chica a la que habían ido a acompañar ya estaba embarcada y en viaje. Ellos, ya distendidos, se prodigaban caricias y hablaban de cualquier cosa. Imaginaban cómo sería su fiesta de casamiento, la luna de miel y soñaban una vida juntos. El gentío iba y venía a su alrededor, pero ellos no veían a nadie más que el otro. Eran solo ellos. Como si el mundo se hubiera detenido.

Y eso no tardó en pasar para Marcelo Néstor Fischer y Mónica María Pérez. De pronto notaron movimientos inusuales y enseguida un cinematográfico despliegue con carros de asalto, vehículos policiales, camiones del Ejército y agentes que corrían para todos lados. Ella se aferró a él y se sacudió sobre el tapial en el que estaban sentados.

–¿A quién andarán buscando? –le preguntó con la voz temblorosa.

–Quién sabe… pobre infeliz –alcanzó a contestar él, apretándole fuerte la mano y arropándola contra su pecho, ajeno aún a que eran ellos esos pobres infelices.

Tiempos violentos

Finales de 1975. El país vivía tiempos de profunda inestabilidad: para entonces ya habían sido asesinadas unas quinientas personas por razones políticas, la economía estaba completamente fuera de control y la dirigencia gremial vivía convulsionada. También en la provincia había una gran conmoción: un grupo de la organización Montoneros había asesinado al general Jorge Esteban Cáceres Monié y las fuerzas de seguridad habían desatado una verdadera cacería.

Ya en marzo de ese año una patota de la División Investigaciones de la Policía secuestró al dirigente barrial Ramón Héctor Pichón Sánchez, que apareció muerto tres días después y con signos de haber sido torturado. En los meses posteriores continuó la sucesión de hechos violentos en distintas localidades. La respuesta del Gobierno fue ordenar la detención de una gran cantidad de dirigentes vinculados a la izquierda peronista y su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad.

En su reciente declaración en el juicio por secuestros, torturas y desapariciones en Concordia durante la dictadura, Félix Donato Román recordó que antes de que se produjera el golpe militar ya las cosas no andaban bien en la ciudad. “Las actividades de vigilancia y persecución comenzaron mucho antes del 24 de marzo, con atentados de todo tipo. Hubo autoridades políticas y jefes policiales que bajaban órdenes precisas sobre quién debía vivir y quién debía morir, a quién había que eliminar de la sociedad. Ellos disponían de la vida ajena”, contó ante Tribunal Oral Federal de Paraná.

Román mencionó que el 24 de junio, Amílcar Reali, por ese entonces secretario general de gremio de los trabajadores municipales, sufrió un atentado terrorista en su casa y en agosto explotó una bomba en la sede del sindicato. Recordó también que en octubre se produjo otro atentado, contra la sede de la Uocra, que luego fue intervenida para impedir que asumiera la conducción del gremio un sector que se oponía a la burocracia sindical y había ganado las elecciones.

Marcelo Fischer tenía entonces 25 años. Era un muchacho rubio, flaco, de tez bien blanca, hijo de una madre inmigrante rumana y un padre de origen bielorruso de los que heredó un espíritu muy fino y combativo que volcó en la militancia gremial desde el Centro de Empleados de Comercio. Allí había ingresado con una tarea administrativa, luego comenzó a asistir a quienes trabajaban en la construcción de la represa de Salto Grande y hacia fines de 1975 era candidato a secretario gremial en la lista de oposición a la conducción del gremio, en las elecciones que se celebrarían el 14 de diciembre.

Desde su militancia, Fischer venía realizando una serie de denuncias contra la conducción del gremio por malversación de fondos de la caja sindical; pero también contra el gobierno provincial del peronista Enrique Tomás Cresto por irregularidades y negocios poco claros con las empresas multinacionales que ejecutaban las obras de la represa. En ese contexto serían las elecciones gremiales.

Durante todo el período preelectoral Fischer fue blanco de una serie de intimidaciones y acciones difamatorias por parte de representantes de la burocracia sindical de la CGT y las 62 Organizaciones que conducía el sindicato y aspiraban a seguir haciéndolo.

Hacia finales de noviembre fue víctima de una amenaza directa. El episodio se dio cuando ingresó a la cantina del Centro de Empleados de Comercio, donde estaban reunidos los integrantes de la otra lista, y fue increpado por Luis Antonio Ponti y Jorge Isabelino Vázquez, quienes le advirtieron que no se pusiera en la vereda de enfrente o que se atuviera a las consecuencias.

Detención, allanamiento, traslado y torturas

Marcelo Fischer y Mónica Pérez fueron atacados por una horda de policías que se les abalanzaron, los tiraron al piso y comenzaron a golpearlos y patearlos sin compasión. “Después de reventarnos a palos, nos cargaron en un auto y nos llevaron a la Jefatura Departamental, enfrente de la plaza. Era un auto grande, creo que un Falcon. En el operativo participaron otros cuatro o cinco autos. Yo iba en el asiento de adelante y Marcelo, atrás. Nos llevaban esposados pero no encapuchados. Me acuerdo que yo preguntaba por qué nos llevaban y Marcelo no hablaba. Una vez en la jefatura, a mí me llevan para un lado y a Marcelo para otro; y no lo vi más”. Así recordó Mónica el operativo, aquel anochecer de 1975, en diálogo con Página Judicial.

Ese fue el principio de un derrotero que tuvo a Fischer privado de su libertad durante 255 días sin proceso. El 29 de diciembre de 1983, 19 días después de la restauración democrática, el dirigente sindical presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción de Concordia, a cargo de Oscar Satalía Méndez, denunciando haber sido víctima de amenazas, privación ilegítima de libertad, apremios ilegales y robo.

En el escrito, Fischer relata que fue trasladado a Paraná y en el trayecto fue sometido a un simulacro de fusilamiento. Una vez en la capital provincial los policías pretendieron entregarlo al Ejército, pero los militares se negaron a recibirlo en el Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, que por entonces ya estaba a cargo de Juan Carlos Trimarco, y entonces fue entregado a un grupo parapolicial denominado Patota del Sindicato de Cirujas, Comando Paraná o Cadeneros de Cresto.

Fischer ubica su nuevo destino en una casa no identificada en la zona de la Toma Vieja, aunque los organismos de derechos humanos estiman que podría ser la antigua Comisaría de El Brete, en virtud de testimonios de otros detenidos políticos que se repiten en la confusión de un lugar por otro. Allí permaneció una semana. “Fui torturado, golpeado, picaneado a la vez que se me prometió traer los ojos de mi madre y de mi novia a ver si los reconocía”, dijo en su escrito al juez Satalía Méndez.

Su calvario continuó cuando fue trasladado nuevamente, ahora a una casona de calle Urquiza, en pleno centro de la ciudad, donde funcionaba la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Allí estuvo casi dos semanas en condición de desaparecido, hasta que se oficializó su detención recién el 18 de diciembre, cuando la novedad llegó a oídos del entonces juez federal de Paraná, Antonio Pintos, y entonces fue trasladado a la Unidad Penal Número 1 de Paraná. El 24 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Número 4.065. Fischer permaneció detenido sin proceso hasta el 10 de septiembre de 1976, cuando se dispuso su libertad.

Cadeneros, la película

Marcelo Fischer murió el 20 de marzo de 2007. Siempre tuvo la certeza de que su detención había sido ordenada por el gobernador Enrique Tomás Cresto (PJ) y ejecutada por la Policía de Entre Ríos, que luego lo entregó al Comando Paraná, un grupo parapolicial vinculado a la derecha peronista y que respondía al mandatario.

Lo supo por los datos que le dio un familiar que trabajaba en la oficina de telégrafos y un día interceptó un radiograma con una comunicación desde Casa de Gobierno a la Jefatura Departamental de Policía con esa orden. El inspector mayor Pedro Fernando Ramón Campbell no tardó hacer cumplir esa orden.

Pero tenía otros indicios: el 26 de septiembre de 1975 hubo un almuerzo para celebrar el día de los empleados de comercio y Cresto era invitado de honor. Al momento del brindis, el gobernador levantó la copa “por las ovejas descarriadas, para que vuelvan al redil porque de lo contrario habrá que embretarlas para bien de todos”.

Supo también –y así lo consignó en su denuncia– que a fines de 1975, en un acto desarrollado en la Colonia de Vacaciones del sindicato hubo otro episodio revelador: la esposa de Jorge Isabelino Vázquez, que había sido electo secretario general unos días antes, confesó en un ataque de histeria y llanto que los “artífices e ideólogos” de la detención habían sido el propio Vázquez y Ponti.

El 24 de marzo de 2009, en un clima de tensión y violencia generado por familiares y afines al ex gobernador Cresto, se presentó Cadeneros. Los que secuestraron a Marcelo, un documental que cuenta la historia del secuestro, desaparición y búsqueda de Marcelo Néstor Fischer, pero a la vez reconstruye una dimensión poco conocida de la historia política provincial y muestra los primeros mojones de lo que luego se institucionalizaría como un plan sistemático de persecución y extermino de opositores.

Cinco días después, Ponti dio un reportaje en el que negó su vinculación con el secuestro e intentó despegar a Cresto. “Recuerdo que a ese muchacho lo detuvieron porque, aparentemente, tenía vinculaciones que no eran muy claras desde el punto de vista político”, dijo al diario El Sol. “La detención fue por pedido del Ministerio del Interior, por medio del Gobierno provincial, cuando Cresto estaba como gobernador, pero no fue por voluntad de Enrique Tomás Cresto”, afirmó.

Cadeneros es un documental de Juan Menoni, Mario Martínez y Sebastián Pittavino a partir de una entrevista realizada con Mónica María Pérez, el 16 de julio de 2008, en su casa de Concordia. Ella se muestra frente a la cámara y de su voz emerge el calvario que le tocó atravesar a su marido, su propio derrotero hasta localizarlo y las gestiones que realizó junto con la familia Fischer hasta conseguir su liberación.